El estado de alarma termina el próximo 9 de mayo. Es el plan del presidente Sánchez, que no pedirá una nueva prórroga al Congreso. Acaba así al periodo de limitación de derechos fundamentales más prolongado de la democracia, que nació con polémica por su duración –seis meses en lugar de los 15 días habituales–, que concluye entre críticas –por la incertidumbre sobre las medidas que podrán mantenerse para contener al virus– y que se ha desarrollado con una escasa rendición de cuentas ante el Congreso: a Sánchez le han bastado tres horas de discursos en medio año para esquivar de las agónicas votaciones con las que renovó, cada dos semanas, el estado de alarma en 2020.

Las prórrogas del primer decreto de alarma, que entró en vigor en marzo de 2020 y se prolongó hasta junio de ese año, fueron uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno en la Cámara baja. El artículo 116 de la Constitución establece que el estado de alarma lo aprueba el Ejecutivo "por un plazo máximo de quince días" y que cualquier prórroga necesita la "autorización" expresa del Congreso. En la primera fase de la pandemia, con los contagios y los fallecimientos disparados, el presidente se vio obligado a acudir ante el parlamento quincenalmente para extender el decreto.

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por defender la alarma –"no hay plan B", llegó a decir Sánchez en mayo de 2020–, los apoyos menguaron con el paso de los meses y las votaciones se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para Sánchez. La primera prórroga obtuvo 321 síes. La segunda, 270 –Vox votó en contra–. La tercera, 269. En la cuarta, el PP se abstuvo y dejó el contador en 178 apoyos. En la quinta, los de Pablo Casado pasaron al no, y el PSOE tuvo que cerrar un pacto con EH Bildu para derogar la reforma laboral y salvar la votación con 177 síes. Y la sexta se aprobó con idéntico resultado y un acuerdo a última hora con Ciudadanos.

Tras esas dos últimas experiencias, Sánchez decidió que no habría más prórrogas. La mejora de los datos coincidiendo con la temporada estival permitió relajar las medidas y evitar la alarma, aunque en esos meses sin la cobertura del decreto –de junio a octubre de 2020– fueron varios los jueces que tumbaron restricciones aprobadas por gobiernos autonómicos: una jueza de Lleida dejó sin efecto el confinamiento de varios municipios, un juez de Mérida anuló la prohibición de que se reunieran más de 15 personas, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el cierre perimetral de esa Comunidad. Las resoluciones contradictorias fueron apilándose y en otoño el Ejecutivo ideó un nuevo estado de alarma, pero evitando las sucesivas votaciones en el Congreso. 

De quince días... a seis meses

La solución de La Moncloa fue una prórroga de seis meses. Muchos juristas dudaron de su constitucionalidad, ya que la Carta Magna limita a 15 días la declaración de la alarma. Sin embargo, el Gobierno encontró un resquicio en la ley que desarrolla el estado de alarma, que dice que el Congreso "podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes" en las prórrogas. El Ejecutivo reconoció que el motivo para pasar de 15 días a medio año era evitar las agónicas votaciones en el Congreso. El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, admitió que el primer estado de alarma acabó antes de tiempo porque el Gobierno "no pudo o no supo encontrar la mayoría necesaria", y justificó el plazo de seis meses por la necesidad de contar con mayor "estabilidad".

Varios grupos parlamentarios no vieron con buenos ojos el plan, porque perdían la posibilidad de controlar a Sánchez cada quince días. Finalmente, el PSOE y ERC pactaron que el presidente compareciera cada dos meses, es decir, cuatro veces menos que durante el primer decreto de alarma y la votación de salvó con 194 síes, la abstención del PP y el rechazo de Vox. El Gobierno también prometió convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos en marzo de 2021 para decidir sobre la posible prórroga del estado de alarma, un compromiso que no ha cumplido y que el PP ha reclamado en las últimas semanas.

Tres discursos en seis meses

Desde la aprobación de esos seis meses de estado de alarma, el 29 de octubre de 2020, Sánchez ha comparecido en el Congreso para rendir cuentas en tres ocasiones: el 16 de diciembre de 2020, el 24 de febrero de 2021 y el 14 de abril de 2021. Sus tres intervenciones iniciales suman menos de tres horas, y además el presidente ha mezclado la rendición de cuentas con otros asuntos por los que también estaba obligado a comparecer ante la Cámara o con anuncios importantes que han difuminado el debate sobre el decreto.

El 16 de diciembre, por ejemplo, Sánchez pidió comparecer para informar sobre el estado de alarma, pero también para dar cuenta de hasta tres consejos europeos: el extraordinario de los días 1 y 2 de octubre, el ordinario del 15 y 16 de octubre y el celebrado los días 10 y 11 de diciembre. Su discurso duró unos 52 minutos y abarca diez páginas del diario de sesiones de la Cámara, unas siete dedicadas a la crisis del coronavirus y el estado de alarma, y las tres restantes a las cuestiones comunitarias.

El 24 de febrero, el presidente intervino por espacio de unos 50 minutos para informar sobre el estado de alarma, pero acudió al Congreso con un as en la manga que copó todos los titulares del día: el anuncio de que "en las próximas semanas" aprobaría 11.000 millones de euros destinados a quitas de deuda y recapitalización de pymes y autónomos, especialmente para los sectores del turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.

Esta semana, finalmente, Sánchez se presentó ante el Pleno para informar sobre el estado de alarma, pero en realidad dedicó el grueso de su intervención a desgranar las líneas generales del plan de inversiones y reformas que remitirá próximamente a Bruselas a cambio de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción. Su discurso rondó nuevamente los 50 minutos, y la cuestión del decreto de alarma no apareció hasta superada la media hora de intervención.

El presidente se sacude las críticas

La táctica de Sánchez le mereció el pasado miércoles el reproche del líder de la oposición, Pablo Casado, que calificó su discurso de "comparecencia ómnibus", pero el presidente replicó que quienes le critican por comparecer "poco" son los que "siempre gritan", y lanzó esta pregunta: "¿Sabría usted decirme cuántos presidentes autonómicos han comparecido durante estos seis meses en sus parlamentos autonómicos para rendir cuentas sobre su gestión del estado de alarma y su gestión al frente como autoridad sanitaria? Sería interesante verlo, porque aquellos que reprochan que no hay rendición de cuentas no hacen ninguna comparecencia en sus comunidades autónomas".

Así las cosas, si nada cambia, restan tres semanas de estado de alarma. El Gobierno no tiene intención de prolongar el decreto, de volver a pasar por el calvario de las votaciones quincenales, ni tampoco de repetir las comparecencias de Sánchez, al menos por ahora. Mientras tanto, las críticas por el panorama de incertidumbre se multiplican. El último en cuestionar la decisión de La Moncloa fue, este mismo viernes, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que en una entrevista en la SER dijo que "el Estado no puede mirar para otro lado" y que "la fórmula más clara es que haya un mensaje único y seguridad jurídica máxima".