Vox ha anunciado este lunes que va a llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional al entender que con un decreto de estado de alarma ha aplicado de facto en España un “estado de excepción” para combatir la COVID-19, lo que ha conllevado la suspensión de derechos fundamentales sin el imprescindible aval previo del Congreso.
Así lo ha explicado este lunes por la mañana el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, el europarlamentario Jorge Buxadé, quien informó de que su partido llevará ante el Constitucional el decreto de alarma aprobado el pasado 14 de marzo, que fue sometido luego a tres ampliaciones en la Cámara Baja.
Buxadé ha indicado que su formación considera que “el Gobierno ha usado de forma abusiva e inapropiada el estado de alarma”, ya que con este instrumento legal “no es constitucionalmente admisible suspender ningún derecho fundamental de los españoles”, como dijo que se ha hecho con decisiones como el confinamiento domiciliario, la suspensión de los colegios o impedir reuniones de personas en la calle.
“El Gobierno ha usado de forma abusiva e inapropiada el estado de alarma”
Según el europarlamentario de Vox, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho, “a través del estado de alarma, lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción”. Ha apuntado que con la declaración de alarma, de acuerdo con la Constitución, solo puede restringirse la movilidad de los españoles, pero no limitar derechos como los de reunión, educación o la propia libertad para hacer lo que uno quiera.
No a "tribunales especiales"
Este europarlametario sostuvo que el Ejecutivo ha actuado de esta forma porque, para declarar el estado de excepción, debería haber llevado la propuesta al Congreso para su aprobación, mientras que con la alarma podía aprobar un decreto y luego someter las prórrogas del mismo a la votación de los diputados.
Para este dirigente de Vox, el Gobierno ha suspendido derechos de “manera unilateral” y “al margen de los españoles”. Por este motivo, ha defendido que es importante que el Constitucional se pronuncie, ya que puede haber “situaciones parecidas” en el futuro a la hora de afrontar otras crisis sanitarias como la del Covid-19.
Al mismo tiempo, Buxadé se ha referido a la información periodística según la cual el Ejecutivo estaría pensando en crear “tribunales especiales” para hacer frente a las denuncias que se deriven de la pandemia del coronavirus. Ha afirmado que en España están “expresamente prohibidos” estos juzgados especiales, pero que antes hay que ver si La Moncloa realmente hace esta propuesta o es un “globo sonda”.
Asimismo, sobre la llamada 'Comisión de la reconstrucción' que se constituirá en el Congreso, el portavoz de Vox ha dicho que su formación irá para plantear las “mejores soluciones” para España tras la crisis sanitaria, pero no participará en ningún “circo mediático” que el Gobierno quiera montar para “repartir las culpas” por la gestión de la pandemia por el coronavirus.
Pleno no presencial el 6 de mayo
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha convocado un pleno no presencial para el próximo 6 de mayo en el que se estudiará la admisión a trámite del recurso de Vox presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
Asimismo, se estudiarán, entre otros, el recurso de amparo presentado por diputados de Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de marzo de 2020 y los de los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exlíder de ANC y el presidente de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, contra la sentencia del 'procés'.
Finalmente, el Tribunal Constitucional, señala que desde el primer momento del inicio de esta crisis sanitaria ha adoptado no solo las medidas necesarias para la suspensión de los plazos procesales y administrativos, con el fin de evitar la indefensión de los ciudadanos en el acceso a este órgano constitucional, sino que también ha continuado examinando los recursos promovidos.
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