Las cárceles españolas se quedan sin médicos. Los doctores no encuentran incentivos para trabajar en un ecosistema complicado donde el sueldo es menor y el sistema de funcionamiento, peor que en un centro sanitario o un hospital. A esto se suma la lentitud con la que el Ministerio del Interior está tramitando la convocatoria de 40 plazas, para lo que se ha tomado un año, junto al aluvión de jubilaciones y prejubilaciones de los profesionales que llegaron a principios de los años 90, cuando la atención sanitaria en las cárceles pasó del caos de los años previos a una mucho más digna.

Todos estos factores forman parte de la tormenta perfecta que atraviesa la atención sanitaria en las cárceles por la falta de médicos. Y a ello no contribuye que el Ministerio del Interior vaya a tardar más de un año en intentar seleccionar a 40 médicos -35 de médicos de familia y 5 psiquiatras-, un 13% de la plantilla actual de facultativos en los centros penitenciarios, que se repartirán por los 69 establecimientos penitenciarios que hay en España. 

Aunque fue el pasado martes cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la convocatoria de esas oposiciones, lo cierto es que la decisión gubernamental que origina este proceso de selección es muy anterior: fue el 27 de octubre de 2020, en plena segunda ola de la Covid, cuando el BOE publicó la oferta de empleo público para 2020 que ya consignaba las 40 plazas de médicos para las cárceles que, prácticamente un año después, siguen sin cubrirse y sin que haya empezado todavía formalmente el proceso de selección.

En Instituciones Penitenciarias afirman que este retraso "es normal", porque se requiere el visto bueno de Hacienda y de Función Pública y apuntan, además, que en los últimos meses habría sido "complicado" reunir a varios cientos de personas para hacer los exámenes necesarios en un lugar cerrado, debido a las restricciones de la Covid.

Sin embargo, las 40 plazas de médicos han estado en el limbo durante buena parte de la pandemia, en la que los centros penitenciarios fueron considerados lugares vulnerables por coincidir en ellos la convivencia de muchas personas, y este no es el único problema de la asistencia médica en las cárceles, donde en pandemia se registraron contagios y brotes de Covid, y la vacunación registró retrasos.

Según datos de Instituciones Penitenciarias, en 2019 trabajaban en las cárceles españolas 285 médicos y seis psiquiatras, para atender a una población reclusa que asciende a 55.920 personas. Es decir, un doctor -de familia o psiquiatra- por cada 185 presos o presas. A cada centro le corresponden así 4,3 facultativos y las 40 plazas que quieren cubrirse ahora suponen el 13% de los médicos que trabajan en las cárceles.

No se cubren las plazas

Sin embargo, el problema de la atención sanitaria a la población reclusa va más allá de la tardanza del Gobierno en convocar plazas de médicos y llega al desinterés de los profesionales por trabajar en las cárceles. "El problema es que da igual que se convoquen las plazas un año después, es que de 40 se cubrirán cinco o seis", dice el doctor Enrique Piriz, que trabaja en el Centro Penitenciario de Mallorca y que explica que la última vez que se cubrió una convocatoria al 100% fue en 2016.

La falta de médicos se deja ver en la cárcel en la que él trabaja. Con 1.100 internos, "teóricamente" debería haber ocho médicos y un subdirector, es decir nueve. La realidad es que "somos cinco" y que, con este número, el Centro Penitenciario de Mallorca era hace unos años el peor dotado y ahora "es el mejor", dice. 

Piriz expuso recientemente la situación de la asistencia sanitaria en las cárceles en el congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SeMFyC) y explica el desinterés de los especialistas, que hace que la mayoría de las plazas queden desiertas y no se cubran las vacantes. 

"El problema es que desde hace muchos años están desconectados [los centros penitenciarios] del ámbito medico", dice, dado que la vía "natural" de un residente cuando termina la especialidad es trabajar en un centro de salud o en un hospital. La cárcel se convierte para los médicos en un lugar tan de exclusión como para los propis reclusos. "Esto está al margen y hay poca gente que se entere. De los que se enteran a algunos les da miedo, no les atrae, y a la gente que se interesa, deja de estarlo cuando se entera de cómo son las condiciones", relata. 

Según Piriz, en las cárceles un médico gana menos que el médico de familia en la comunidad donde menos cobra, entre 45.000 y 50.000 euros brutos al año, guardias aparte. Pero apunta que no es solo la cuestión económica, también organizativa. Cree que mejoraría aumentando los sueldos y con un cambio de competencias, para que los médicos de las cárceles pasen a depender de los gobiernos autonómicos, como el resto de sanitarios, y no de Instituciones Penitenciarias, como ahora.

Aluvión de jubilaciones

Para cerrar el círculo, a las plazas que tardan en convocarse y que tienen dificultades para cubrirse se suma el aluvión de jubilaciones de doctores de entre 60 y 65 años, que entraron a trabajar en los centros penitenciarios cuando a principios de los años 90 el sistema se organizó desde el "desastre" que era anteriormente.

Piriz recuerda que entraron "mil médicos de golpe", que son casi los que han permanecido desde entonces, a diferencia de la rotación generacional normal que hay en centros de salud y hospitales. Ahora se jubilan y se prejubilan, dejando a los más jóvenes con situaciones cada vez de más sobrecarga que, de nuevo, desincentivan a otros a pedir las plazas. "Se están jubilando y como cada vez hay menos médicos, están más sobrecargados", dice este facultativo de la cárcel de Mallorca.