El Gobierno no tendrá fácil colmar sus aspiraciones para reconstruir de manera apresurada su relación con ERC y el resto de formaciones independentistas, tras saltar el caso de los espionajes a través del programa Pegasus. La intención de constituir de manera "inmediata e inminente" la Comisión de Secretos Oficiales para que "todos los partidos estén allí presentes", como ha pedido Félix Bolaños, necesitará de una negociación con la oposición. El ministro de la Presidencia tendrá enfrente a un PP agraviado por el desprecio a sus propuestas económicas y del todo receloso con que los abertzales tengan acceso a información de la más alta sensibilidad. "Concederle a Bildu acceso a secretos de Estado no nos parece el mejor camino", ha sentenciado este lunes el nuevo responsable de Economía del PP, Juan Bravo, que le recuerda al Gobierno que necesitará 210 diputados (una mayoría de tres quintos) para poder dar entrada a Bildu en dicha comisión y cumplir su palabra de que todas las fuerzas tengan representación en ella. Así lo establece la resolución de la Presidencia del Gobierno del 11 de mayo 2004 que regula la Comisión. Habida cuenta de que 152 son los votos que aúnan entre PP, Vox, Cs y Foro Asturias, el pacto con la oposición resulta fundamental. 

"Fíjese que es una comisión para controlar la acción del Gobierno y es el Gobierno el primer interesado en que se abra", ha expuesto Bolaños sobre una Comisión que obliga a los asistentes a guardar silencio institucional y personal sobre los asuntos tratados. El caso de espionaje a más de 60 figuras del independentismo representa una nueva grieta en la relación del Ejecutivo con sus socios habituales agravada por en el momento en que se produce: a escasos días de la vital votación de este jueves donde el Congreso votará el paquete anticrisis presentado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez. "El Gobierno ha tenido tiempo para disculparse con ERC por el espionaje a sus cargos pero no para hablar con el Partido Popular", se quejan desde Génova, donde todavía no han tenido respuesta por parte del Gobierno tras enviar el documento con cuatro grandes cauces de acción económica.

Fuentes de Génova reconocen que tan solo se produjo este domingo una "llamada fugaz" entre el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien "leyó teletipos", criticaron. Precisamente, a lo largo de "esta tarde-noche", el PP hará público quién (o quiénes) será el interlocutor con el Gobierno para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Bolaños anuncia un "control interno" del CNI y "desclasificación de documentos" tras el presunto espionaje

El Gobierno baraja "distintas fórmulas"

Bolaños ha reconocido en una entrevista en TVE esta mañana que el Gobierno está "barajando distintas fórmulas" para convocar la comisión. Solo una resolución de la Presidencia de la Cámara, por su propia naturaleza, puede modificar la resolución que regula esta comisión, llamada oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados. "Cualquier fórmula que garantice que todos los grupos parlamentarios están allí presentes" y "tengan acceso a documentación reservada clasificada y pueden escuchar las explicaciones que allí se ven y puedan hacer preguntas", ha defendido Bolaños como premisas. 

"Lo que aquí hay que dilucidar es si ese espionaje a 65 personas del que se habla se ha hecho con procedimiento judicial, con respeto al Estado de derecho", ha defendido Bravo, que ha explicado que “Pegasus es una aplicación israelita que se vende exclusivamente a los gobiernos: la tienen la gran mayoría de ellos. El problema no es tener Pegasus, es utilizarla ilegalmente". 

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, también ha reiterado la petición de Bolaños y ha defendido que no haya "vetos" a los grupos parlamentarios. "Si el PSOE quiere que entre Bildu, que nos llame y escucharemos", responden desde Génova a las palabras de Sicilia. "No una representación de partidos, sino de diputados", defienden las mismas fuentes, que aseguran que los representantes en la Comisión de Fondos Reservados podrían ser "todos del mismo partido". "A Joan Tardà se le propuso y el PP lo apoyó", ponen como ejemplo. Tardà (ERC) fue vetado para entrar en esta comisión en 2012, pero finalmente se llegó a un acuerdo y puedo hacerlo en 2017.