Los funcionarios de prisiones llevan tiempo exigiendo que se les dote de pistolas táser. Es una petición que ya es histórica por parte de otras autoridades, como son la Policía Nacional o la Guardia Civil. Sin embargo, los trabajadores carcelarios se van a quedar fuera -al menos, por el momento- del reparto de estas herramientas de protección que, según el Ministerio del Interior, ya han comenzado a ser distribuidas entre algunas unidades, a falta de que los agentes reciban la formación y las instrucciones necesarias para utilizarlas por la peligrosidad que pueden llegar a suponer en ciertas situaciones.

El principal motivo de los funcionarios de prisiones para sostener su petición es la necesidad de reducir el número de agresiones que reciben por parte de los presos. Según los datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, en los primeros tres meses de 2021 se produjeron 26 ataques; en 2020 fueron 179 y el año anterior, 223. Los sindicatos, en cambio, dicen que el pasado curso hubo más de 400. “Más de una agresión al día”, resumían hace semanas.

“Con las táser evitaríamos muchas de las situaciones peligrosas que se viven en las prisiones y nos daría una mayor seguridad, no solo a nosotros, sino también a los presos”, explica al otro lado del teléfono Jorge Vilas, responsable de prisiones del sindicato CSIF. Como ejemplo, cita una situación en la que un preso no quiera salir de la celda y le deban sacar para que vaya a declarar, u otro escenario en el que intente suicidarse con un "pincho carcelario".

También hace suya la petición Paco López, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), que dice que los medios coercitivos con los que cuentan los trabajadores de prisiones son "insuficientes". Todos ellos están previstos en el artículo 45.1 de la Ley General Penitenciaria: el aislamiento provisional del preso, la "fuerza física" del funcionario, las defensas de goma -porras-, los "aerosoles de acción adecuada" -sprays-, y esposas, en muchos casos sustituidas por bridas.

En una conversación con 20Minutos, López circunscribe el uso del arma a situaciones “peligrosas y conflictivas”, en las que “siempre se cuente con la autorización del jefe de servicios”, algo que ya está reglado para la utilización de los otros medios de los que disponen. “También tendríamos que en cuenta el perfil del preso, para no usarla con enfermos", dice. Y es que, según han recordado en diversas ocasiones diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, puede no ser un herramienta inocua para la persona que recibe la descarga que le inmoviliza durante 3 o 4 segundos.

CSIF dice que lo pidió hace un año; Instituciones Penitenciarias lo niega

La petición se tratará, a cargo de CSIF, en una reunión que mantendrán los sindicatos con la dirección de Instituciones Penitenciarias. Todavía no hay fecha para el encuentro, pero fuentes sindicales señales que es obligado que se convoque antes del día 30 de junio. Preguntadas por la posibilidad de que incorporen las táser como medida coercitiva, desde Instituciones Penitenciarias optan por no comentar esta posibilidad. Dicen que ha habido reivindicaciones "sueltas", pero que los sindicatos "no lo han planteado como tal", por lo que prefieren "esperar a que así sea".

Los sindicatos, en cambio, desmienten esa afirmación. CSIF, por ejemplo, registró una petición para que les entregasen táser -"medio defensivo eléctrico"- el 26 de marzo del pasado año. Así lo muestra un documento al que ha tenido acceso este diario, en el que destacaron que, de los 22.500 funcionarios de prisiones, 15.000 se dedican a la vigilancia penitenciaria "con recursos muy limitados para afrontar situaciones de riesgo". 

"La comodidad no puede pasar por encima de los derechos humanos"

La posibilidad de que los funcionarios de prisiones tengan pistolas táser no es admisible para Andrés García Berro, codirector de Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. García ya alertó de que en España, donde el uso de arma de fuego es "bajo", es "prescindible" de por sí. Sin embargo, lo rechaza frontalmente para los trabajadores carcelarios. "El uso de las táser está pensado como alternativa al arma de fuego y en ningún caso los funcionarios de prisiones la llevan", argumenta ahora en una conversación con este diario.

No solo recuerda que el peligro de las táser reside en el posible impacto en el suelo de quien recibe la descarga o de los posibles problemas cardíacos que puede producir, sino que también explica el posible aumento de la tensión en las cárceles que puede provocar que los funcionarios tengan dicho arma. "Provocaría un efecto rebote", remarca. Así, dice que hay una parte de reivindicación sindical que puede "entender" por la peligrosidad del trabajo, que se haría, a su juicio, más "cómodo", pero añade que "la comodidad no puede pasar por encima de los derechos humanos".