Con su estructura básica ya construida, el Gobierno ha echado a andar aprobando medidas de fuerte impacto mediático. Y, tras la subida de las pensiones y el aumento del salario mínimo, la Vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias se ha planteado como máxima prioridad poner en marcha lo antes posible un proyecto de ley de protección a la infancia.

Así lo confirmó el pasado miércoles el propio Iglesias, que afirmó que "muy pronto" su Vicepresidencia presentará esta iniciativa. Tanto PSOE como Unidas Podemos llevan años promoviendo una ley de esta índole, y de hecho el Gobierno de Sánchez incluso llegó a presentar a principios de 2019 un anteproyecto, que decayó por la convocatoria electoral.

Estas son las novedades en protección a la infancia que recoge el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros

La Vicepresidencia de Iglesias no ofrece aún detalles sobre la iniciativa que prepara y que está coordinando el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Pero el anteproyecto presentado en 2019 y la proposición de ley de protección a la infancia que registró Unidas Podemos unos meses antes, a finales de 2018, sientan las bases de lo que puede esperarse de una norma dirigida a los menores que sufran "cualquier forma de violencia", incluidos los castigos físicos o el trato negligente.

La medidas de apoyo a las víctimas de acoso y abuso sexual son parte fundamental de ese anteproyecto y de la proposición de ley que planteó en su día Unidas Podemos. Ambas fijaban que el plazo de prescripción de esos delitos cometidos contra menores empiece a correr cuando las víctimas cumplan 30 años, en lugar de los 18 años actuales. Y el anteproyecto del Gobierno, además, establecía que los condenados por agresiones sexuales a menores no pudieran acceder a permisos penitenciarios o el tercer grado hasta cumplida la mitad de la pena.

Castigos para quien fomente la anorexia o la bulimia

También se explicitaba la obligación de denunciar cualquier violencia o desprotección contra los menores, una obligación especialmente diseñada para los profesionales en contacto directo con la infancia. Crear un registro único de menores víctimas de violencia o diseñar protocolos de actuación en colegios o centros de servicios sociales o sanitarios son otras dos de las medidas contenidas en ambos proyectos.

El anteproyecto que presentó el Gobierno, además, penaba la incitación de los menores a cometer suicidio, autolesión o acciones que puedan derivar en trastornos alimenticios, como las páginas web que fomentan enfermedades como la anorexia o la bulimia. 

Para perseguir estos delitos, Unidas Podemos planteó en su momento crear una Fiscalía especializada y una línea telefónica de asistencia al estilo del 016, el teléfono para las víctimas de violencia machista. Y coincidía con el Gobierno en que los menores víctimas que declaren en un juicio han de hacerlo, en la medida de lo posible, tan solo una vez y antes de la vista oral, para evitar tener que revivir las agresiones.