Dos años de un tira y afloja que llega a su fin: las negociaciones de PSOE y PP para renovar un CGPJ caducado desde 2017

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
EFE / Andreu Dalmau
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece inminente. Celebradas las elecciones catalanas, la próxima cita con las urnas que se celebrará en España, si nada cambia y si no hay sorpresas, será en Andalucía en 2022. Este hecho, que puede parecer inocuo, ha adquirido una relevancia especial para la escena política. Sin comicios próximos, ahora es más real que nunca la posibilidad de que el Gobierno y el PP lleguen a acuerdos de Estado, necesarios una vez que muchos mandatarios de instituciones públicas han visto cómo su cargo caducaba pero, por la falta de acuerdo, no ha sido renovado.

El mandato de los 21 magistrados que ocupan el órgano de gobierno de los jueces (20 vocales más el presidente, Carlos Lesmes) finalizó el 4 de diciembre de 2017, hace más de dos años. Tanto ha perdurado el bloqueo que se ha cumplido el récord de interinidad del CGPJ. Entre 2006 y 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero presidiendo el Gobierno de España, también estuvo bloqueada la renovación del órgano, que se saldó con un reparto de los puestos a medias entre populares y socialistas.

Desde que caducó el mandato de Lesmes, han sido varias las ocasiones en las que PP y PSOE han estado cerca de renovarlo. Fue en noviembre de 2018 cuando se frustró por primera vez un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. Ambos estaban dispuestos a nombrar como presidente del CGPJ a Manuel Marchena, que fue el presidente del tribunal que juzgó el 'procés'. Sin embargo, la filtración de un mensaje de Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, lo echó todo a perder. En dicho escrito, el popular decía estar a favor de ese nombramiento con el fin de controlar “por detrás” la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo.

Cerca del acuerdo también estuvieron ambas formaciones en verano. El ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, y el hombre fuerte del PP en temas judiciales, el actual consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, comenzaron una discreta negociación que llegó lejos. Tanto, que Sánchez escribió a Casado en privado y el popular aceptó en un Whatsapp la renovación del órgano. Sin embargo, en agosto se truncó. El día 14, para ser más exactos. El motivo fueron, según expusieron desde el PP, las críticas de Podemos a la monarquía.

Pero no es la única vez que los populares han atribuido a los de Pablo Iglesias el fracaso de las negociaciones. Desde el primer momento, el PP ha querido que Podemos quedase fuera de las negociaciones. Insistió en ello el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hace unos días. Y no le faltaba razón, aunque esa expresión tiene truco. Y es que, como señaló el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, después de escuchar a Egea, si bien es cierto que no hay nadie en las negociaciones de Podemos, el Gobierno negocia como uno solo y el Ejecutivo lo forman tanto PSOE como Podemos.

Pero, además, no es solo que Podemos vaya a tener, como todo parece indicar, dos asientos, sino que los morados piden uno para Esquerra Republicana de Cataluña. Cabe recordar que el CGPJ tiene 21 asientos: uno para el presidente, que ahora es Lesmes, y otros 20 para los vocales. Fuentes jurídicas señalan también que es probable que el PP ceda uno de sus asientos al PNV.

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