El Gobierno asegura que no subirá los impuestos a la clase media y trabajadora, pero reconoce abiertamente que la recuperación económica posterior a la pandemia vendrá acompañada de una mayor presión fiscal. El Ejecutivo, por ahora, detalla poco esas subidas de impuestos, y fía su concreción a la labor del comité de expertos recientemente constituido y que dará a conocer sus conclusiones a comienzos de 2022.

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio, la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apuntó que es necesario cerrar la brecha entre la recaudación de España y la de la media de la Unión Europea, que ahora mismo está situada en 7,7 puntos sobre PIB. "Este Gobierno quiere acercarse a los estándares europeos, sobre todo porque estamos solicitando 140.000 millones", dijo.

En otras palabras, la llegada de los fondos europeos de reconstrucción se producirá a costa de una subida impositiva. España, dijo Montero, es "el séptimo país de la UE que menos ingresos tiene en relación con su economía" -sólo recaudan menos Malta, Letonia, Bulgaria, Lituania, Rumanía e Irlanda- y opinó que "si se analizan los datos con rigor intelectual" no sostienen declaraciones de "la derecha", que "vende que nuestro país es un infierno fiscal". La ministra, de hecho, acusó al PP de emplear eslóganes "sencillos" que rehúyen "la complejidad".

Montero cargó contra aquellos que "todos lo solucionan con la bajada de impuestos", pues ello implica -a su juicio- un modelo de "Estado mínimo", "pobreza" y donde no se combaten las desigualdades. La ministra defendió que ese es el caldo de cultivo perfecto para el "desapego a la política" y el crecimiento de "los populismos", y frente a ello defendió un modelo con un Estado del bienestar fuerte, con una recaudación que se acerque "a la zona que le corresponde" en materia de recaudación y donde se puedan "recuperar derechos que se han visto mermados".

"Es legítimo que cada partido tenga su modelo de fiscalidad, pero no se puede defender un Estado mínimo y [al tiempo] pedir ayudas para la sanidad, la educación... no se puede pedir más dinero contra la pandemia y, al tiempo, que se reivindique un Estado mínimo", zanjó Montero, quien prometió que "en ningún caso" se van a "subir impuestos a la clase media y trabajadora", porque el objetivo es "ganar progresividad fiscal" y hacer recaer esa carga sobre rentas altas y grandes multinacionales, que ahora pagan "proporcionalmente" menos que las clases bajas y las pymes, según el análisis del Gobierno.

Todas las opciones sobre la mesa

Lo que apenas aclara el Ejecutivo, al menos por ahora, es cómo lo conseguirá, es decir, qué impuestos subirá. Montero recordó que será el comité de expertos recientemente constituido el que, antes de febrero de 2022, hará una serie de propuestas, y a partir de entonces se tomarán decisiones, probablemente de cara a una posible entrada en vigor en 2023, cuando se prevé la intensificación de la recuperación económica y que las cifras de crecimiento se aproximen a las previas a la pandemia.

Preguntada por figuras concretas, como el IRPF, el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sociedades, la ministra dijo que en 2021 ya entraron en vigor varias medidas, y que no será hasta que el comité entregue sus conclusiones cuando se abordarán posibles modificaciones.

En cuanto a la fiscalidad verde, se limitó a constatar que existe un "abanico de posibilidades", nuevamente sujeto al análisis y las recomendaciones de los expertos, y similar fue su respuesta preguntada por los beneficios fiscales, muchos de los cuales se van a revisar. De momento, dijo, no hay ninguna "conclusión", y el Gobierno tampoco se ha marcado ninguna meta concreta sobre el nivel de recaudación que espera lograr con las reformas que se introduzcan en la recta final de la legislatura.