La céntrica calle Larios de Málaga se quedó sin uno de sus establecimientos más emblemáticos el pasado mes de junio. Tras más de cuarenta años detrás del mostrador, Rafael Martín echaba el cierre de su joyería. Después de más de cuatro décadas regentando el comercio familiar, a él y a su mujer les llegaba el momento de jubilarse pero también la situación provocada por la pandemia influyó en la decisión de bajar la persiana para siempre.

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"Las ventas habían caído y no podía seguir adelante. Durante el confinamiento además, pese a no poder abrir, tuvo que seguir haciendo frente al alquiler", cuenta Eduardo Cortés. Este asesor fiscal se queja de que el legislador solo se refiriera a la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) del 94 a la hora de aprobar medidas de apoyo para que los arrendatarios pudieran afrontar la Covid. "Aquellos que se regían por la ley anterior siguieron pagando exactamente lo mismo, sin posibilidad de aplazamientos ni condonaciones y con grandes tenedores como caseros que se mostraron inflexibles a cualquier rebaja. Este tipo de negocios antiguos de ciudades grandes lo pasaron muy mal", lamenta el también vicepresidente primero de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf).

La crisis del coronavirus, sanitaria pero también económica, ha provocado la desaparición de unos 175.000 negocios, según datos del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Carteles en los que se puede leer "Local disponible", "Se alquila" o "Liquidación por cierre" han proliferado tristemente entre el comercio tradicional, ya de por sí golpeado antes de marzo de 2020 a causa de las franquicias y las grandes superficies.

Y los que han sobrevivido lo han hecho azotados por la más absoluta incertidumbre y avasallados por una regulación cambiante –e incluso contradictoria entre las diferentes administraciones– que muchas veces no eran capaces de comprender. Habituales han sido las declaraciones de propietarios de restaurantes a los que se les quedaba colgado el género recién comprado ante un empeoramiento de la situación y un endurecimiento de las restricciones. O las de dueños de negocios que no se atrevían a sacar a sus trabajadores del ERTE por miedo a un retroceso.

"Hay empresas muy ilusionadas, que ven la recuperación, pero el Gobierno debe plantearse seguir con algunas ayudas"

Esa falta de estabilidad ha provocado en muchos autónomos angustia, pesimismo, problemas de sueño, estrés, depresión... Y dentro de que la pandemia ha golpeado emocionalmente a la población en general, algunos países, como Bélgica, llegaron a subvencionar íntegramente ocho sesiones de terapia psicológica para este colectivo. "La prioridad siguen siendo las ayudas públicas, pero también se ha puesto de manifiesto la necesidad de una solución para la salud mental", afirmó su ministro de Autónomos, David Clarinval.

Eduardo y el resto de asesores fiscales también han llevado a cabo con sus clientes cierta labor psicológica. "No nos llamaban para preguntarnos por el IVA o por qué impuestos debían pagar si realizaban alguna venta. Nos llamaban alarmados. A muchos les ha faltado llorar. Se veían impotentes, rodeados de una serie de tecnicismos, de historias nuevas, en las que no han sabido desenvolverse y sin ingresos, con empleados, pagos a proveedores, deudas...", cuenta este profesional, que paradógicamente ha tenido "más trabajo que nunca".

El coronavirus ha provocado el cierre de 175.000 negocios y deja otros 110.000 en peligro

"Teníamos que estar más abiertos que nunca, ayudar a los otros autónomos, tenerles al tanto de la amalgama de normas que salían día a día. Recuerdo sábados a las doce de la noche, domingos de madrugada, intentando descifrar el BOE. Era ilegible, una laguna detrás de otra. Comprendemos que era algo novedoso para el Gobierno pero podía haber tomado medidas con bastante más equidad y un criterio no tan legislativo y frío. Todo era un verdadero caos. Tuvimos en general un trabajo muy duro", afirma el vicepresidente primero de Fettaf.

Él cayó enfermo de Covid en noviembre del año pasado y pasó diez días en coma inducido y mes y medio ingresado. "Lo primero que pensé fue que acabábamos de cerrar el tercer trimestre y que mis colaboradores y empleados no tendrían muchos problemas. Gracias a dios no era enero. Si llega a pillarme en un mes de enero me habría dado un infarto por no poder atender todas mis obligaciones", relata y aprovecha para poner en valor "que la mayoría de los autónomos de este país miran muchas veces más por sus empresas que por su salud".

Ahora, con casi el 90% de la población con la pauta completa de la vacuna y una evolución epidemiológica favorable, este colectivo ha empezado a ver el futuro con cierto optimismo. Los Gestores Administrativos alertan no obstante de que unos 110.000 negocios están en peligro si se eliminan las medidas de contención puestas en marcha por el Ejecutivo. Eduardo coincide: "Hay empresas muy ilusionadas, que ven la recuperación, pero el Gobierno debe plantearse seguir con algunas ayudas".