Irene Montero recibe a 20minutos en el Ministerio de Igualdad, el mismo sitio en el que este medio la entrevistó en la semana del polémico 8 de marzo de 2020. Entonces hacía dos meses que había llegado al cargo. Ahora cumple su primer año de mandato y sin duda el balance viene marcado por la Covid, una pandemia que entre otras cuestiones ha dejado plenamente patente la "imposibilidad" de conciliar en España. La ministra resume lo abordado durante este tiempo y también ahonda en cuáles serán sus siguientes objetivos.

¿Cómo valora su primer año como ministra de Igualdad, que ha coincidido con el coronavirus? Para las mujeres ha sido especialmente difícil. Se han puesto negro sobre blanco muchos problemas estructurales que tiene este país. Por ejemplo, que es imposible conciliar, que las personas que sostienen los cuidados son las madres y las abuelas, también los colegios, y que cuando esos mecanismos se caen son las mujeres las que los llevan sobre sus hombros.

¿La pandemia ha acrecentado esos problemas? Ha hecho acuciante la necesidad de políticas de conciliación, de que los cuidados sean un derecho, y la importancia de los servicios públicos. Hay que fortalecer lo común y poner en el centro la vida de las mujeres, no frente a los hombres, sino para que todos vivamos mejor.

¿Qué medidas concretas van a adoptar? El problema no se va a resolver en una legislatura, pero el compromiso del Gobierno es trabajar para cambiarlo. Como Gobierno hemos hecho cosas diferentes a lo que habrían hecho otros. Hemos protegido a la gente que más lo necesita. Pero también hemos dejado deudas pendientes. La más importante, con las mujeres. No ha habido ninguna respuesta a un problema urgente de conciliación de miles de mujeres.

Estamos centradas en asegurar que el Plan Corresponsables pueda concretarse en este primer semestre

¿Por qué? No hemos sido capaces, durante la pandemia, de encontrar un parche que compensara que en España nunca ha habido políticas públicas sólidas que favorezcan la conciliación y que entiendan los cuidados como un derecho. Se han entendido como una tarea privada que casi biológicamente correspondía a las mujeres.

¿Qué otra gran deuda ha quedado pendiente? Con la infancia. Teníamos que haberla tenido en cuenta en el diseño de las políticas públicas. La semilla más importante que podemos plantar para resolver ese problema estructural es el Plan Corresponsables. Son 200 millones que por primera vez va a gestionar de forma directa un Ministerio de Igualdad, es decir, entendiendo que ocuparse socialmente de los cuidados es una tarea feminista. Son 200 millones para facilitar la conciliación de familias con menores de 14 años. Queremos que refuercen los servicios públicos.

¿Cómo se facilitará la conciliación de esas familias? Tenemos que hablarlo con las comunidades porque son las que van a tener las competencias. Los planes concretos tenemos que negociarlos también con las organizaciones de la sociedad civil. En las próximas semanas impulsaremos una mesa de diálogo sobre cuidados y conciliación para reunir a agentes sindicales y a actores sociales.

¿Quiénes estarán en esa mesa? Al respecto hay visiones muy diferentes y es necesario escuchar a todos los que llevan décadas pensando en esas políticas. Pienso por ejemplo en Malas Madres. Los sindicatos tienen muchísimo ideado también. Y en España hay personas que llevan años pensando sobre los usos del tiempo. No se trata solo de poder conciliar, sino de entender que por ejemplo las mujeres somos mucho más pobres de tiempo. Los usos de tiempo pasan por pensar los horarios comerciales, lo que dedicamos a trabajar, al ocio, a cuidar de la familia, a nosotros mismos...

Próximamente estará listo el borrador de la ley trans y será útil para disipar dudas

¿Hay plazos? No puedo darlos porque no solo depende de nosotras, pero la maquinaria del ministerio está centrada en asegurar que el Plan Corresponsables pueda concretarse en este primer semestre. El año pasado trabajamos mucho para aprobar unos reglamentos de planes de igualdad y transparencia salarial en las empresas que también ayudan a la conciliación.

Otro de los problemas que dejó el confinamiento fue el encierro de las víctimas de violencia de género con sus maltratadores. 2020 fue el año con menos asesinatos pero aumentaron las denuncias por malos tratos. ¿Qué conclusiones extraen? Desgraciadamente pensamos que sería así en cuanto se declaró el estado de alarma. Por eso, 48 horas después ya habíamos puesto en funcionamiento como esenciales los servicios de atención integral a las víctimas de violencia de género y habíamos ampliado las formas de contactar con el 016 a través de métodos más silenciosos que las llamadas, como WhatsApp o e-mail. También lanzamos el mensaje de que si tenían miedo salieran a buscar ayuda. Fue un plan de contingencia que después extendimos a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. El confinamiento incrementa la sensación de control del agresor y por eso no aumentan necesariamente los asesinatos pero sí otras formas de violencia menos visibles para la sociedad.

¿Se pueden mantener esos mecanismos puesto que las situaciones anómalas persisten? Sin ninguna duda. La ley de libertad sexual ahonda en que son necesarios esos servicios de atención especializada a las mujeres y reforzar mucho el proceso de recuperación. También hicimos un pacto con las comunidades sobre un mecanismo complementario al policial y judicial que permita a las administraciones identificar a víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución sin necesidad de denuncia o de que un juez acredite su situación para acceder a servicios socioasistenciales. Lo creamos por la urgencia de la pandemia, pero podemos seguir fortaleciéndolo.

La ley de libertad sexual perseguirá el proxenetismo "en todas sus formas" y penará a los dueños de los prostíbulos

Con la ley de libertad sexual sigue habiendo dudas sobre cómo se articula el consentimiento. ¿Finalmente cómo quedará plasmado? Estamos esperando a ver el informe del Consejo General del Poder Judicial. Le enviamos esa ley en octubre. Tenía un mes, pero se prorroga ya a más de tres. Ojalá esté cuanto antes para que pueda seguir su tramitación.

¿Hay otras causas que la están ralentizando? Es una ley muy ambiciosa. Va a encontrar oposición, sobre todo por parte de una extrema derecha que niega la violencia machista. No me cabe duda de que la mayoría del Parlamento la va a aceptar.

La ley trans también está generando polémica, con enfrentamientos con la parte socialista del Gobierno. ¿Cuáles son sus líneas generales? Los borradores de la ley LGTBI y de la ley trans están en fase de redacción. Va a ser útil que próximamente podamos compartir esos textos para disipar dudas. Buscan garantizar los derechos materiales de personas que ahora, aunque los tienen reconocidos, les son vulnerados. Vamos a adaptarnos a la normativa internacional. La OMS dice que las personas trans no son personas enfermas, por lo tanto no les podemos exigir un informe psicológico o psiquiátrico. Y vamos a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, que dicen que la ley de 2007 tiene algunas lagunas.

Los vientres de alquiler son un tipo de violencia machista

También parte del movimiento feminista denuncia que ciertas expresiones que se barajan, como la de ‘personas menstruantes’, suponen borrar el hecho biológico de ser mujer. ¿Cómo abordará el borrador esas cuestiones? Los debates que pueden producirse en el movimiento feminista forman parte de la esencia de su construcción. Pero hay un amplísimo consenso social para garantizar los derechos de estas personas. Por otra parte, la ponencia de la ley trans fue aceptada en el Congreso en 2019 con acuerdo hasta del PP. No me cabe duda de que si había consenso social y político, ahora también lo habrá.

También está entre sus planes reformar la ley de salud sexual y reproductiva. ¿En qué situación está el proyecto de derogar el permiso paterno para abortar a los 16 y 17 años? Hay chicas que no pueden contar que se han quedado embarazadas y que quieren interrumpir ese embarazo o a las que, si lo cuentan, sus padres les impiden hacerlo. Y a lo mejor ese embarazo es consecuencia de una violación o de un abuso sexual en la familia. Hay casos en los que es conflictiva la autorización expresa de los padres, pero en España se debe garantizar la interrupción libre y segura del embarazo para todas las mujeres.

¿Irá acompañado de campañas de concienciación y sobre anticonceptivos? La base para una relación sexual y sentimental basada en la igualdad es la educación desde muy temprano y estamos trabajando en ello con el Ministerio de Educación.

Esa ley también abordará la gestación subrogada. ¿Cómo se hará? Los vientres de alquiler son un tipo de violencia machista. Tenemos que trabajar para que no se permita que en nuestro país sea posible de facto tener un hijo o hija a través de un vientre de alquiler o que las empresas que hacen esos contratos se anuncien de forma impune.

Por otro lado, ¿España abolirá la prostitución? En materia de persecución de la industria proxeneta y en los objetivos que las abolicionistas han planteado durante décadas, este Gobierno, y en concreto este ministerio, va a llegar más lejos de lo que ningún otro Gobierno ha llegado.

¿Qué espera del segundo año de mandato? Me gustaría poder hacer un despliegue de las políticas feministas que llegue a la vida de las mujeres. Que la ley del ‘solo sí es sí’ sea una realidad, el despliegue del Plan Corresponsables, la tramitación de la ley trans y la ley LGTBI y algo que no es de mi competencia pero a lo que habría que prestar mucha atención: la salud mental y comunitaria, que deje de ser tabú decir ‘tengo ansiedad o depresión y necesito ayuda’.

"Las tensiones garantizan la estabilidad del Gobierno"

Jorge París

¿Las tensiones dentro del Gobierno pueden afectar a su continuidad? Todo lo contrario. Esos conflictos, esas tensiones, siempre desde la lealtad al acuerdo de Gobierno y el respeto a nuestro socio, son el motor que garantiza la continuidad y estabilidad del Gobierno y el cumplimiento de cada uno de sus compromisos. Hay legislatura para rato.

¿Cree afortunado que Pablo Iglesias equiparara a Puigdemont con los exiliados republicanos? El vicepresidente ha conseguido que por primera vez en nuestra democracia la derecha política y mediática defiendan la memoria y la dignidad de los héroes republicanos exiliados. Esperemos que eso se traduzca en que reconozcamos la nacionalidad de los hijos y nietos que tuvieron en el exilio. Nadie duda de nuestro compromiso ni el de Pablo Iglesias, con la dignidad de los demócratas republicanos exiliados y represaliados. Él mismo es hijo y nieto de víctimas de la dictadura.

¿Le preocupa la imagen del cruce entre usted y Teresa Rodríguez? Las cosas en política se demuestran con hechos y desde el inicio, en este ministerio estamos centradas en hacer políticas públicas feministas, que pasan por erradicar todas las violencias machistas y por el reparto de riqueza, tiempo y cuidados.

¿Teme que el Ministerio de Economía bloquee el plan para racionalizar horarios por la crisis? La productividad no desciende en los países que repiensan la cantidad de horas que se trabaja, más bien lo contrario. Hay que desplegar medidas que reflexionen sobre los usos del tiempo, entre ellas, el número de horas trabajadas. No obstante, no querría dar a entender que es nuestra principal medida porque no somos el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Nosotras trabajamos centradas en el Plan Corresponsables.

¿Habrá manifestación este 8-M después de que el anterior estuviese marcado por la Covid y la polémica? Le corresponde decidirlo al movimiento feminista. Ni el Gobierno ni el Ministerio de Igualdad convocan las movilizaciones. Las asambleas ya se están reuniendo y no me cabe duda de que las mujeres se van a hacer notar por millones este 8-M de forma segura en cuanto a las indicaciones sanitarias o las restricciones que puedan existir.