Nuevo choque en la coalición de Gobierno en plena negociación para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. El Consejo de Ministros del martes tiene previsto aprobar el plan para financiar entre 2022 y 2024 los seguros privados de los que algunos funcionarios disfrutan a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (más conocida por su acrónimo Muface).
El Ministerio de Hacienda plantea incrementos de entre el 8% y el 10% en los pagos destinados a estas aseguradoras privadas, y esos planes han provocado el rechazo del ala de Unidas Podemos del Ejecutivo, que rechaza incrementar esa dotación de fondos públicos y reclama que los nuevos funcionarios sean adscritos obligatoriamente a la Seguridad Social.
Muface es un organismo público que cubre, entre otras cosas, los servicios de salud de los que pueden hacer uso los funcionarios. Estos empleados del sector público tienen dos opciones: o bien elegir la asistencia sanitaria prestada por la Seguridad Social, o bien ver cubierta esta asistencia, incluyendo todos los servicios que garantiza el Sistema Nacional de Salud, a través de una de las cuatro aseguradoras privadas que actualmente colaboran con Muface: Adeslas, Asisa, DKV y el Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria.
Estas cuatro empresas reciben un pago del Estado a cambio de proveer de servicios sanitarios a los funcionarios que eligen su asistencia y no la de la Seguridad Social. Y ese es el concierto que va a renovarse en el Consejo de Ministros de este martes para los tres próximos años, un periodo para el que el Estado autoriza a Muface a gastar más de 3.500 millones de euros para suscribir los contratos con las aseguradoras privadas.
El plan previsto por Hacienda supone un importante incremento en la prima abonada a las empresas. En concreto, el presupuesto crecería un 8% en 2022, un 8,75% en 2023 y un 10% en 2024, siempre tomando como referencia a la prima prevista en el plan relativo a los años 2020 y 2021. Y ese aumento ha provocado el rechazo de Unidas Podemos, que no está de acuerdo en elevar la cuantía destinada a pagar a las aseguradoras privadas. Los morados, de hecho, consideran que Muface debería ir progresivamente desapareciendo, y proponen que los nuevos funcionarios sean automáticamente adscritos a la Seguridad Social, si bien insisten en que los derechos adquiridos de los funcionarios que ya están adscritos a esa mutua se mantendrían en todo caso.
El Ministerio de Hacienda argumenta que es necesario dedicar más dinero a esta partida por el aumento del número de mutualistas en Muface, además de por el envejecimiento de sus beneficiarios -y la mayor probabilidad de que necesiten atención sanitaria- y la inclusión de nuevas prestaciones en el Sistema Nacional de Salud que tendrán que ofrecer las aseguradoras privadas. Pero el ala de Unidas Podemos del Gobierno, en un documento remitido a Hacienda, sostiene que "dicha explicación no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de Gobierno".
Servicios extra financiados por el Estado
En este escrito, enviado por el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, los morados sostienen que el Ejecutivo debería "apostar por una sanidad pública que se base en la gestión pública directa" en lugar de mantener sin cambios el sistema con el que actualmente se rige Muface. Además, Unidas Podemos plantea que es necesario "adoptar un cambio progresivo con este objetivo, el cual debería realizarse mediante la inclusión de las nuevas incorporaciones de la administración pública directamente al Sistema Nacional de Salud", lo que no sumaría nuevos beneficiarios a los servicios de estas aseguradoras privadas y, por tanto, reduciría la necesidad de financiación.
Derechos Sociales critica, igualmente, que el Estado financie coberturas a los beneficiarios de Muface que optan por seguros privados que no se encuentran en la cartera de servicios de la Seguridad Social. "La prestación sanitaria [...] incorpora servicios que no se incluyen en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud: 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que 'se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante' en los ingresos hospitalarios", enumera Unidas Podemos.
El departamento que lidera Belarra no quiere que dejen de prestarse estos servicios a los funcionarios, sino que se extiendan a todos los ciudadanos que están solo cubiertos por el sistema público de la Seguridad Social. "Este departamento comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero enfatiza la necesidad de que sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", señala Derechos Sociales.
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