"Humillado". Así dice sentirse un trabajador del Centro Penitenciario de Las Palmas después de ser víctima, presuntamente, de un cacheo desproporcionado por parte de dos guardias civiles vestidos de paisano cuando entraba a trabajar. Para los sindicatos, este acto supone un "menoscabo a la honorabilidad y a la profesionalidad del funcionario" y llega, además, en un momento en el que las relaciones entre Instituciones Penitenciarias y los trabajadores atraviesan una de las situaciones más críticas de los últimos años. Hace pocas semanas, los sindicatos declararon el "conflicto colectivo" y anunciaron futuras movilizaciones para que se cumplan sus reivindicaciones laborales. La tensión es tal que las organizaciones dicen que solo negociarán con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según consta en la queja que los sindicatos han elevado a la dirección del centro y a la que ha tenido acceso 20minutos, el lunes 20 de septiembre, uno de los trabajadores de la cárcel fue obligado a entrar en una de las salas de la prisión por parte del subdirector de seguridad. En esa habitación le esperaban dos guardias civiles vestidos de paisano -algo que, según Comisiones Obreras, es ilegal porque los agentes no pueden entrar en las prisiones-. Es entonces cuando proceden a realizarle un cacheo que incluye su "desnudo y genuflexión", un tipo de control que, según José Ramón López Santamaría, presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), solo se puede realizar a "personas detenidas y no siempre en todos los casos". "Es una situación aberrante y una falta de respeto más", expone.

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En el escrito, tanto ACAIP como UGT, CSIF, CCOO y otros sindicatos minoritarios, aseguran que ellos son "los más interesados" en "identificar y esclarecer cualquier conducta que merezca reprobación penal o administrativa". Sin embargo, creen que "el lugar y la publicidad" de este cacheo menoscaban "la honorabilidad y profesionalidad del funcionario", sometiéndolo a una "humillación e intimidación intolerables", llegando incluso, dicen, a vulnerar su presunción de inocencia. "La dirección del centro penitenciario no ha respetado mínimamente un procedimiento que salvaguardase el derecho a la intimidad y la dignidad del trabajador", denuncian en el escrito. CC OO ha pedido la dimisión del máximo responsable de la cárcel.

Además, los sindicatos coinciden en señalar en que este hecho llega en un momento "delicado", ya que su relación con Instituciones Penitenciarias -que ha declinado hacer declaraciones al respecto al estar el caso judicializado, según EFE- no atraviesa sus mejores momentos. Las relaciones, de hecho, están casi rotas o al menos así lo expusieron en la rueda de prensa que dieron el pasado 23 de septiembre. En la comparecencia, tanto López Santamaría como Jorge Vilas, responsable de prisiones de CSIF, anunciaron un conflicto colectivo que acarreará una serie de movilizaciones -la primera tendrá lugar en octubre en Cuenca, donde se reunirán todos los directores de centros penitenciarios con representantes de la institución e Interior- y la ruptura de las negociaciones para las mejoras que piden. Solo Marlaska, dijeron, puede desbloquear la situación.

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Ambos representantes sindicales acusaron a Instituciones Penitenciarias de practicar un "rodillo impositivo" que les convertía en "el patito feo de la seguridad del Estado". Es por ello que piden al Gobierno que cumpla su palabra, ya que recuerdan que el Ejecutivo llegó a ofrecer en 2018 123 millones de euros para la subida salarial y otras medidas como las de facilitar el acceso a los abogados del Estado a los trabajadores agredidos o que el Estado asumiese indemnizaciones de los internos en caso de que los presos se declaren insolventes. 

También solicitaron que Marlaska cumpliese su palabra y les reconociera como agentes de autoridad. Esto supondría que se agravase el castigo para los presos que agredieran a los funcionarios. Instituciones Penitenciarias se comprometió a realizarlo en 2021, pero no hay noticias al respecto. Preguntadas por este diario, fuentes de la institución rechazaron comentar las declaraciones realizadas por los sindicatos. 

Además, los representantes de los trabajadores mostraron gran preocupación por las agresiones de los presos, que marcan el grueso de sus peticiones. El presidente de ACAIP aseguró que desde enero de 2016 se han producido casi 25.500 incidentes entre internos en los que los funcionarios han tenido que intervenir. Esto supone que se registran casi 13 agresiones adía entre internos. Además, dijeron calcular que un funcionario resulta víctima de una agresión que desemboca en lesiones cada 36 horas.