La negociación entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para reconocer derechos laborales a los repartidores en bicicleta que trabajan para plataformas digitales –los llamados riders– acaba de empezar y en sus inicios ya se ha topado con diferencias entre patronal y sindicatos. La semana pasada este tema se llevó a la mesa del diálogo social, que estudia cómo "volcar" en la legislación laboral la sentencia del Tribunal Supremo que falló que entre los riders y las plataformas para las que trabajan debe existir una relación de "laboralidad", es decir, un contrato de trabajo. 

En estos primeros lances ya ha surgido una primera discrepancia, relativa a la posibilidad de establecer criterios para diferenciar entre plataformas digitales que dirigen y organizan el trabajo de supuestos autónomos y aquellas que son realmente mediadoras entre verdaderos trabajadores por cuenta propia y sus potenciales clientes. Las primeras se verían afectadas por la Ley rider y deberían dar derechos laborales a quienes trabajan para ellas. También, figurar en un registro de nueva creación, al que deberían facilitar datos sobre su actividad. Todavía están por definir pero eventualmente podría pedirse el número de trabajadores en nómina.

Esta es la propuesta que hacen los sindicatos y que el Ministerio de Trabajo mantiene en la mesa de negociación. El departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha presentado una propuesta para regular la actividad de los riders, pero de momento contempla el planteamiento de CCOOy UGT como una opción de cara a la negociación.

Según explican en CCOO, "no se trata de prejuzgar" y cambiar de un plumazo el modelo de negocio de todas las plataformas digitales, pero sí "clarificar" el sector. No creen que tenga sentido actuar sobre las que simplemente ponen en contacto autónomos que trabajan por su cuenta con nuevos clientes, pero sí sobre aquellas que "coordinan el servicio, establecen la forma en la que se tiene que desarrollar el trabajo o articulan mecanismos de control de los trabajadores". Estas plataformas, entre las que están Glovo, Deliveroo o JustEat, "tendrán que cumplir con un marco laboral" entre empleadores y empleados, como falló el Supremo, dicen en este sindicato.

La CEOE no quiere "discriminar"

La idea, sin embargo, no gusta a la CEOE, que espera una regulación general de modelo de negocio que suponen las plataformas digitales que ofrecen servicios. Frente a la intención de los sindicatos y el propósito también declarado del Gobierno, los representantes empresariales no creen que haya que diferenciar entre unas y otras, lo que conlleva también un rechazo a crear un registro de las que emplean a los riders.

Desde el punto de vista de la CEOE, hay que legislar sobre las plataformas digitales en general y si alguna incumple las leyes lo que debe hacer Díaz es poner sobre ellas a la Inspección de Trabajo, como ya ha sucedido. Insiste en "no discriminar" entre plataformas y defiende en dar a todas el mismo trato, una reclamación que al inicio de la negociación entre Trabajo y agentes sociales también está aflorando diferencias entre las mismas empresas.

División entre las empresas

Según fuentes de la negociación, las de corte tradicional ven con buenos ojos que las plataformas digitales tengan que reconocer derechos laborales a sus repartidores, tal y como ellas hacen con sus empleados. Además, dentro de las mismas empresas digitales dedicadas al reparto existen hay diferencias.

Una de ellas, JustEat, ya contrata a sus repartidores, "celebra" que el Gobierno aborde una nueva regulación basada "en la relación laboral del repartidor" y ve una "desventaja competitiva" en que otras similares no lo hagan.

Una de ellas, Glovo, admite que hay compañías quieren ir más lejos que otras en la futura ley. En su caso, espera "una regulación clara" que dé "respuesta a la realidad del actual sector del delivery [reparto]", donde el Supremo falló que los trabajadores son "falsos autónomos".