La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este lunes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia a ocho años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores.

La fiscal Carmen Launa ha abierto esta 59ª sesión haciendo suyos los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, que fue imputada en el procedimiento a instancia suya.

El Ministerio Público, que hasta ahora acusaba sólo a Rato, y a otras tres personas -José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú e Ildefonso Sánchez Barcoj- ha decidido ampliar su acusación a otras ocho, a todos los cuales atribuye falsedad contable además de estafa a los inversores.

Para el expresidente de Bancaja y ex número dos de BFA-Bankia José Luis Olivas, la fiscal endurece su petición hasta los cinco años de prisión por la presunta falsedad de las cuentas que empleó el grupo financiero en el año de su integración, 2010.

Por su parte, el ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella se enfrenta a un año y seis años de cárcel, mientras que la Fiscalía ha rebajado los cargos al ex número dos de Rato, Francisco Verdú, a entre seis o nueve meses de prisión, dependiendo de la lectura del Código Penal que escoja el tribunal.

La principal novedad es que ahora Anticorrupción extiende su acusación a varios integrantes del Consejo de BFA y de la Comisión de Auditoría, y pide dos años y medio de prisión para Ildefonso Sánchez Barcoj; dos años para Miguel Ángel Soria; un año y seis meses para Alberto Ibáñez; y un año de prisión sustituible por multa para Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José García Fuster.

También acusa al exministro del Interior Ángel Acebes, para el que solicita hasta un año y seis meses de prisión, por su papel en la auditoría interna, así como al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, por la presunta estafa a inversores, y para el interventor de Bankia Sergio Durá, sobre los que pesan peticiones de hasta dos años de prisión.

Tal como hiciera en sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público confirma que no dirige su acusación contra las tres personas jurídicas, BFA, Bankia y Deloitte.

En cuanto a las otras acusaciones, se han adherido a lo expuesto por Anticorrupción la CIC, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha excluido a Francisco Verdú del delito de estafa a los inversores ya que "nunca" desempeñó cargo alguno en las cajas.