Una gran mayoría de la población reclusa en España sigue sin estar vacunada contra la Covid, a pesar de que la última recomendación del Ministerio de Sanidad dice que su inmunización debería discurrir en paralelo a la de la población general de entre 60 y 65 años, que se está vacunado desde hace semanas. Los 55.816 presos y presas fueron incluidos en la estrategia de vacunación como un colectivo concreto de especial riesgo que debía ser vacunado de manera coordinada, pero pasados más de dos meses desde que se inició la vacunación en las cárceles, solo algunas comunidades han empezado a hacerlo y, a diferencia de los funcionarios de prisiones, son muchas las autonomías que no tienen previsto todavía cuándo los vacunarán.
A día de hoy, más de la mitad de los reclusos en cárceles españolas no ha recibido todavía ninguna dosis de vacuna y solo Cataluña, País Vasco y Cantabria han confirmado haber empezado a vacunar a los reclusos. También lo está haciendo Extremadura, aunque no como un colectivo, sino atendiendo a criterios de edad.
Por el contrario, la Comunidad de Madrid, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia o Baleares todavía no han empezado a vacunar a una población que solo en estas seis comunidades asciende a 34.974 personas (el 62,6% del total). Según indican las diferentes Consejerías de Sanidad a este periódico, unas esperan indicaciones más concretas del Ministerio de Sanidad, otras esperan empezar a lo largo de mayo y otras directamente no ofrecen un horizonte temporal.
El Gobierno delegó en las comunidades
Quitando Cataluña, la competencia sobre las prisiones las tiene el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, pero el Gobierno central delegó la vacunación en ellas a las comunidades autónomas, responsables a efectos de inmunización de las que se encuentran en sus territorios.
Fueron las comunidades las que en febrero empezaron a vacunar a funcionarios de prisiones, personal sanitario y otros trabajadores. Fueron inmunizados de una vez, pero con distintas vacunas, en función de su edad. De ahí que buena parte de ellos recibieran un primer pinchazo de AstraZeneca por tener menos de 65 años y que muchos de ellos permanezcan todavía a la espera de saber cómo se completará su inmunización.
La situación de los presos es muy diferente. Cantabria fue la primera comunidad que lo hizo, vacunando a 559 personas en el penal del Dueso. También en febrero Cataluña empezó a vacunar a su población reclusa (un total de 7.951) y en marzo lo hizo el País Vasco (1.259). Pero solo suman unos unos 10.100 reclusos y reclusas de los casi 59.000 que había en mayo de 2020, la última cifra que da Instituciones Penitenciarias.
Por el contario en Andalucía, Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia o Baleares el proceso no ha empezado de momento, ni siquiera existe una previsión de cuando pueda hacerlo. Fuentes de Sanidad de la Comunidad Valenciana indican ya se están preparando los "listados" de personas a las que inmunizar y que los pinchazos empezarán "en los próximos días", mientras que en Andalucía indican que no tienen un plazo previsto y aducen que "son muchos los colectivos" a los que hay que vacunar. Baleares espera poder empezar a hacerlo "seguramente a lo largo del mes de mayo" y en Murcia indican, simplemente, que "se está planificando". Aragón tampoco de momento previsto cuándo se empezará.
La Comunidad de Madrid pide más concreción al Ministerio sobre este colectivo, que de momento asegura que está en un "limbo" y Castilla y León también espera "la decisión que se pueda adoptar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud al respecto de cuál será el tipo vacunal a usar para las personas menores de 60 años, situación en la que se encuentra la mayoría de las personas reclusas".
Sucesivos retrasos
De este manera, el proceso de vacunación de presos y presas es mucho más incierto que el de la población en general, debido en buena medida a los cambios que se han introducido al respecto en las sucesivas actualizaciones de la estrategia de vacunación.
El plan agrupó a los presos en el colectivo de personas en "comunidades o entornos cerrados", que tienen mayor riesgo que la población general de padecer el coronavirus de manera grave o de fallecer por esta causa debido a que allí se concentran personas de mayor edad y a su "vulnerabilidad socioeconómica o laboral". Según este documento, también son más tienen más riesgo de exposición y transmisión, por el efecto que pueden tener los brotes en las prisiones, que hicieron acto de presencia particularmente durante la segunda ola.
En febrero, Instituciones Penitenciarias difundió una serie de recomendaciones entre las prisiones para "frenar la expansión del coronavirus entre internos y trabajadores", como la suspensión temporal de los traslados no sanitarios, judiciales o no imprescindibles, de salidas de los internos en segundo grado, de visitas de estudiantes, investigadores y ONG, de actos culturales, ocupaciones y deportivos o de profesores.
Frente a estas medidas de precaución, las sucesivas actualizaciones de la estrategia de vacunación han ido aplazando y difuminando el momento de empezar. La indicación en febrero -cuando empezaron Cantabria y Cataluña- era que se vacunarían justo después de "los grupos esenciales", es decir, policías militares o maestros que entonces empezaban a recibir las primeras dosis.
En marzo, se pidió a las comunidades que vacunaran a los presos "coincidiendo, al menos, con el grupo 8", que entonces era la población de entre 56 y 65 años.
Un mes más tarde, la última actualización es mucho más laxa y deja el horizonte más abierto. Indica que la vacunación de este colectivo debía empezar "en el momento en que se considere más adecuado", aunque "coincidiera, siempre que sea posible", coincidiendo, "siempre que sea posible, con el grupo 8 [personas de entre 60 y 65 años] y atendiendo a la características de la población en cada centro penitenciario".
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