Después de habérsele requerido los datos en numerosas ocasiones, este lunes se conoció un documento interno del Ministerio de Sanidad sobre el número de mayores fallecidos en las residencias desde que comenzó la pandemia del coronavirus. La información sin embargo llega envuelta en polémica porque el propio ministerio reconoce en el informe la escasa calidad de esas cifras, algo que achaca a las comunidades.

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El Resumen Nacional de Residencias comprende datos recabados entre el 6 de abril y el 20 de junio y fue presentado recientemente por Sanidad a los responsables autonómicos. El documento registra 27.359 fallecidos en ese periodo de tiempo, de los que 9.003 habrían muerto por Covid-19. A otros 9.830 se les habrían detectado síntomas compatibles pero no se habría llegado a confirmar que esa hubiese sido la causa del deceso. También especifica que el número de centros de mayores intervenidos fue de 391 (el 5% del total) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes, y contabiliza 7.756 centros en los que residen 340.571 mayores.

A las páginas con el resumen de datos les siguen no obstante otras en las que se admite que, pese a que se estableció como obligatorio que las comunidades remitiesen las cifras dos veces por semana, "una" no las ha enviado nunca y "algunas" no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo. El ministerio, que se muestra consciente de que la plataforma para el registro de esos datos es "poco amigable", señala que hay poca precisión en las causas de fallecimiento de los residentes, ausencia de depuración de los datos por el sistema, fechas incoherentes en el envío de la información o informes de centros intervenidos que no especifican los motivos de la intervención.

Incluso habla de "discrepancia en el número de fallecimientos totales entre diferentes fuentes", algunas de las cuales elevarían el número de mayores que han perdido la vida a 32.843. Con todo ello concluye que los datos no pueden ser difundidos al carecer de calidad.

Estas afirmaciones han indignado a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que no entiende que Sanidad siga sin poder concretar el impacto que ha tenido la pandemia en las residencias y es ahí dónde consideran que hay que poner el foco. "Es incomprensible que, a estas alturas, pasadas las emergencias del principio, todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada que permita la realización de estudios de los centros para poder poner en pie un relato objetivo y certero de lo que ha pasado y poder proponer medidas a tomar", lamenta.

La entidad critica que los centros residenciales de los servicios sociales "no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad" e insta a tomar medidas "con carácter inmediato", para estar preparados por si en otoño hubiera un rebrote. Entre las cuestiones que plantea se encuentran monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y un seguimiento unificado para todo el país; realizar estudios de los centros, "anonimizados", para encontrar evidencias científicas de dónde se han tomado decisiones que han protegido a los residentes, y establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención. En caso de que la situación volviese a agravarse proponen valorar opciones como la medicalización de las residencias con recursos humanos y técnicos del sistema público de salud.

Preguntada por el documento en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justificó su no publicación precisamente en que "no está aún consolidado" y en que se trata de un "borrador". "En el momento en el que sea robusto se dará a conocer como así se comprometió el propio ministro de Sanidad", aseguró la también ministra de Hacienda. En una comparecencia posterior, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, evitó por su parte confirmar las cifras de fallecidos en los centros de mayores y aseguró que había que matizar los datos y distinguir si murieron a causa de la enfermedad o si la padecían y lo hicieron por otra causa o circunstancia.