El Gobierno central y el País Vasco han acordado este lunes una de las peticiones históricas del Ejecutivo vasco: la transferencia de la gestión de las tres prisiones de la autonomía. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha firmado junto al vicelehendakari Josu Erkoreka y a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, la cesión de las cárceles tras una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.

Iceta ha defendido que "los traspasos son un instrumento de cooperación bilateral esencial y son la herramienta para hacer realidad la descentralización del Estado". En su primer viaje al País Vasco, Iceta ha recordado que esta cesión emana del Estatuto de autonomía del País Vasco firmado en 1979.

¿Qué se ha acordado?

Ambos gobiernos han acordado el traspaso de las tres prisiones vascas, así como del transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa y la gestión del código bibliográfico ISSN. La firma se ha producido en la Comisión Mixta, que cuenta con representantes de los dos ejecutivos y que establece las normas que rigen las cesiones. Se han cerrado, además, seis acuerdos complementarios para garantizar la prestación del servicio.

¿Cuándo se hará efectiva la cesión?

El paquete de transferencias se ha cerrado este lunes, aunque no se harán efectivas hasta el próximo 1 de octubre, por lo que tanto el Gobierno central como el de Euskadi contarán con seis meses más para la transición de la gestión de los centros penitenciarios.

La valoración económica de la transferencia es de 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo vasco, la suma que Euskadi paga al Estado anualmente por los servicios que el Ejecutivo presta en la autonomía.

¿Qué cárceles se transfieren? ¿Cuántos reclusos hay?

Las prisiones que serán competencia del País Vasco serán las de Zaballa, en Álava, que cuenta con 613 internos (547 hombres y 66 mujeres); Basauri, en Bizkaia, con 149 presos (todos hombres), y la de Martutene, con 194 internos (182 hombres y 12 mujeres). Esta última será sustituida en 2023 por otro centro penitenciario que se está levantando en San Sebastián. Junto con los presos y las cárceles, también pasarán a ser competencia vasca los 670 funcionarios de prisiones.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre y ya no acoge a población reclusa. Hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.

¿Podrá el País Vasco acercar a presos?

No. El acercamiento o cambio de cárcel depende en todo caso del territorio en el que esté ubicado el preso en cuestión, de la Junta de Tratamiento de la prisión en sí y de la Justicia en última instancia. Además, el funcionamiento de los internos en cuanto a conmutación de penas o pautas de rehabilitación seguirá siendo competencia estatal. 

No obstante, Euskadi sí pretende adoptar una fuerte política de reinserción que apueste también por el excarcelamiento. "Nuestro modelo estará sustentado en el uso del encarcelamiento como una opción extrema que se use cuando no exista otra alternativa y con el objetivo de que al menos el 40% de los reclusos, con todo tipo de delitos, cumplan sus penas en régimen abierto", señaló a finales del año pasado la consejera de Justicia del País Vasco, Beatriz Artolazabal.

¿Alguna otra autonomía gestiona las prisiones?

Euskadi se convertirá cuando se haga efectiva la cesión de las cárceles en la segunda comunidad autónoma en contar con esta competencia. La otra es Cataluña, a quien se le cedieron sus cárceles en los años 80.

¿A qué se debe la cesión?

En la rueda de prensa, tanto Iceta como Erkoreka han insistido en que la cesión de los centros penitenciarios "salda una deuda". "Es una cuestión trascendente, pendiente desde hace muchos años", ha añadido el ministro de Política Territorial y Función Pública, que ha concluido un proceso que ha implicado a sus dos antecesoras en el cargo: Meritxell Batet, actual presidenta del Congreso de los Diputados, y Carolina Darias, responsable de Sanidad.

Esa "deuda" está recogida en el Estatuto de Guernika, el Estatuto de autonomía que el País Vasco y el Gobierno central firmaron en 1979 tras un referéndum en el que la población de Euskadi ratificó su contenido. En el punto 12 del articulado se recoge que corresponde al Gobierno vasco "la ejecución de la legislación del Estado en legislación penitenciaria", entre otros extremos, como también otra de las cesiones que se ha cerrado este lunes: "La ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la comunidad autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal".

¿Puede volver la gestión de las prisiones al Estado?

Sí, aunque solo a través del mecanismo de aplicación del artículo 155 de la Constitución Española como el que se aplicó en Cataluña en 2017.

¿Qué dicen las asociaciones de víctimas al respecto?

En un comunicado, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha mostrado sus reticencias al traspaso de la gestión de las prisiones y ha pedido una reunión con la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, para acordar un "protocolo de comunicación directo". El objetivo es "fiscalizar" la gestión de los centros penitenciarios para "que se cumpla la ley" y no busquen "trampas" para "abrir las puertas a los presos de ETA cuando no toque".

¿Qué supone la transferencia del transporte por carretera?

Los dos gobiernos también han acordado la transferencia del transporte por carretera. El Ejecutivo vasco asumirá la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera de Euskadi, así como las vías que tengan su origen y destino en Euskadi. 

Sin embargo, Álava ya ejerce algunas de estas funciones debido a un convenio foral del año 1950. El acuerdo prevé la equiparación de lo establecido respecto a la Diputación Foral de Araba para las de Gipuzkoa y Bizkaia, así como la actualización del convenio alavés. En este caso, el traspaso tendrá efectividad a lo largo de este año.

Asimismo se ha cerrado el traspaso del código internacional de identificación bibliográfica o ISSN, un número que sirve para la identificación de las publicaciones seriadas. La gestión ha correspondido a la Biblioteca Nacional de España y tras la firma del traspaso la competencia pasará a manos de la Administración vasca.