Funcionarios de prisiones se movilizan para frenar las agresiones y mejorar sus salarios, y exigen negociar con Marlaska

Funcionarios de prisiones durante una concentración ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a 22 de abril de 2021.
Funcionarios de prisiones durante una concentración ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a 22 de abril de 2021.
Europa Press

"Somos el patito feo de la seguridad del Estado". Así se sienten los funcionarios que trabajan en las prisiones españolas, que este jueves han declarado el conflicto colectivo tras meses de negociaciones con Instituciones Penitenciarias que han calificado de infructuosas y que han terminado con las asociaciones acusando a la institución de "imponer su rodillo".

Es por eso que los trabajadores dan paso ahora a un período de movilizaciones a lo largo de todo el territorio para conseguir, entre otras reivindicaciones, que se endurezcan las sanciones a los presos que agreden a los trabajadores y que se mejoren en las condiciones salariales y laborales. La primera manifestación tendrá lugar en octubre en Cuenca, donde se reunirán todos los directores de centros penitenciarios con representantes de la institución e Interior.

Desde la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Madrid, los representantes de los dos sindicatos mayoritarios Acaip-UGT y CSIF han dado una rueda de prensa en la que han expuesto sus peticiones. No obstante, también han aprovechado la ocasión para lanzar todo un órdago a sus superiores. A partir de ahora, han asegurado, no se sentarán con nadie "que no esté por encima de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias", cargo ocupado por Ángel Luis Ortiz.

Es decir, apuntan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para desatascar una situación que no parece tener una solución fácil y rápida, porque viene de lejos. "Tenemos una falta de confianza total en la dirección de Instituciones Penitenciarias, la única persona que puede solucionar esto es el ministro del Interior. Si no, nos veremos en la calle", ha advertido José Ramón López, presidente de ACAIP.

Este enfado lo achacan al cansancio acumulado tras años sin ser escuchados. Hace cuatro años, los sindicatos comenzaron un proceso de movilizaciones -similar al que se inicia ahora- que acabó en una huelga general, un extremo que no descartan volver a llevar a cabo ahora. Sin embargo, la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018 y, por ende, de Marlaska al Ministerio del Interior hizo que guardaran las armas temporalmente. 

Esa "buena fe" con la que los sindicatos recibieron al sustituto del popular Juan Ignacio Zoido tardó poco en romperse. Según las asociaciones sindicales, se reunieron con los responsables del Ministerio con quienes acordaron una serie de medidas (destinar 123 millones de euros para la subida salarial, facilitar el acceso a los abogados del Estado a los trabajadores agredidos o que el Estado asumiese indemnizaciones de los internos en caso de que los presos fueran insolventes) que Interior decidió retirar poco después

Con estos antecedentes, Jorge Vilas, presidente del ámbito de Prisiones de CSIF, ha denunciado que el Gobierno "no ha cumplido su palabra", como tampoco lo hicieron anteriores ejecutivos, lo que ha derivado en que no se hayan mejorado sus condiciones laborales en los últimos 15 años. Vilas también ha asegurado que Marlaska no ha aplicado otra de sus promesas: la actualización de la Ley de Función Pública y su reconocimiento como agentes de autoridad. Esto supondría que se agravase el castigo para los presos que agredieran a los funcionarios. Instituciones Penitenciarias se comprometió a realizarlo en 2021, pero no hay nuevas noticias al respecto. Preguntadas por 20Minutos, fuentes de la institución rechazaron comentar las declaraciones realizadas por los sindicatos.

Y es que, las agresiones de los presos siguen marcando parte de las reivindicaciones de los funcionarios. El presidente de ACAIP ha asegurado que desde enero de 2016 se han producido casi 25.500 incidentes entre internos en los que los funcionarios han tenido que intervenir. "Con lo que aumenta el nivel de violencia que sufrimos", ha dicho. Esto supone que se registran casi 13 agresiones cada día entre presos. Además, calculan que un funcionario resulta es víctima de una agresión que desemboca en lesiones cada 36 horas. "Esto supone una situación lamentable y caótica", ha lamentado.

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