El Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz encara el inicio del curso político con una tarea que debe dejar cerrada antes de final de año: la primera parte de la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP, que el Gobierno se comprometió ante Bruselas a aprobar en 2021. Tras varios meses de negociaciones, a finales de julio, Gobierno, patronal y sindicatos llegaron a un punto muerto y decidieron retomar las conversaciones a la vuelta de las vacaciones. El próximo miércoles es el día marcado en el calendario para volver a poner en marcha una negociación en la que el gran escollo sigue siendo la vía para reducir la temporalidad del mercado laboral.

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La semana que viene se prevé intensa para Trabajo, que además de tratar de cerrar los últimos flecos de la subida del salario mínimo interprofesional para 2021 tendrá dos citas importantes: la reanudación de la mesa para la reforma laboral y la primera reunión con patronal y sindicatos para acordar los términos de la próxima prórroga de los ERTE, que en su actual formulación vencen el 30 de septiembre. Hace unos días, Díaz volvió a comprometerse a que la reforma laboral estará publicada en el BOE antes del 31 de diciembre, por lo que el Gobierno tiene prisa para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales.

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No obstante, todo apunta a que el pacto no será fácil de conseguir. En la última reunión que mantuvieron, el pasado 28 de julio, Gobierno, patronal y sindicatos apenas avanzaron, fundamentalmente por la oposición de los empresarios a la propuesta de Trabajo, que tacharon de "inaceptable". Ese texto busca englobar en un único contrato los actuales de prácticas y formación, así como reformular el contrato fijo discontinuo para facilitar que los trabajadores contratados temporalmente de manera estacional puedan acogerse a él y tener mayor estabilidad. 

El objetivo, compartido por los sindicatos, es el que lleva meses planteando Trabajo: reducir a tres los tipos de contrato y limitar la modalidad temporal a una serie de supuestos muy tasados, ya que Díaz considera que el exceso de temporalidad es precisamente una de las causas de la precariedad del mercado laboral español. No obstante, la patronal tiene una visión radicalmente opuesta, y de hecho el pasado julio el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sostenía que "sólo desde una posición puramente ideológica se puede llamar precariedad a la temporalidad".

En múltiples ocasiones, Garamendi ha tildado de "contrarreforma laboral" las propuestas de Trabajo, y en un duro comunicado la patronal acusó hace unos meses a Díaz de formular propuestas de corte "marxista". "La temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y de los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios", sostenía en julio la CEOE.

CC OO ve "muy difícil" un acuerdo con la patronal

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Tanto Trabajo como los sindicatos rechazan frontalmente esta afirmación, pero lo cierto es que el tiempo apremia y los empresarios ya han dejado caer en alguna ocasión que prefieren que el Gobierno regule sin su apoyo que firmar una propuesta que no les convenza. Se trata de un escenario que no es el preferido por el Gobierno, pero los sindicatos han avisado en los últimos días de que pactar con la patronal sobre la reforma de la temporalidad va a ser complicado y han exigido que este desacuerdo no sea un "tapón" para las reformas, por lo que el Ejecutivo podría verse forzado a legislar sin acuerdo a tres, como probablemente ocurra para subir el salario mínimo interprofesional.

El pasado miércoles, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, avisaba de que "sería un mal presagio" de cara a negociar sobre la reforma laboral que la CEOE se niegue a apoyar el incremento del salario mínimo, el escenario que, hoy por hoy, parece probable. Y el pasado viernes, su homólogo de CCOO, Unai Sordo, admitía que ve "muy difícil" que haya un acuerdo sobre la derogación de la reforma laboral que incluya a Gobierno, patronal y sindicatos, por lo que sostuvo que deben plantearse unas conversaciones "intensas" y "rápidas" para que el Ejecutivo tenga un texto definitivo que poder aprobar cumpliendo los plazos previstos.