Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas se está convirtiendo en una cuestión cada vez más peliaguda para el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Y es que, con la inflación galopante de los últimos meses, que amenazan con un IPC del más del 7% de media anual, actualizar las prestaciones puede llegar a suponer un coste adicional a las arcas del Estado de más de 17.000 millones de euros.

El Ejecutivo aprobó el año pasado una revalorización automática de las prestaciones, vinculándolas al IPC promedio del año, que posteriormente quedó blindada en forma de ley por las Cortes. Cuando se diseñó la propuesta, que gozó del respaldo de sindicatos y empresarios, las previsiones de inflación del Banco de España para 2022 eran del 1,7%. Una subida perfectamente asumible. Sin embargo, la crisis energética, agravada por la guerra en Ucrania, ha disparado las expectativas de inflación a una horquilla de entre el 5,3 y el 7,5%.

Así, la actualización de las pensiones con esos porcentajes puede llegar a implicar un coste adicional que supera los 17.000 millones de euros. Una revalorización que, de materializarse, superaría los 14.043 millones que el Gobierno de Sánchez ha presupuestado para pagar los sueldos de todos los funcionarios de la Administración central en 2022.

El agujero que podría suponer para las arcas públicas un gasto de este calibre ha llevado a que cada vez sean más los foros en los que se cuestiona que pueda acometerse una revalorización completa. Más en un contexto en el que, desde el Gobierno, se pide a trabajadores y empresarios que contengan salarios y márgenes. Los empresarios ya se han posicionado en contra de que la subida sea total. 

Sin embargo, en el tablero político, nadie se ha atrevido a cuestionar abiertamente el blindaje de las pensiones. Desde el Gobierno cierran filas con una revalorización que se abonará en 2023, año en el que previsiblemente se celebrarán elecciones generales. La última en defender las subidas con el IPC fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que esta semana rechazó cualquier cambio legal para modularla y recordó que está garantizada por ley.

En el principal partido de la oposición, preocupa el gasto extra que acarrearía la subida. Sin embargo, la postura oficial sigue siendo de defensa de una actualización completa. Según informó El Confidencial a finales de abril, los asesores económicos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegaron a plantear en un primer momento que las pensiones más altas no subieran con el IPC. Algo que el gurú económico de los populares, Juan Bravo, se apresuró a desmentir al día siguiente. El cambio de opinión del PP sirvió de munición a Sánchez, que reprochó a los de Feijóo su "ojeriza" con las pensiones y les acusó de querer desvincularlas del IPC.

Un agujero de 9.300 a 17.000 millones

Lo cierto es que, si la actualización de las prestaciones finalmente se produce como se aprobó originalmente, el coste para el Estado será importante. La cifra podría moverse entre los 9.300 y los 17.000 millones en función de qué variables se tengan en cuenta. Un ejemplo: la pensión máxima, que en 2022 asciende 2.819,19 euros brutos al mes, pasaría a superar los 3.000 euros, una subida de más de 200 euros, aplicando la media de inflación del 7,5% que el Banco de España augura para este año.

El escenario más pesimista lo plantean desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un think tank vinculado a las principales empresas cotizadas de España. En un documento publicado este mes, estiman que actualizar las pensiones con un IPC del 6% en 2022 costará 14.423 millones de euros (12.923,2 millones por las prestaciones contributivas y otros 1.500 adicionales por las clases pasivas, que también están indexadas). 

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Para elaborar este escenario, Fedea tiene en cuenta que el aumento en el número de pensionistas añadirá un 1,1% a la factura y el efecto de sustitución -la entrada en el sistema de pensiones más altas- otro 1,3%. Por lo que el aumento total del gasto sería del 8,4%. Si a este mismo escenario se le aplica la inflación esperada por el Banco de España (un promedio del 7,5% este año), la revalorización ascendería a 17.013 millones, clases pasivas incluidas.

Otros analistas, como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), rebajan algo estas cifras. El supervisor bancario estima que por cada punto porcentual que sube la inflación, el coste en las pensiones aumenta en 1.800 millones de euros. Si se aplica su previsión de inflación a esta cifra, la revalorización de las pensiones supondría un agujero de 13.500 millones para las arcas públicas.

La estimación de la Airef es más optimista que las dos anteriores. Según sus cálculos, por cada punto de IPC el coste de las prestaciones se dispara en 1,500 millones. Con la inflación prevista por la Autoridad Independiente para este año (6,2%), el coste de la revalorización se elevaría hasta los 9.300 millones.

Un escenario difícil de anticipar

La amplia horquilla que arrojan estos cálculos es un buen reflejo de la incertidumbre que rodea a todas las previsiones. En este sentido, hay dos factores que a la postre pueden resultar decisivos para determinar el desequilibrio presupuestario final. El primero es el efecto que puedan tener las medidas del plan de choque con el que el Gobierno pretende aplacar la inflación.

Desde Funcas, un think tank vinculado a las cajas de ahorro, estiman que las medidas ya aprobadas (sin tener en cuenta la excepción ibérica), podrían reducir un punto porcentual la inflación promedio en 2022. Sin embargo, la gran esperanza del Ejecutivo para aplacar la inflación es la limitación de los precios mayoristas del gas -y, por ende, de la luz-. El precio de la electricidad es responsable de en torno al 44% de la inflación que sufre España, por lo que conseguir frenarlo podría mitigar aún más las subidas de precio.

Otra de las variables cruciales para medir el impacto sobre las cuentas públicas de la subida de las pensiones son las cotizaciones sociales. De la misma manera que la inflación disparará el gasto en pensiones, también es previsible que aumente los ingresos fiscales. La propia revalorización, la creación de empleo prevista para este año y las subidas salariales que puedan producirse este año están llamadas a mejorar los ingresos de la Seguridad Social.  

Desde Fedea estiman que, por este efecto, la Seguridad Social podría embolsarse 6.900 millones de euros adicionales en 2023, es decir, un 5% más que en 2022. La cuantía final de estos ingresos extra por la inflación podría llegar a mitigar en gran medida el desequilibrio causado por las subidas a los pensionistas.