El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hará nuevos nombramientos en el Pleno que tiene previsto celebrar este jueves al estar cerca la entrada en vigor de la ley de reforma que impulsó el Gobierno y que limita los poderes del órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones. La idea del Ejecutivo es la de presionar al PP, principal partido de la oposición, para pactar un nuevo CGPJ, un camino que se antoja difícil en las próximas semanas por las elecciones autonómicas de Madrid que se celebrarán el 4 de mayo.

Según han adelantado fuentes jurídicas a Europa Press, el órgano presidido por Carlos Lesmes, que también ostenta la presidencia del Tribunal Supremo, ha decidido no incluir en el orden del día de la reunión del próximo jueves cuatro nombramientos del Supremo que quedaron pendientes en la última reunión. Asimismo, señalan las mismas fuentes que es “probable” que tampoco se lleven a cabo nuevos nombramientos en la cúpula judicial en los próximos días.

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El motivo es la cercanía de la entrada en vigor de la reforma exprés del Gobierno que limita el poder del CGPJ mientras esté en funciones. El texto se aprobó el pasado 11 de marzo en el Congreso de los Diputados con un amplio margen respecto a la mayoría absoluta, pues el Ejecutivo de PSOE y Podemos logró sumar hasta 196 votos a favor. Solo Partido Popular, Vox y Ciudadanos votaron en contra. Así, la ley pasa esta semana su trámite en el Senado, donde, si no hay cambios, podría quedar aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en próximas semanas.

Con este texto, el Gobierno pretende presionar al PP para pactar la renovación del CGPJ, cuyo mandato ya es el más extenso de la historia al caducar el pasado 4 de diciembre de 2018 tras cumplirse los cinco años establecidos por ley tras la última renovación, acometida en tiempos en los que el PP de Mariano Rajoy contaba con mayoría absoluta en las cortes. Sin embargo, no parece que vaya a tener efecto por la cercanía de las elecciones autonómicas madrileñas, que se celebrarán el próximo 4 de mayo.

El acuerdo para la renovación parecía inminente el pasado mes de febrero. Una vez celebrados los comicios de Cataluña, España se encaminaba a un período de tiempo largo sin elecciones. Eso sí, la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de adelantar los comicios complica la renovación al estar ya todas las formaciones en precampaña.

La otra vía de presión del Gobierno está, de momento, paralizada. Se trata de otra reforma de la ley para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el CGPJ. En la actualidad, el PP es necesario al tener que contar el nuevo consejo con dos tercios del Congreso y el Senado a favor. El PSOE y Podemos querían rebajar esa barrera a la mayoría absoluta con la que ahora no cuentan pero que, sin embargo, podrían lograr ya que los socios de investidura estaban a favor de la misma.

Eso sí, tras las críticas de las principales asociaciones judiciales españolas y europeas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió aparcar la reforma. Lo hizo como gesto de acercamiento al PP en la moción de censura que presentó Vox en el Congreso de los Diputados, aunque siguen igual de lejos ahora. Todo ello, mientras esas asociaciones judiciales siguen pidiendo "despolitizar" la Justicia y que sean los propios jueces quienes elijan a los miembros de su órgano de Gobierno.