El pasaporte Covid como pase para entrar en bares o restaurantes empieza a tener los días contados. Desde noviembre, son trece las comunidades que lo han estado exigiendo para acceder a distintos espacios públicos pero Cantabria y Asturias acaban de anunciar que prescindirán de él y Aragón no podrá extender su uso por negativa judicial. Mientras, en Andalucía, Galicia, Navarra y La Rioja estará en pie hasta el 31 de diciembre. Por el contrario, Cataluña acaba de renovar su uso durante otra quincena y Comunidad Valenciana o Andalucía no ponen todavía fecha al levantamiento de una medida que ha sido controvertida, por las dudas que desde el principio surgieron en torno a su capacidad  para evitar contagios de la contagiosa variante ómicron.

La exigencia del pasaporte Covid en más de la mitad del país se convirtió a finales del otoño en la herramienta por la que optaron la mayoría de gobiernos regionales en plena ola de nerviosismo, no solo por la llegada de la nueva variante de la Covid, sino también de cara a la Navidad, en un momento en el que ya era casi unánime el rechazo a imponer de nuevo restricciones como el toque de queda nocturno, que el Gobierno central calificó "del pasado" y al que solo recurrieron Cataluña y Navarra, especialmente golpeadas por la sexta ola.

Aunque en el resto de Europa la exigencia del pasaporte Covid para acceder a lugares públicos ya estaba extendida, en España a esta medida siempre le sobrevoló la duda de si sería efectiva, dado que la ómicron se contagia también entre personas vacunadas o que en su versión en papel es un documento fácilmente intercambiable. Así lo admitía hace unos días el consejero de Sanidad de Cantabria, Reinhard Wallman, cuando al anunciar el miércoles pasado que no iban a pedir prorrogar la medida y que dejaría de exigirse afirmó que ya no tenía sentido debido a la alta contagiosidad de la variante ómicron, también entre los vacunados.

La medida no contó nunca con el entusiasmo del Gobierno central, que rechazó marcar pautas comunes. Su posición ha sido siempre que el pasaporte Covid fue creado para facilitar los viajes internacionales y que cualquier otro uso era decisión de las comunidades y debía contar con el aval judicial. Ante el repliegue que ya ha empezado en algunas comunidades el Ejecutivo se muestra algo más colaborador. La ministra de Turismo y Comercio, Reyes Maroto, afirmó este jueves que apoyará las decisiones de las autonomías de retirar la obligatoriedad del pasaporte Covid si así lo deciden las autoridades sanitarias, al mismo tiempo que subrayó, durante una visita a FITUR, que es un instrumento que ha permitido la "movilidad internacional segura".

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Castilla y León fue la primera comunidad que plantó el pasaporte Covid para empujar a la población a vacunarse pero finalmente es una de las que no lo ha implantado  -junto con la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura- porque pesaron más argumentos en contra como que podría llevar a una "reducción de la sensación de riesgo" en los lugares a los que se accede con él, la "dificultad de garantizar su implantación efectiva", al relegar en los locales la verificación de los documentos, o el hecho de que "no se evidencia un mayor descenso de incidencia" en otros países que ya exigían el pasaporte.

Pasado más de un mes desde su implantación casi general, la esperanza de que sirviera para crear espacios 'seguros' a los que solo entraran personas vacunadas ha resultado no ser ajustada pero ha dado paso a la sensación de que al menos sirvió para presionar a la población sobre la necesidad de vacunarse. Así lo ven en algunos gobiernos autonómicos que, aunque tenían sus dudas, terminaron exigiéndolo. También entre los empresarios del ocio nocturno que, aunque lo que querrían es ver bares y discotecas abiertos también en las siete autonomías que tienen restricciones, tomaron el pasaporte Covid como una ayuda para recuperar este sector.

"Si la apertura de locales ocio con pasaporte ha sido beneficiosa en términos de datos de contagios en Navidad, no somos epidemiólogos, pero los datos de Cataluña son mucho peores que los de la Comunidad de Madrid [incidencia este jueves de 4.550 frente a 2.252 o de 42% de las UCI frente 28%] es por algo", apunta el presidente de España de Noche, Vicente Pizcueta, para quien el "referente" de lo que hay que hacer es Madrid, una de las pocas comunidades que no lo impusieron.

"El certificado tenía una utilidad en términos de impulsar la vacunación, creo que eso es innegable", añade en un análisis que comparten gobiernos autonómicos desde Andalucía a la Comunidad Valenciana, que de momento no ponen fecha al final de esta medida. En principio, debería ser también el 31 de enero pero de momento no ha habido anuncio de que no se vaya a pedir una renovación a los jueces.

El presidente valenciano, Ximo Puig, afirmó hace unos días que ha tenido "efecto positivo" y ha servido "para aumentar el nivel de vacunación" y, en alusión sobre cuándo dejará de exigirse, advirtió de que "ni mucho menos estamos en la normalidad". El presidente andaluz, Juanma Moreno, pronosticó todavía "tres semanas de intensidad" en los contagios y apostó por mantener el uso del pasaporte Covid, además de la mascarilla y la vacunación.

El final del pasaporte Covid tampoco parece cercano el País Vasco. Allí también se revisará el 31 de enero pero su exigencia para entrar en bares, restaurantes, gimnasios o salas de concierto está vinculado por ley a la tasa de contagios, a que la incidencia acumulada a 14 días sea superior a 300 casos por 100.000 habitantes. El jueves pasado era de 4.996.

Cantabria y Asturias

Sin embargo, ya hay dos comunidades que no han pedido más prórrogas a la Justicia. Como Cantabria, Asturias tampoco va a hacerlo a su Tribunal Superior de Justicia para extender la exigencia del pasaporte Covid, que expirará el 27 de enero. 

En Aragón se mantendrá hasta el 7 de febrero pero su Tribunal Superior de Justicia acaba de rechazar la intención del Gobierno Javier Lambán de ampliar su uso -en ocio nocturno- a más espacios públicos, como restaurantes, cines y gimnasios. Los jueces basan su negativa en que  “no será necesaria una medida restrictiva de un derecho fundamental, si hay otras que no lo son y tienen el mismo o mejor efecto, es decir, si son igualmente idóneas". 

Por el contrario, los jueces sí han avalado extender hasta el 31 de enero el pasaporte Covid en Galicia, Navarra y La Rioja. También en Andalucía donde, como ocurren la Comunidad Valenciana no hay quieren poner fecha todavía al momento en el que dejará de ser obligatorio para acceder a determinados lugares públicos.