La negociación entre patronal, sindicatos y el Ministerio de Trabajo de la nueva 'ley rider' entra en su fase final, con el propósito de que las plataformas digitales estén obligadas a contratar a los repartidores. Pero, de nuevo en materia laboral, el acuerdo se está topando con la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos. Nadia Calviño ha descafeinado ante Bruselas el objetivo de obligar a las plataformas a contratar a los 'riders', que no aparece en ningún momento en el programa de reformas elaborado por su ministerio para recibir los fondos europeos. El compromiso allí plasmado se limita a darles "protección social" o "formación".
La promesa que Calviño ha hecho en el documento de reformas que ha enviado a Bruselas Bara recibir el Fondo de Recuperación de la UE pasa por alto la obligación de contratar a los 'riders'. En su lugar, emplea una fórmula mucho más imprecisa que se queda corta con respecto a esta intención declarada por Trabajo y los sindicatos.
La vicepresidenta se compromete con la Comisión Europea a "abordar la regulación de las personas que efectúan el reparto a domicilio en el ámbito de las plataformas digitales, en el que se ha generado una gran inseguridad jurídica y litigiosidad en los últimos años". Para ello, propone como medida "garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de plataformas digitales, dando acceso a protección social y formación a estas personas".
Sin embargo, nada se dice sobre la contratación de los 'riders' ni de las "relaciones de laboralidad" que tanto el Tribunal Supremo como el ministerio de Trabajo y los sindicatos tienen claro que debe ser el objetivo de la nueva ley.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos explican que esta generalidad se debe a que la 'ley rider' está todavía siendo negociada entre Trabajo, sindicatos y patronal. Sin embargo, el objetivo de la norma ha estado claro desde el principio: convertir a estos falsos autónomos en asalariados, tal y como dicta el Tribunal Supremo. En su programa electoral para las elecciones de noviembre de 2019, el PSOE se comprometió a "combatir los supuestos de contratación de personas que son falsas autónomas".
El Tribunal Supremo ha sido al determinar que los 'riders' son falsos autónomos. Con ellas en la mano, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encaró a final del año pasado una negociación con los agentes sociales para una ley que obligue a reconocer a estos trabajadores una "relación de laboralidad", es decir, que Glovo, Deliveroo o Uber Eats tengan que contratarlos.
Nueva reunión
La semana que viene está prevista una nueva reunión de Trabajo con los agentes sociales que se espera que sea la última aunque, al ser de carácter técnico, no se espera que de ella salga aún el acuerdo.
La 'ley rider' lleva siendo "inminente" desde hace meses y fuente sindicales acusan del retraso a la CEOE y a su desinterés en regular el sector de las plataformas digitales -no ha hecho ni una sola propuesta durante toda la negociación, afirman-. El mismo que sindicatos y el Ministerio de Trabajo atribuyen a Calviño, que además de sacar del documento enviado a Bruselas la obligación de las plataformas contraten a sus repartidores recela de extender la regulación a plataformas digitales que presten servicios distintos al reparto de comida y se muestra mucho más cercana a Glovo, Deliveroo y Uber Eats que la ministra de Trabajo.
Lo que sí concreta Calviño en su documento enviado a Bruselas es que la 'ley rider' se dirige a "las personas que efectúan el reparto a domicilio en el ámbito de las plataformas digitales". Citar esta única actividad, la del reparto a domicilio, no es casual, porque, como la CEOE, la vicepresidenta no está de acuerdo con la intención del Ministerio de Trabajo y los sindicatos de hacer una ley mas amplia, que reconozca como asalariados a todos los trabajadores cuyos servicios sean contratados a través de una plataforma digital, sea para el reparto de comida, para traducir textos o para contratar a personal doméstico.
Fuentes del Ministerio de Trabajo y sindicales así lo corroboran. "No quiere ir más allá" de los 'riders' y del reparto de comida a domicilio", dicen desde CCOO, donde consideran que Calviño no tendrá más remedio que aceptar una regulación de los 'riders' porque así lo dice el Supremo y el acuerdo de coalición. Pero tienen claro que la vicepresidenta no ve con buenos ojos que cualquier plataforma digital que preste cualquier otro servicio tenga que verse también en la obligación de contratar a quienes trabajan para ellas.
Trabajo admite que esta es una nueva brecha con la vicepresidenta pero confía en que habrá maneras de llegar a alguna "solución" aceptable también para ambos ministerios.
Receptiva a Glovo o Deliveroo
Como en ocasiones anteriores, Calviño aparece alineada con la CEOE, porque, como la patronal, al principio tampoco quería una 'ley rider'. También con plataformas como Deliveroo o Glovo y los repartidores que, como ellas, presionan para que el Gobierno les permita seguir siendo autónomos. Aseguran que si las plataformas son obligadas a contratar a los repartidores perderán dinero y muchos 'riders' dejarán de trabajar, bien porque no serán contratados debido a su edad o porque no les será rentables.
Uno de los colectivos que defienden esta postura es la Asociación Autónoma de Riders, que los sindicatos tienen claro que se una pantalla de Deliveroo, Glovo y Uber Eats. Ellos lo niegan aunque no ocultan su fluida relación con las plataformas de reparto para las que trabajan. Y también con el Ministerio de Asuntos Económicos, que los ha recibido en varias ocasiones. Todo lo contrario con lo que ocurre con el Ministerio de Yolanda Díaz, a la que reprochan que no los considere interlocutores válidos y con cuya directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, lograron reunirse esta semana, después de más de medio año pidiendo ser recibidos.
Esta asociación atribuye las reticencias a que Díaz no los considera parte de la negociación, algo que aseguran que no ocurre en el ministerio de Calviño, que los ha recibido en más de una ocasión, El Ministerio de Asuntos Económicos no ha querido comentar este extremo porque no hacen públicas las reuniones de sus secretarios de Estado ni de sus directores generales. Tampoco abrir hacer un "debate" sobre las posiciones dentro del Gobierno con respecto a la 'ley rider'.
"El Gobierno está partido. Está la rama de Podemos y la de Economía y el PSOE. Estos están más abiertos a escucharnos y a hablar con nosotros cada vez que les pedimos hablar, lo han hecho más veces. Trabajo, no", dice un portavoz de la Asociación Autónoma de Riders.
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