La Asociación de Víctimas del Terrorismo dice que el traspaso de prisiones al País Vasco es "una cesión a ETA"

  • La AVT denuncia que la mitad de las víctimas sienten "indefensión, resignación y tristeza".
  • Esta semana, Iceta ha firmado que Euskadi gestione las tres prisiones de la autonomía, aunque no podrán acercar presos.
  • En la actualidad hay 44 presos de la banda terrorista en el País Vasco y 10 en Navarra, de un total de 192 en España.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibe a representantes de la AVT.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibe a representantes de la AVT.
Ministerio del Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibe a representantes de la AVT.

El traspado de la gestión de las tres prisiones de Euskadi al Gobierno Vasco es una "cesión a una reivindicación histórica de ETA". Al menos, así lo cree la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), que ha protestado por la firma que protagonizó el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el pasado lunes con el vicelehendakari Josu Erkoreka. "Se salda una deuda", aseguró el político catalán, que recordó que esta cesión está incluida en el Estatuto de Guernika y que la competencia sobre el traslado de presos seguirá siendo estatal.

La presidenta de la AVT Maite Araluce le ha trasladado su malestar este miércoles a Fernando Grande-Marlaska, responsable del Ministerio del Interior, con quien se ha reunido. "Es un encuentro que llevábamos un año solicitando", han señalado después desde la asociación. En este punto, han criticado la derogación "de facto" de la política de dispersión, lo que ha provocado "inquietudes" en las víctimas, que se sienten "indefensos, resignados y tristes".

Así, desde la AVT han expuesto que estas cesiones van en contra de lo que, dicen, Marlaska les señaló "en dos reuniones anteriores en septiembre de 2018 y marzo de 2020". "Es una cesión a una reivindicación histórica de ETA, de ahí a que haya sido aplaudido por el entorno de la organización", han insistido fuentes de la asociación, que han reiterado su reclamación de exigir a los presos etarras "colaboración con la Justicia y un arrepentimiento real", en vez de "contentarse con la firma de unas supuestas cartas que no son más que formularios".

La transferencia firmada por los ejecutivos central y vasco se hará efectiva el 1 de octubre, seis meses después de la firma que tuvo lugar el pasado lunes. Euskadi se convertirá así en la segunda comunidad autónoma en contar con esta competencia. La otra es Cataluña, a quien se le cedieron sus cárceles en los años 80. No obstante, ninguna de las dos podrá acercar presos, pues esa gestión seguirá correspondiendo al Gobierno central.

Pese a ello, desde la AVT han señalado que de los 190 presos de ETA que hay en España, 44 están en el País Vasco y otros 10 en Navarra, y han agregado: "Vemos como los herederos del frente institucional de ETA se vanaglorian de condicionar la política del Gobierno, y como los presos etarras son recibidos como héroes al salir de prisión", añaden.

Además, la agrupación presidida por Araluce dice que aceptan "con resignación" la legislación penal, pero que el "contexto" en el que se produce esa cesión y los acercamientos "no es moral". "Lo que pedimos es que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del derecho penal favoreciendo la impunidad", exponen.

En este punto, la AVT también ha aprovechado el encuentro con Marlaska para preguntarle por la reforma de la Ley de Víctimas, una promesa de 2018 que abriría la puerta a un nuevo régimen sancionador en los actos de homenaje que se brindan a diferentes presos de la banda terrorista. La respuesta del ministro, según ellos, es que "pronto" tendrán noticias. Desde el Ministerio no han aclarado más sobre la reunión.

Reunión con Casado

La asociación se ha reunido también este miércoles con el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado. El fin ha sido analizar la Proposición de Ley sobre protección de víctimas del terrorismo presentada hace unas semanas por los populares, una reforma que posibilitaría a las víctimas poder recurrir terceros grados y que "cobra ahora más importancia teniendo en cuenta el plan del Gobierno vasco de potenciar el régimen de semilibertad".

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