Trabajo ultima su propuesta final para asalariar a los ‘riders’

  • Los sindicatos asumen ya que la ley afectará solo a los repartidores y exigen crear un Observatorio de Plataformas
Concentración de 'riders' por la mejora de las condiciones laborales
Concentración de 'riders' por la mejora de las condiciones laborales
EUROPA PRESS
Concentración de 'riders' por la mejora de las condiciones laborales

La ‘ley rider’ quedó la semana pasada prácticamente vista para sentencia y sindicatos y patronal están ahora a la espera de que el Ministerio de Trabajo les presente una última propuesta de compromiso sobre una norma que convertirá a los repartidores en asalariados pero que previsiblemente se quedará corta con respecto a las expectativas que tenían no solo los sindicatos, sino también la ministra Yolanda Díaz, para empezar porque no se generalizará a todas las actividades a través de plataformas tecnológicas.

Si todo va como prevén los agentes sociales, la negociación de la ‘ley rider’ que empezó en diciembre pasado desembocará en un acuerdo en el que patronal y sindicatos habrán hecho concesiones, como también habrá ocurrido en el seno del Gobierno, donde la ministra de Trabajo habría querido ir más lejos y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no haber andado tanto. Como suele ocurrir, durante los meses de contactos Díaz ha estado alienada con los sindicatos y Calviño, con la patronal.

Tensión, presión y acuerdo

  • A la espera de rematar la ‘ley rider’, los sindicatos han iniciado movilizaciones para exigir la subida del SMI y reformar parcialmente la ley laboral. De momento, el presidente, Pedro Sánchez, respondió a estas reclamaciones reconociendo los acuerdos con los agentes sociales, pese a las «tensiones y presiones» que vienen «por todos lados».

Fuentes del diálogo social dan ya como algo sobreentendido que la ‘ley rider’ no regulará las relaciones laborales entre los trabajadores que presten sus servicios por medio de los encargos que reciben de una plataforma tecnológica, sea de la actividad que sea. Como exigió la CEOE y también quería Calviño, los sindicatos asumen ya que la ley no llegará tan lejos y que quedarán fuera de ella los trabajadores que, por ejemplo, realizan tareas de limpieza del hogar o traducciones mediante encargo por medio de plataformas.

Esta no era su idea desde el principio, como tampoco lo fue de Díaz, que también quería una ley de todas las plataformas. Pero la propuesta de compromiso –todavía sin fecha pero que las partes esperan para esta semana– previsiblemente se limitará a obligar a Deliveroo, Glovo o Uber Eats a contratar a sus ‘riders’. Fuentes de Trabajo no ocultaban que Calviño no quería una regulación más amplia y ya incluso antes de recibir la propuesta de la CEOE, hace ya dos semanas se abrían a buscar una solución que satisfaciese a las dos ministras.

En todo caso, estas exigencias pueden considerarse como una concesión puesto que ni la vicepresidenta ni los empresarios querían de inicio una ‘ley rider’.

Observatorio de Plataformas

Por lo que respecta a los sindicatos, el miércoles pasado la CCOO consideró "complicado" que la ‘ley rider’ saliera adelante con el visto bueno de la CEOE por su exigencia de limitarla a los repartidores. Pero a medida que han avanzado los días esta opción se ve como algo prácticamente inevitable. Sin embargo, este sindicato se mantiene en su exigencia de que se cree un "Observatorio de Plataformas", un órgano colegiado donde estarán representados patronal y sindicatos para hacer seguimiento del funcionamiento de estas pasarelas tecnológicas entre trabajador y cliente. 

En su propuesta inicial, este observatorio debía monitorizar los datos de un registro de plataformas digitales que Trabajo excluyó después de la futura ley. Además, CCOO insistirá en otro ajuste relativo a la información a la que tendrá derecho a acceder el comité de empresa que eventualmente se cree en cada plataforma. Sin registro obligatorio donde Deliveroo o Glovo debían desvelar su algoritmo, Trabajo propuso hace unas semanas que fueran los representantes de los trabajadores quienes tuvieran acceso a estos datos cruciales.

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