Ni PP ni Ciudadanos han conseguido que la Asamblea del Consejo de Europa retire la propuesta del parlamentario letón Boris Cilevics, que finalmente se votará este mismo lunes. Quien sí podía haberlo frenado y no lo ha hecho, a juicio de los populares, es el Gobierno, a quien beneficia este informe, según fuentes del PP, para dar peso a su decisión sobre los indultos y para reformar el Código Penal para rebajar las penas a los delitos de sedición y rebelión.

El informe del Consejo de Europa supone un mazazo para nuestro país, puesto que pone en cuestión la libertad de expresión en España al considerar que los condenados por el procés están en prisión por varios delitos, "entre otros por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos", lo que supone, para las dos formaciones, "asumir la falsa propaganda independentista del 1-O".

¿Qué es el Consejo de Europa y qué funciones tiene?

"Si el ponente hubiera sido del Partido Popular, ahí estamos nosotros y esto no sale", aseguran con indignación entre las filas populares. Pero el relator del informe, Boris Cilevics, es un parlamentario letón del Partido Socialdemócrata, que ha hecho un "informe a medida" y "con bisturí" por el "tema catalán".

Si bien no tiene carácter vinculante, el informe tiene una repercusión política que beneficia a Sánchez, cuyo partido ha hecho escasas gestiones para evitar su tramitación, sostienen los populares. El partido que dirige Pablo Casado considera que hay un intento del Gobierno de "blanquear y avalar" en el Consejo de Europa los pasos que está dando para conceder indultos a los condenados por el 1-O, abrir una mesa de negociación "política" con la Generalitat y reformar el delito de sedición.

El escrito, indican en el PP, se ha elaborado durante el confinamiento y su autor "tiene que hablar con todos los afectados, con fiscales... pero no ha hecho un informe con entrevistas de peso", por lo que carece de credibilidad pero da alas al independentismo en una situación delicada para España, según valoran los populares.

"Y si se indulta a los presos, como pone en el informe, ¿qué pasa con los huidos? Se les imputan los mismos delitos", añaden. En concreto, el Consejo de Europa invita al Gobierno a modificar los delitos de sedición y rebelión del Código Penal para que no parezca que se castiga la libertad de expresión como vienen sosteniendo los independentistas catalanes. Asimismo, aconseja que los presos sean indultados y se cancele la orden de extradición a los políticos huidos teniendo en cuenta que están acusados de lo mismo.

"Internacionalizar su proceso de rendición"

El portavoz adjunto de Exteriores del Grupo Popular, Pablo Hispán, cree que el Ejecutivo está "internacionalizando su proceso de rendición del Estado de Derecho" y, con ese objetivo, ha buscado que le hagan un "informe a la carta". En declaraciones a Europa Press, Hispán recalcó el pasado viernes que Exteriores debe informar de "qué gestiones ha hecho desde que se conoció que el ponente iba a ser Cilevics para evitar que saliese un informe contrario al Estado de Derecho en España y de estas características".

El diputado 'popular' pronosticaba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha hecho nada" a pesar de que hay un "embajador dedicado al Consejo de Europa". A su entender, desde que se conoció hace un año que se iba a hacer ese informe el embajador debería haber recibido "instrucciones directas de Madrid sobre esta cuestión".

Ciudadanos pidió que se retirara el informe

Desde la formación naranja, por su parte, evitan responsabilizar al Gobierno en este asunto y centran el objetivo en el Consejo de Europa, al que han apelado en repetidas ocasiones para que no publique un informe que no se ajusta a la realidad.

El pasado jueves, la diputada Sara Giménez, junto a la europarlamentaria Maite Pagazaurtundua, firmaron una petición conjunta dirigida a la Asamblea para que se retirara la propuesta del letón Boris Cilevis, sin éxito. En su escrito, denunciaban que el documento solo vincula a Cilevics, ya que no ha contado con una votación previa ni se han aceptado enmiendas.

Al igual que los populares, consideran que se trata de una información "sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña" y pone en cuestión el ejercicio de los tribunales españoles de forma gratuita, ya que "no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones (en relación a la malversación de fondos) y carece de rigor jurídico".

El informe fue aprobado en el Comité de Derechos Humanos celebrado a principios de mes y ahora debe ser ratificado en el pleno. Los socialistas entonces enmendaron una parte del texto, pero preguntados por este medio al respecto no han querido pronunciarse hasta que se produzca la votación.

Las asociaciones de jueces instan al Gobierno a actuar

A los partidos de la oposición citados se han sumado también las asociaciones de jueces, que han alzado la voz al saber de la votación de este lunes. En un escrito conjunto entre varias asociaciones instan al Gobierno de España, "como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos necesarios para impedir la aprobación del proyecto de declaración en los términos en que aparece redactado por resultar injustos y afrentosos para uno de los poderes del Estado".

Los jueces también piden la colaboración de los partidos representados en la Asamblea del Consejo de Europa para que expongan la falsedad que está plasmada, así como la pronunciación del CGPJ como máximo órgano de los jueces para que denuncie las "inexactitudes" descritas.

Sociedad Civil Catalana elaboró un informe paralelo en el que desmonta las falsedades que se reflejan en el del Consejo de Europa y en el que especifica, entre otras cuestiones, que "desde el año 2013, las autoridades autonómicas decidieron dejar de actuar dentro del marco constitucional español" y corrige graves errores como el que indica que en 2017 el Ministerio del Interior controlaba los Mossos d'Esquadra, cuando lo cierto es que la policía autonómica estaba bajo las órdenes de la Generalitat hasta después del 1-O, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el artículo 155.