La salida en tromba del Gobierno, primero Teresa Ribera, luego Nadia Calviño y, posteriormente, Pedro Sánchez, criticando el beneficio de las eléctricas como argumento principal para la rebaja de la factura de la luz, topa con las reticencias de Bruselas, que debe aprobar el tope del precio de gas que propone España para abaratarla. 

El argumento del Ejecutivo es que las eléctricas españolas venden a un desorbitado precio de gas lo que producen con energía barata renovable. Por eso, mantuvo el pasado lunes el presidente Pedro Sánchez, entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público, obtienen los llamados “beneficios del cielo”, que tratarían de atajar.

Pero este argumento choca con los datos de las compañías, que tienen el ochenta por ciento de su producción –ocho de cada diez megavatios- vendida a través de contratos a largo plazo, que no han sufrido incremento. Además de este porcentaje vendido a precio fijo e inalterable, las compañías eléctricas sostienen que cobran por horas: lo que se produce en energía eólica a precio de eólica y lo que se produce con gas a precio de la electricidad producida por gas.

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Por el contrario, es la tarifa regulada o PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) la que fija el precio, en función del existente en el mercado internacional. Cuando este se ha disparado, esta tarifa regulada, que afecta a unos 11 millones de los 29 millones de consumidores domésticos españoles, se ha situado en niveles insostenibles. Pero el Gobierno no contempla cambios en esta tarifa regulada, como sí ha hecho recientemente Portugal, con cuyo gobierno España ha solicitado a Europa la consideración de “isla energética” para la Península Ibérica.

“Lo que más molesta a la Comisión Europea es que le oculten la verdad”, señalan fuentes comunitarias en relación a los argumentos utilizados por el Gobierno español.

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El Gobierno está en una encrucijada compleja, ya que están en juego la unidad del mercado europeo –habría que establecer una doble tarifa para la energía consumida en el interior y la que se exporta a otros países para no establecer distorsiones- y por las consecuencias en el temido déficit tarifario. El plan del Gobierno para topar el gas incluye que la diferencia recaiga no sobre las gasísticas sino sobre las eléctricas, que o lo repercutirían a sus clientes o irían acumulando déficit de tarifa. Esto implicaría un incremento de la deuda pública, que podría acarrear una subida de la prima de riesgo y de los tipos, y posibles problemas regulatorios.

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Fuentes de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) interpretan que “utilizar a las empresas como señuelo político no ha colado en Europa”.

En estos días, el precio del gas ha bajado a mínimos desde enero y ha permitido un respiro en el mercado eléctrico, coincidente con una menor demanda doméstica, pero las turbulencias de la guerra no permiten prever un panorama alentador a medio plazo. Para el Gobierno, es fundamental que la Comisión Europea de una respuesta rápida, pero se está haciendo esperar por las divergencias surgidas.