La salida del rey emérito Juan Carlos I de España para instalarse en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, sigue teniendo asuntos en las sombras. Entre ellos está el coste que ha tenido para el Estado dicho traslado, especialmente para mantener la seguridad del exmonarca en el extranjero. Pero el Gobierno se negó este miércoles a ofrecer esta información al Congreso.

En la sesión de control, la portavoz de JxCat en la Cámara Baja, Laura Borràs, preguntó este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por esta cuestión sin obtener respuesta. "¿Cuánto dinero público se destina a la estancia y seguridad del rey Juan Carlos en los Emiratos Árabes Unidos?", cuestionó Borràs, que aseguró que los ciudadanos son quienes la costean y "tienen derecho a saber cuánto les cuesta protegerle mientas está campechanamente instalado en Abu Dabi, acosado por la justicia suiza".

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Marlaska, no obstante, rechazó ofrecer una cifra concreta porque, argumentó, no existe una partida específica destinada a la seguridad de Juan Carlos I, sino que el dinero para ese fin sale de los Presupuestos Generales del Estado, a los que no se ha añadido "ningún gasto adicional" al previsto pese a la salida del emérito de España. "Y entenderán que no dé ningún dato sobre la seguridad a la que se dota a cualquier autoridad del Estado", precisamente para garantizar esa seguridad, sostuvo el ministro.

No obstante, la respuesta no satisfizo a Borràs, que aseguró que el coste "se debería de poder cuantificar con precisión" y sostuvo que "por transparencia la ciudadanía debería conocerlo, todavía más en tiempos de Covid y con las emergencias sociales que sufrimos". "Lo que es un escándalo es que, como Gobierno que se denomina progresista, no hagan ustedes absolutamente nada" más que "dar cobertura" a Juan Carlos I "y recurrir a la opacidad", denunció la portavoz de JxCat.

"La consigna es proteger a la Corona, cueste lo que cueste", espetó Borràs, que criticó que en España la monarquía "disfruta de un grado de protección legal inaceptable en democracias consolidadas". El rey emérito, zanjó, "debería estar obligado a rendir cuentas, pero la Constitución proclama que el rey de España es inviolable, es decir, que tiene impunidad absoluta; y eso, para los demócratas, es una vergüenza".