El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, replicó este martes, preguntado por el incremento de los desahucios, que "los datos no dicen esto" y sostuvo que este es un "ámbito que se presta fácil a la propaganda".
Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros una valoración sobre las cifras del CGPJ, conocidas este lunes, que reflejan una subida de los desahucios, Ábalos respondió que es "paradójico" que al Gobierno "se le acuse de amparar las okupaciones" mientras "resulta que los datos que nos ofrecen no van en esa dirección".
"U okupamos o desahuciamos. Ajustemos la propaganda", agregó. "Este es un tema serio, no podemos jugar así", insistió.
El responsable de la cartera de Transportes ha argüido que no todos los desahucios que se producen ocurren en "viviendas habitadas y con personas vulnerables", sino que también ocurren en "locales comerciales y bienes de todo tipo". Además, Ábalos ha defendido que, tras la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda de 2019, los lanzamientos se han ido reduciendo progresivamente.
Lo cierto es que, tras encadenar 30 meses consecutivos de bajadas interanuales, los desahucios volvieron a repuntar en el primer trimestre de 2021. Desde el 1 de enero y hasta marzo, 10.961 personas fueron expulsadas de viviendas, locales comerciales o fincas rústicas por incumplimientos de contrato: una media de 123 al día. De ellas, la mayoría (7.862) eran contratos de alquiler.
Nunca antes habían crecido tanto los desahucios entre dos trimestres separados por un año, aunque la subida -del 13,4%- puede estar condicionada por el efecto del confinamiento, que ya se reflejó en los primeros datos de 2020. Pese a ello, el dato de desahuciados hasta marzo es el segundo más bajo de la serie histórica, que se remonta hasta 2013.
La ley de vivienda sigue atascada
Otro de los temas que han centrado la atención en el Consejo de Ministros ha sido la ley de vivienda, una norma que causa notorias discrepancias entre los dos socios de gobierno. Preguntada por esta cuestión, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido que, aunque la ley lleva "tiempo de retraso" se sigue trabajando "intensamente" en ella y se ha mostrado "convencida" de que alcanzarán un pacto que "respetará el acuerdo de gobierno".
El ministro Ábalos también ha echado balones fuera. "Estamos discutiendo mucho, estamos hablando, pero somos miembros de un mismo gobierno con una misma responsabilidad, objetivo y tarea", ha dicho.
El gran punto de fricción en esta ley, cuya tramitación se demora ya más de tres meses, es la decisión de limitar o no el precio de los alquileres. Unidas Podemos defiende dotar a comunidades y ayuntamientos de poder para intervenir los precios en zonas "especialmente tensionadas", mientras que el PSOE se decanta por un sistema de incentivos fiscales.
Donde sí hay consenso es a la hora de penalizar a los propietarios que mantengan sus pisos vacíos. Las dos formaciones apoyan implantar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los tenedores de más de cuatro viviendas vacías que las mantengan desocupadas durante dos años o más, descontando aquellas que estuvieran en obras, en alquiler o a la venta.
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