La crisis de Ceuta y el choque diplomático con Marruecos tampoco sirven para que Gobierno y oposición vayan a una en el Congreso. La sesión de control en la Cámara Baja de este miércoles fue escenario de una nueva disputa entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, después de que el segundo acusara al presidente de ser el culpable de la crisis con Marruecos y asegurase que le queda "grande" su puesto. Sánchez denunció que el líder del PP le hubiera prometido apoyo y apenas un día después le critique, y le acusó de "deslealtad" frente al "desafío" -que este martes el Gobierno solo calificaba de crisis migratoria- de Marruecos a España.
Para Casado, el desencuentro diplomático con Rabat es la "crónica de una crisis anunciada" y el máximo culpable es el Gobierno. Y no solo por haber ofendido a Marruecos por haber dado tratamiento médico en Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, sino por toda una política exterior llena de "errores" con el país vecino. Para España, sostuvo Casado, "su Gobierno es nuestra mayor debilidad", y por eso Sánchez debería tener "humildad" y dejarse "ayudar" por el PP.
Esos errores, para el líder del PP, comenzaron cuando Sánchez rompió la tradición de iniciar en Marruecos su agenda exterior como presidente. Pero, además, Casado citó entre ellos la supuesta falta de reacción del Gobierno a la ocupación de aguas de Canarias y al reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental declarada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
Las palabras del líder de la oposición llegaron apenas 24 horas después de que, durante una conversación telefónica, Casado prometiese lealtad a Sánchez ante el pulso de Marruecos. Y, por ello, Sánchez criticó el tono del presidente del PP. "No me queda claro: ¿apoya al Gobierno o no? Porque por la mañana en una conversación privada me dice una cosa y luego otra", denunció el presidente del Gobierno, que exigió a Casado que abandone su actitud "desleal" no solo con el Ejecutivo, sino "con el Estado".
"Queremos saber de qué lado está la oposición, si del interés general o de los intereses partidistas", espetó Sánchez al líder del PP. Porque, a su juicio, el comportamiento de los populares en la crisis de Ceuta demuestra que, una vez más, el PP está intentando utilizar una "calamidad" como el choque diplomático con Marruecos "para tratar de derribar al Gobierno de España". "Y no lo van a lograr", le advirtió Sánchez a Casado.
"Este es el problema que tiene la democracia española, que estamos sufriendo una oposición que no solo es desleal con el Gobierno, que bueno, sino que también es desleal con los intereses generales del Estado y, por tanto, con los intereses generales de la ciudadanía española", espetó el presidente. Y, en un tono encendido, insistió en la idea que ha expresado en otras ocasiones: que "la derecha no acepta que gobierna la izquierda porque les ha ganado las elecciones".
Vox habla de "invasión" a Ceuta
En la misma línea que este martes, Vox fue más duro y aseguró que lo que está ocurriendo en Ceuta es una auténtica "invasión" fruto de que Marruecos ha "visto que este es un Gobierno débil". Así lo planteó su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en una pregunta a la vicepresidenta Carmen Calvo en la que aseguró que las autoridades marroquíes han lanzado este supuesto ataque "de forma organizada" para "tomar la ciudad de Ceuta".
Ante "semejante desafío", censuró Espinosa de los Monteros, el Gobierno no muestra "la firmeza y la contundencia necesarias para defender nuestras fronteras". Por ello, el portavoz de Vox exigió que se "detengan, identifiquen y expulsen inmediatamente a todos los que han violado nuestra soberanía".
En respuesta, Calvo fue en la misma línea que Sánchez: para ella, la oposición no las políticas del Gobierno sino su propia existencia porque no es el que "quieren" "como" quieren. Por ende, la vicepresidenta acusó a Espinosa de los Monteros de poner en cuestión la "democracia", y le recordó que Vox planteó en el Congreso la posibilidad de "ilegalizar partidos" independentistas más de cuatro décadas después de que España se abriera "a todas las libertades ideológicas".
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