El Congreso de los Diputados va a validar este miércoles el ingreso mínimo vital, la ayuda que servirá para garantizar un mínimo de renta mensual a todos los ciudadanos y que complementará sus ingresos hasta alcanzar un umbral de 462 euros, en el caso de los hogares unipersonales sin menores a cargo. La prestación se podrá solicitar desde el 15 de junio, y para quienes la empiecen a cobrar hasta el 30 de septiembre tendrá efectos retroactivos a contar desde el 1 de junio.

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La prestación ha sido diseñada por la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá, y fue el mismo Iglesias el que confirmó la aprobación de la ayuda a través de Twitter unos minutos antes de que tanto él como Escrivá comparecieran tras el Consejo de Ministros para explicar los detalles técnicos de la renta mínima.

La prestación está diseñada para sacar de la pobreza a los hogares más vulnerables, habida cuenta de que España es el tercer país con mayor tasa de pobreza infantil de la UE, según recordó Iglesias, que calificó al ingreso mínimo como "el mayor avance en derechos sociales en la historia de España desde la aprobación de la ley de dependencia". Con esa ayuda, según Iglesias, el Gobierno demuestra "que se toma en serio la Constitución" y garantiza la "libertad", que a su juicio no existe "si una persona tiene que dedicar toda su energía en sobrevivir y no en vivir".

El vicepresidente detalló que la ayuda garantizará un umbral mínimo imprescindible para mantener "unas condiciones de dignidad", que será de 462 euros para hogares unipersonales y cuya cuantía crecerá en 139 euros mensuales por persona hasta un máximo de 1.015 euros por familia. Las familias monoparentales recibirán además un plus de 100 euros en la cuantía que se les asigne, y el Gobierno prevé que la prestación puedan cobrarla 850.000 familias, lo que equivale a unos 2,3 millones de personas. Su coste será de unos 3.000 millones de euros anuales, según cálculos del Ejecutivo.

Los requisitos a cumplir

Iglesias también confirmó que se entregará la ayuda sin necesidad de que tengan que pedirla a familias que ya perciben alguna prestación por hijo a cargo (unas 100.000), y la idea es que empiecen a percibirla como tarde a finales de junio. Para el resto, los potenciales beneficiarios solo tendrán que acreditar en la web de la Seguridad Social ser mayores de 23 años (de 18 si hay menores a cargo) y llevar un año de residencia legal en España, salvo en los casos de trata o explotación sexual o violencia de género. La propia Seguridad Social se encargará de comprobar si cumplen el resto de los requisitos.

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¿Cuáles son estos requisitos? Únicamente, no sobrepasar los niveles de renta y patrimonio establecidos. El límite será, precisamente, que el hogar no sobrepase el umbral de ingresos establecido para su número de convivientes, es decir, que no supere los 462 euros al mes de ingresos propios, en el caso de un hogar unipersonal. En cuanto al patrimonio, se exigirá que sea inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, aunque también se incrementará según el número de miembros en el hogar. No se tendrá en cuenta la primera vivienda, si la hubiere.

La renta mínima no se perderá automáticamente si el beneficiario empieza a trabajar, lo que evita, según Iglesias, que se caiga en una "trampa de la pobreza" por la cual a veces sale más a cuenta percibir una prestación social que recibir rentas del trabajo. El ministro Escrivá, por su parte, detalló que cuando un beneficiario de la ayuda consiga trabajo, "parte de su salario estará exento transitoriamente" a la hora de calcular la cuantía de la prestación que perciba, para incentivar así que consiga ingresos por su cuenta.

En el caso de que quien cobre la ayuda ya tenga un trabajo, cuando su salario se incremente la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior. Y si el titular se encuentra en el paro, para cobrar el ingreso mínimo se le exigirá la inscripción como demandante de empleo.

En base al año anterior

Como norma general, para calcular si alguien tiene derecho o no a cobrar el ingreso mínimo se tendrán en cuenta sus ingresos del año inmediatamente anterior. No obstante, para abarcar también a las personas que han visto descender bruscamente su renta por culpa de la crisis del coronavirus, también se podrá reconocer la ayuda para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

En principio, será el Estado quien gestione la ayuda, aunque lo cierto es que ya se ha acordado traspasar la competencia a País Vasco y Navarra por las diferencias de su sistema foral y no se descarta cederla en el futuro a otras comunidades. El ingreso mínimo estatal, además, será compatible con las ayudas similares que están en marcha a nivel autonómico, aunque funcionará como suelo, lo que significa que dichas ayudas de las comunidades deberán, en su caso, complementar a la estatal.