El probable desembarco del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la planta noble de Génova, sede del PP, a partir de abril es todavía una posibilidad que no se ha confirmado. Sin embargo, en las filas del PSOE, como también dentro de los 'populares', lo dan por hecho y ya visualizan las consecuencias que podría suponer el cambio en el liderazgo del principal partido de la oposición, con especial atención en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya situación podría dar un vuelco con su llegada después de que sus veinte vocales -y su presidente, Carlos Lesmes- lleven más de tres años con el mandato caducado.

"Tiene que demostrar que el cambio valdrá para algo", señalan fuentes socialistas consultadas por 20minutos, que prevén dos escenarios en los que podría traducirse la "institucionalidad" del dirigente gallego: una ruptura con Vox o la renovación del órgano de gobierno de los jueces, un extremo este último que ha sido completamente infructuoso durante todo el mandato de Pablo Casado al frente del PP.

Pese a que hubo negociaciones, Casado siempre ha condicionado ese sí del PP a que se cambie la ley para que, en vez de que sean el Congreso y el Senado quienes elijan a los vocales, sean "los jueces quien elijan a los jueces". No obstante, sí accedió a renovar, como mandata la Constitución española, otros órganos como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o la Agencia Española de Protección de Datos.

El ambiente propicio para volver a intentar la renovación del CGPJ parecía propicio después de las elecciones en Castilla y León, pero enseguida estalló la crisis interna del PP que, en solo diez días, ha llevado a la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general, que era quien se encargaba de las negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces, y a una próxima celebración de un congreso extraordinario que desembocará en un cambio de dirección y en la salida de Casado.

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Desde el PSOE ven a Feijóo con la obligación de "dar un perfil institucional", por lo que auguran que estaría abocado a renovar del CGPJ. Este sería un movimiento de gran importancia, ya que el bloqueo supera ya los tres años, lo que pone en jaque el funcionamiento del órgano, garante del buen funcionamiento de la justicia. No solo porque el hecho de que estén en funciones debería ser solo para períodos transitorios -es la propia Constitución la que marca que dos tercios de las Cámaras legislativas deben renovar sus miembros, diez el Senado y diez el Congreso-, sino porque, además, el Gobierno de coalición aprobó una norma para limitar sus funciones e impedir que hicieran nuevos nombramientos discrecionales en situación de interinidad.

Miles de asuntos pendientes en el Supremo

El CGPJ se encarga, entre otras cosas, de asignar los puestos en la cúpula judicial en toda España. Presidentes de tribunales superiores de justicia, de audiencias provinciales, magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo dependen de este órgano. La imposibilidad de ir renovando estos puestos hace que muchos queden en funciones y incluso vacantes, como ocurre en el Supremo, donde en estos tres años de interinidad del Consejo ha habido jubilaciones y también fallecimientos que ha dejado desiertas varias plazas que no pueden suplirse.

Pero el trabajo se sigue acumulando y los magistrados se ven sobrepasados. Así, por ejemplo, la Sala de lo Social del Supremo, la que se encarga de resolver los contenciosos laborales, acumulaba a finales del año pasado más de 7.000 asuntos pendientes para solo diez magistrados, menos del número asignado para esa Sala.

Todo esto ha llevado a una situación límite al Consejo. Así se lo trasladó el propio Lesmes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado martes. En una reunión, el también máximo representante del Tribunal Supremo expresó su preocupación por la no renovación del órgano y pidió reformas legislativas para "hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal", con una plantilla de magistrados un 14% inferior a la prevista y que será del 20% el próximo octubre, cuando las vacantes pasen de las 12 actuales a 16.

"Esta situación hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado", señaló el CGPJ tras el encuentro. Por su parte, la ministra apeló al PP a que "salga de ese momento en el que está únicamente mirando por sus propios intereses, con esas situaciones de enfrentamientos internos, y que mire con sentido de Estado por la renovación del órgano de gobierno de los jueces".

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La ruptura con Vox, casi descartada

Lo que descartan las fuentes socialistas consultadas sobre la inminente llegada de Feijóo a Génova es una ruptura de los 'populares' con la formación que dirige Santiago Abascal. El PSOE lo propuso dos días después de las elecciones en Castilla y León por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: una abstención de los socialistas para investir al líder del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, a cambio de romper con Vox en todos los territorios.

"Pero no va a pasar, porque eso supondría romper con Vox en otros territorios que están gobernados por los barones que apoyan a Feijóo", remachan las fuentes consultadas, en referencia a la posición de Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras y Juanma Moreno, presidentes de Madrid, Murcia y Andalucía, respectivamente, que fueron investidos gracias a Vox y que auparán al gallego a la presidencia del PP.

Otras fuentes socialistas consultadas sobre la posibilidad de que Feijóo desembarque en Madrid ponen de relieve que es "muy de derechas", intentando romper el halo de moderado que el gallego trae consigo. "Os vais a enterar de quién es Feijóo", aseguran que les trasladan otros diputados socialistas de Galicia. Por su parte, desde Unidas Podemos le señalan como el responsable del “desmantelamiento de la red de servicios públicos”, especialmente de la sanidad pública gallega.