La primera jornada de la comisión de investigación por el supuesto espionaje a Ayuso desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo se cierra con una declaración técnica y rotunda: no hubo contrato irregular, ni pagos extracontractuales, porque los controles administrativos de la EMVS lo habrían detectado. Esta es, al menos, la columna vertebral del relato del consejero delegado de la EMVS, quien sostiene que al menos 15 personas intervienen en cada contrato que se realiza en la empresa municipal antes de tener su firma.

Diego Lozano ha sido el primero en declarar. También el único, dado que no se han presentado ni Ayuso, ni Casado, Boñalos, Gallardón ni Catalá. Se ha sometido durante una hora a todas las preguntas de los grupos municipales. En sus respuestas revela cuándo supo por primera vez acerca de la trama, un mes antes de que se hiciera público; cómo respondió ante esta noticia: solo ante el presidente de la EMVS y del delegado, Borja Carabante, pero guardando silencio con el resto de consejeros. Pero, sobre todo, ha defendido a toda costa que "ni se ha contratado ni intentó contratar" a ningún detective desde la empresa.

Cuándo supo del supuesto espionaje y por quién

El número 2 de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) supo de esta trama el pasado 12 de enero, tras una reunión con el área de Vivienda. Entonces, el presidente de la EMVS, Álvaro González, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se quedaron a solas con él, así como, con el jefe de Comunicación, David Fernández, quien dejó el cargo cuando la trama salió a la luz. 

Según su relato, bien Carabante o González advirtió a ambos cargos de la EMVS que existía "rumores de que alguien, probablemente del departamento de comunicación, había podido contratar un servicio con un detective". David Fernández lo negó y, a continuación, comenzaron las preguntas a Lozano sobre si se podrían haber producido esos contratos desde la empresa. "Yo soy el órgano de contratación, si se hubiera contratado lo hubiera hecho yo: ni lo he hecho ni lo haría; segundo, porque la empresa tiene controles que lo impiden", le respondió entonces, tal y como ha explicado ante todos los grupos municipales.

Qué hizo a continuación y por qué no avisó a los consejeros de la EMVS

Desde aquel 12 de enero hasta el 16 de febrero que se hace pública la noticia por varios medios de comunicación, Diego Lozano no volvió a hablar sobre el tema. Es decir, que en un mes no habló de ello con nadie, asegura. Al día siguiente de hacerse público, el 17 de febrero, el consejero delegado envío por la noticia a los consejeros de la EMVS a través de whatsapp para ponerles en conocimiento.

Y ¿por qué no alertó a los miembros el propio 16 de enero? Lozano defiende que el reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento obliga a que el denunciante identifique a la persona responsable, explicar la irregularidad denunciada, "que en ese caso es denunciarme a mi mismo y decir que yo lo he contratado",  y especificar dónde han sucedido los hechos y aportar pruebas. "Lo que sabía el día 12 de enero es que se me preguntó simple y llanamente si he contratado y digo que no. Probablemente, si supiera lo que sé hoy sí lo hubiera hecho", ha confesado.

En todo caso, una vez que se hizo público el presunto espionaje, presentó la memoria de los contratos de la EMVS desde 2019. "Desde que se supo de la noticia nos hemos desnudado enteros, nos hemos abierto en canal y hemos dado todos los contratos, pagos, toda la contabilidad, nueve certificados ad hoc para esta comisión y hemos entrevistado a 14 personas de la empresa". 

Cómo acredita que no pudo contratarse al detective desde la empresa

Su defensa se ha basado en la complejidad de seguridad del propio sistema de la empresa municipal. "Si se hubiera intentado contratar este servicio (el del detective privado) no habría pasado del primer control, es imposible que se pueda justificar". Según Lozano, los contratos de la EMVS son muy rigurosos y para que haya uno, primero, lo tiene que decidir un director con su equipo, presentar una memoria económica, que firma otro director, otro documento jurídico, que firma otro director, y después pasar por la mesa de contratación. "Hasta que llegue a mí puede haber pasado por 15 personas". Por lo tanto, "que se contrate un servicio de estas características es imposible".

Tampoco es posible realizar el pago de un servicio no contratado, asegura, "Cuando entra una factura en la EMVS va al registro y si no entra ahí ni siquiera se tramita. Eso de 'quién paga esta factura' no existe. Después va a un departamento donde la validan cuatro personas y luego pasa a Contabilidad donde ya se hace la factura y se mete en un contrato, porque si no está en un contrato no se paga. Por último, se hace una lista de facturas que va al banco que la firmo yo".

Sin embargo, aún cabría una posibilidad que ha puesto sobre la mesa el delegado de Urbanismo y miembro de la EMVS, Mariano Fuentes. "¿En la EMVS no se contrata a empresas de detectives para hacer seguimientos a determinados casos ilícitos de okupaciom de vivienda?", pregunta Ciudadanos. A lo que Lozano ha respondido que efectivamente podría darse el caso, pero que no existe ningún contrato con esas características.

Sobre la implicación de David Fernández y Borja Carabante

La oposición ha formulado muchas preguntas acerca de la implicación del ahora exresponsable de Comunicación de la EMVS, ya que dimitió en medio de la trama política. "Yo le dije que 'en tiempo de tribulación no hay que hacer mudanza' y me dijo 'creo que esto es lo mejor para mí y mi familia'", ha declarado sobre cómo David Fernández le comunicó su marcha. Y aunque esta fuera en un momento controvertido, Lozano reconoce que Fernández llevaba tiempo manifestando que "su experiencia en la comunicación política no le satisfacía y en cuanto acabara el mandato se iba a ir". Según el número 2 de la EMVS, el jefe de Comunicación le dijo que no se iba a por esa crisis como tampoco se iba a quedar por ella. 

Con relación a la implicación del delegado de Medio Ambiente y Movilidad en un caso que salpicaba a otra área, Lozano sostiene la versión del presidente de la EMVS: Álvaro González tenía amistad con él y le pidió que le acompañara a esa reunión. Asimismo, el compareciente ha negado haberse reunido más veces con Carabante quien, de hecho, "nunca ha estado en la EMVS".

El relato solo convence a Vox

El único grupo municipal que ha salido convencido de que no se produjeron contratos desde la EMVS ha sido Vox. "Desde la EMVS queda claro que no se han destinado recursos públicos a cuestiones de supuesto espionaje o a actividades ajenas a la EMVS", ha señalado el concejal Pedro Fernández al término de la sesión. Con ello se alinea con el PP, cuyo concejal José Fernández también sostiene que "queda claro que ni hubo encargo ni dinero público".

Ciudadanos, por su parte, ha encontrado un "agujero negro" en donde se tiene que seguir investigando para esclarecer quién, cómo y cuándo se intentaron utilizar los fondos públicos. "El consejero dice que tuvo conocimiento de esto un mes antes de ese Consejo de Administración, o un mes antes de reconocerlo el alcalde, donde ya reconoció que llevaban dos meses trabajando en esa investigación. Nos genera duda qué se investigó durante dos meses que la EMVS no investigó", dice Mariano Fuentes.

También la portavoz socialista ha puesto de manifiesto los dos meses en que el alcalde conocía el caso, que son "el claro ejemplo de una corrupción ética y política".  Y la portavoz de Más Madrid cree que este presunto espionaje sigue respondiendo a "una trama de una pandilla de un grupo de amigos del PP". Los más radicales en su postura han sido los del Mixto. "La única forma de esclarecer lo sucedido es establecer un gobierno de transición de aquí a las próximas elecciones y para que ese gobierno de transición se pueda formar lo tenemos en nuestras manos, con una moción de censura encabezada por Begoña Villacís".

Segunda sesión, el lunes 4 de abril con Carromero y el detective

La próxima sesión se producirá el lunes 4 de abril. Están llamados a comparecer dos piezas clave de la investigación: el que fue asesor del alcalde hasta el 17 de febrero de 2022, cuando dimitió en medio del escándalo, y el detective con el que este- junto a otras personas- se habría puesto en contacto desde el Ayuntamiento de Madrid para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, están citados el mismo día para responder a las preguntas de los grupos municipales.

Si bien son de las comparecencias más esperadas, dado que, supuestamente, son las piezas clave de la trama, ninguna de ellas tiene obligación de comparecer. Además de Carromero y Gutiez, serán llamados la delegada del Gobierno, Mercedes González, Beatriz Fanjul, María Teresa Peral, y José Antonio Acosta. La siguiente fecha es el miércoles 6 de abril: con Pablo Montesinos, Teodoro García Egea y David Fernandez.