Ser presidente de una comunidad autónoma no es un trabajo para toda la vida, pero en algunos casos sí que otorga ciertos derechos que la facilitan. El Gobierno andaluz planea impulsar una norma para garantizar a los expresidentes de la Junta un puesto remunerado vitalicio en el Consejo Consultivo de la comunidad, un órgano asesor de la propia Junta con competencias similares al Consejo de Estado. Y, si Andalucía termina poniendo en marcha este modelo, no será la única autonomía que garantiza sueldos a quienes han ostentado sus máximos cargos ejecutivos: al menos nueve de las 16 comunidades restantes establecen algún beneficio económico para sus expresidentes.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía únicamente garantiza a sus exmandatarios "los medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina", así como los efectivos de seguridad que precisen una vez dejen el puesto. La ley también otorga a las personas que han ocupado la presidencia de la comunidad el derecho a ser miembros permanentes del Consejo Consultivo hasta los 65 años. Pero, actualmente, este cargo carece de sueldo en el caso de los consejeros no electivos. Y lo que pretende el Gobierno de Juanma Moreno es tanto eliminar el tope de edad como otorgar el mismo salario (de más de 68.000 euros brutos anuales) a los consejeros permanentes que a los electivos.
Ese modelo funciona ya de forma similar en comunidades como Galicia, cuyos expresidentes autonómicos tienen el derecho a ser miembros natos del Consejo Consultivo gallego si así lo solicitan, con un sueldo de más de 68.000 euros brutos. Además, a los expresidentes también se les otorga una compensación económica durante los dos años posteriores a su cese en el cargo con una cuantía que equivale al 60% del sueldo del presidente de la Xunta en ese momento. Y, por último, Galicia pone a disposición de sus exmandatarios asistente y chófer, por un plazo de cuatro años si se ha ejercido el cargo durante una sola legislatura y por un tiempo de diez años si se ha ocupado el puesto durante un periodo mayor.
Ningún expresidente de la Xunta ha decidido solicitar su entrada en el Consejo Consultivo de Galicia. Pero no ocurre lo mismo en la Comunitat Valenciana, que establece un régimen similar para sus expresidentes: allí, el expresident Francisco Camps se embolsa un sueldo bruto de 81.586 euros anuales por su cargo de consejero nato del Consejo Jurídico Consultivo de la comunidad. La ley, además, le da derecho a disfrutar de una "oficina de apoyo", lo cual se traduce en "dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor" en los que puede colocar a quien quiera y "un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat".
De la misma forma, Castilla y León garantiza a sus antiguos presidentes un puesto jugosamente remunerado en el Consejo Consultivo de la región, el órgano asesor de la Junta. Allí, acompañando a los dos consejeros electivos y al presidente, se sienta en calidad de consejero nato el expresidente castellanoleonés Juan Vicente Herrera, que ocupó el máximo puesto ejecutivo hasta 2019, cuando se incorporó a su nuevo cargo a razón de 78.010 euros anuales brutos. Según fija la ley, podrá estar en el Consejo hasta los 70 años -Herrera tiene 65 ahora mismo-, aunque si lo pide expresamente podrá ampliar el desempeño de su cargo hasta los 75.
En Castilla-La Mancha los expresidentes de la Junta tienen el mismo derecho a ser consejeros natos del Consejo Consultivo, aunque en el caso de esta región solo Jesús Fuentes, de entre sus exmandatarios vivos -además de Fuentes, José Bono, José María Barreda y María Dolores de Cospedal- ha solicitado ejercer un cargo remunerado con 70.755 euros brutos anuales, algo que hizo entre 1996 y 1998. Además, la ley otorga a los expresidentes el derecho a tener "una secretaría de apoyo" una vez dejan el puesto durante un tiempo equivalente al que hayan desempeñado el cargo de presidente. Esta oficina está dotada con dos asistentes, un local y un coche con chófer.
Retiro dorado en Cataluña y Euskadi
En comunidades como Cataluña, Euskadi o Navarra los expresidentes también disfrutan de ciertos privilegios, aunque el régimen al que están sometidos es distinto al que rige en Galicia, Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha y Castilla y León. La Generalitat, por ejemplo, es especialmente generosa con sus expresidents: la ley les garantiza una remuneración mensual equivalente al 80% del sueldo del presidente catalán -que actualmente asciende a 153.235,50 euros brutos anuales- durante la mitad del tiempo que ostentaron la máxima responsabilidad ejecutiva, durante un mínimo de una legislatura.
Pero no solo eso: una vez cumplen los 65 años, los expresidentes de la Generalitat tienen derecho a pensión vitalicia, dotada con una cuantía equivalente al 60% del presidente de la Generalitat. Y, además, Cataluña otorga a sus exmandatarios una oficina de representación dotada con tres puestos de trabajo adscritos a su servicio, así como una dotación presupuestaria para gastos, servicios de seguridad y un automóvil de representación con chófer, todo a cargo de los Presupuestos de la Generalitat.
Euskadi también garantiza un retiro dorado a los antiguos lehendakaris. En el País Vasco, los mandatarios no tienen derecho a una indemnización cuando dejan el cargo -sí a una oficina de apoyo, una secretaría elegida a dedo y un coche con chófer-, pero sí disfrutan de una jugosa pensión cuando alcanzan los 65 años que es de carácter vitalicio. Para tener derecho a ella solo hay que haber ejercido el cargo de lehendakari durante al menos dos años, y su cuantía es la equivalente al 50% del sueldo de quien ocupe el puesto en ese momento, que actualmente cobra 103.750 euros brutos anuales.
Navarra, por el contrario, no fija pensión para sus expresidentes, pero sí una importante indemnización temporal cuando dejan el cargo. Los exmandatarios forales tienen derecho a percibir una prestación económica mensual durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo, aunque con un máximo de dos años. Su cuantía es del 80% del sueldo que cobre en ese momento el presidente de Navarra, que actualmente asciende a 75.262 euros brutos al año.
La austeridad de Asturias, Baleares o Murcia
Ante esos despliegues de atenciones para los anteriores presidentes, la oficina dotada con tres asistentes que pone a su disposición Extremadura parece poca cosa. En Aragón, igualmente, la condición de expresidente de la Diputación General solo da derecho a ser elegible para el Consejo Consultivo de la comunidad, pero eso es decisión del presidente que ostente el cargo en ese momento y no se trata de un cargo permanente.
Madrid, por su parte, eliminó en 2015 este órgano consultivo, al que tenían derecho a pertenecer sus expresidentes con un jugoso sueldo. Y tanto allí como en Asturias, La Rioja, Baleares, la Región de Murcia o Canarias, los expresidente simplemente pasan a ser ciudadanos de a pie en el momento en el que dejan el sillón.
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