Hace tres semanas, Javier Lorente era un ciudadano más. Pero, cuando conoció la intención del Gobierno de imponer peajes en las autovías, este cordobés de 25 años inició una pequeña revuelta virtual. En apenas 21 días, ha entregado en el Ministerio de Transportes más de 220.000 firmas contra lo que, dice, es una medida "que atenta contra el derecho fundamental de libertad de movimiento" recogido en el artículo 19 de la Constitución Española.

Pregunta. Este jueves entregó las firmas en el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. ¿Qué respuesta ha obtenido?

Respuesta. Me he reunido con el director del gabinete del ministro [José Luis Ábalos], que ha escuchado lo que tenemos que decir y se han mostrado abierto y concienciado del trasfondo social de nuestro movimiento. Nos ha dicho que no van a tomar ninguna medida sin que haya consenso social y político. No obstante, le he reiterado que nuestro objetivo es conseguir un compromiso por parte del Ministerio y del Gobierno para que no implementen ningún sistema de peajes. Mientras tanto, seguiremos luchando, porque no estamos dispuestos a aceptarlo, y cuanto mayor sea la participación ciudadana, mejor.

P. Ha logrado más de 220.000 firmas. ¿Se ha marcado algún objetivo?

R. Mi objetivo es que el movimiento siga creciendo mientras no haya por parte del Gobierno un compromiso claro de que no van a implementar el sistema de peajes en las autovías españolas. Llamo a las personas a que se sumen, que todo aquel que piense que no tiene que pagar por desplazarse por las autovías, se una. Cada voz cuenta y lo estamos viendo.

P. ¿Cómo nace la idea?

R. Leí la noticia de que el Gobierno había incluido en su plan de recuperación esta medida. Investigué y vi que era cierto, que no era un bulo. Me indignó muchísimo y comencé a redactar la protesta a través de Change.org con la esperanza de llegar a muchas personas que compartiesen mi punto de vista. Cierto es que nunca pude imaginar que tantísimos se sumasen a la causa y dijesen basta.

P. ¿Le ha contactado alguna asociación de automovilistas?

R. De momento, no. Quienes sí me han contactado son diversos medios de comunicación. El impacto mediático que se está creando es enorme y yo estoy muy contento porque la población no está pasándolo por alto.

P. ¿Y algún partido de la oposición?

R. No. Además, desde el punto de vista político solo quiero comentar que yo soy un ciudadano más, un chico de 25 años que, ante una medida que considera injusta e ilógica, ha protestado. Pero no pertenezco a ningún partido político porque, además, independientemente de la ideología, todos los partidos tienen que escuchar a la ciudadanía y si toman una medida que vaya contra la voluntad popular es que algo no funciona bien.

P. ¿Cuál es la razón principal por la que está en contra de los peajes?

R. Porque estaríamos pagando dos veces por el mismo ítem. Sería una doble vía impositiva, ya que todos los ciudadanos, poseamos un vehículo o no, pagamos a través de distintos impuestos por el mantenimiento de las carreteras.

En el caso de los que tenemos vehículo, pagamos el impuesto de tracción mecánica, que se supone que está destinado a sufragar el desgaste de las carreteras. La recaudación de ese impuesto fue en 2019 de 3.561 millones de euros.

El Gobierno, según datos oficiales, dice que se ha de invertir 1.500 millones al año en las carreteras, aunque en el Presupuesto invierten 1.000 o 1.100 millones, creando un déficit de 400 millones. Si están recaudando 3.500 millones en concepto de mantener nuestras carreteras, ¿a dónde están destinando los 2.000 millones que sobran?

P. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha abierto la puerta esta semana a implantar bonificaciones para usuarios recurrentes y transportistas, ¿qué le parece?

R. Es que el debate no es que haya bonificaciones o no. El punto es que no hay una razón lógica o justa para imponer un peaje por algo que ya estamos pagando. No es una cuestión de reducir la carga, sino que es un derecho por el que pagamos y contribuimos. Por eso no me vale que me digan que va a haber bonificaciones, que es un intento de relajar la opinión social. Hay que buscar soluciones al hecho de que, pese a todo lo recaudado, no se llegue a cubrir el gasto. Eso es lo que hay que abordar. Mientras eso no se solucione, toda opción de implantar el cobro directo que nos haga pagar dos veces lo mismo es un insulto a los ciudadanos.

P. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, justifica el peaje con el “principio comunitario” de que “quien usa, paga”...

R. La mayoría de países de la Unión Europea que tienen peajes los tienen porque esas carreteras se han construido a través de fondos de inversión privados. A raíz de eso se les ha permitido cobrar peajes a largo plazo para recuperar la inversión, pero en el caso de España las autovías se han construido con fondos públicos. Por eso, pretender cobrar por algo que ya está pagado significa privatización y no podemos consentirlo. Precisamente son las empresas conglomeradas las más interesadas en implementar esta medida, porque quieren que les concedan la gestión de esos peajes y no podemos permitir que algo que es propiedad de todos caiga en manos privadas.

P. Expertos y asociaciones han mencionado que la siniestralidad podría aumentar por el posible trasvase de coches hacia carreteras secundarias, que tienen más mortalidad.

R. Lo veo posible. Según los datos de la DGT, en 2020 el 77% de los accidentes mortales fueron en carreteras convencionales. Ante esto, la ocurrencia del Gobierno ha sido implementar radares en esas vías, con el fin de disuadir a los conductores y con la excusa de aumentar la seguridad. Y no: es una forma más de coaccionar al ciudadano para que utilice las autovías de pago, y eso atenta contra el artículo 19 de la Constitución Española, que establece la libertad para desplazarse libremente por el territorio. Los peajes son un atentado contra el derecho fundamental de libertad de movimiento. Todas las medidas que vayan en ese sentido se han de rechazar.

P. ¿Tiene intención de convertir esta recogida de firmas en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)?

R. Hasta la fecha lo planteo como un movimiento popular de respuesta a una medida que se está debatiendo. Si llegado en caso se ha de convertir en eso, se llevará a cabo, porque es un debate social importante. Si la recogida de firmas me hace responsable de la causa, llegaré, dentro de mis capacidades y competencias, hasta donde pueda. Pero es lo que te digo: solo soy un ciudadano de 25 años que se ha encontrado con esto, y mi forma de afrontarlo es asumir la responsabilidad que implica sin llevarlo más allá de lo que es: un movimiento ciudadano.