El Consejo de Europa pone en cuestión la libertad de expresión en España por la condena a los líderes del procés

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El líder de ERC, Oriol Junqueras.
20M EP

La Asamblea del Consejo de Europa vota este lunes un duro informe que deja en muy mal lugar a España, al considerar que castiga la libertad de expresión en relación a la condena a los líderes del procés encarcelados. Además, el documento apoya su indulto, como planea el Gobierno, e invita al Ejecutivo a modificar los delitos de sedición y rebelión del Código Penal.

Bajo el título ¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, el informe del Consejo de Europa, un órgano independiente de la UE del que forman parte representantes de hasta 47 Estados, reconoce que España es una "democracia viva, con una cultura de debate público libre y abierto". Sin embargo, afirma que los políticos catalanes fueron procesados y condenados a largas penas de prisión por sedición y otros hechos, como "declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos".

"La Asamblea respeta la independencia de los tribunales españoles", señala el escrito, que reconoce que las actuaciones de los políticos están fuera de la Constitución pero e invita al Gobierno a "reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición, de modo que no puedan ser interpretadas en el sentido de deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal o dar lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas”. En este sentido, el relator y autor del informe, el letón socialista Boris Cilevics considera los delitos de rebelión y sedición como “obsoletos y excesivamente amplios para abordar lo que en verdad es un problema político que debe resolverse por medios políticos”.

"Indultar a los presos" y "abandonar los procesos de extradición"

El escrito, que fue aprobado a primeros del mes de junio y este lunes se ratifica en la Asamblea, invita al Gobierno a "indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017" y a "considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos", como el expresident Carles Puigdemont.

Además, pide que no se exija a los condenados que repudien sus ideas "a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de indulto" y que se entable "un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña" para fortalecer la calidad de la democracia española.

Este informe ha provocado un enorme revuelo entre los partidos de la oposición y las asociaciones de jueces, que piden al Gobierno que actúe con los mecanismos diplomáticos necesarios para frenar su aprobación que, si bien no tiene carácter imperativo, sí tiene carácter político y en este caso da alas a los independentistas en su discurso de que hay presos políticos España.

Los jueces también han pedido a los partidos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa que expongan con claridad las falsedades incluidas. Tanto el PP como Ciudadanos han rechazado en reiteradas ocasiones este escrito al considerar que "asume la falsa propaganda independentista del 1-O" y pone en cuestión el honor y el prestigio de la Justicia española. La formación naranja solicitó por escrito el pasado jueves que se retirara el proyecto, pero sin resultado.

 

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