Reunión de la Mesa del Congreso.
Reunión de la Mesa del Congreso. EFE/Chema Moya

Los letrados del Congreso ya tienen el informe solicitado por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que avalan suspender a los diputados presos basándose en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Ello supone la suspensión "automática", según este informe.

Según explicó la propia Batet este jueves, la consulta a los letrados no estaba relaciona con la suspensión o no de los presos, sino con el mecanismo para efectuarla. Esto es: siguiendo la citada ley de Enjuiciamiento Criminal o el Reglamento del Congreso, que establece que un diputado debe ser suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prision preventiva y mientras dure ésta".

La Mesa, que se reúne a las 12.30 horas, tomará una "decisión definitiva" con las conclusiones de los juristas. Este informe responde a la petición realizada por Batet este jueves, tras la negativa del Tribunal Supremo de realizar un análisis sobre este supuesto. La Sala que instruye el procés reiteró a la presidenta de la Cámara que corresponde al Congreso tomar una decisión sobre esta suspensión, y así lo han señalado también los letrados.

Es la mesa quien tiene que efectuar la suspensión

Con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos y la oposición de PP y Ciudadanos de pedir una segunda opinión, Batet dio a los servicios jurídicos del Congreso 24 horas para presentar sus conclusiones, que serán estudiadas por los miembros de la Mesa este viernes.

En el caso de que sigan las indicaciones de los letrados de aplicar la suspensión siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no el Reglamento del Congreso, no podrían volver a pasar la pelota al Tribunal Supremo para que sea este órgano quien lo efectúe puesto que, según el informe, "corresponde a la Mesa no solo ejecutar la suspensión, sino también fijar los efectos de la misma, toda vez que se trata de una suspensión en el ejercicio del cargo".

Por tanto, la Mesa deberá determinar el alcance de la suspensión, la determinación del número de miembros de derecho de la Cámara durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, y también la composición de los órganos parlamentarios. Es decir, tendrá que fijar el umbral de la mayoría absoluta -176 diputados con todos los parlamentarios, 350, en plena condición como tales-, lo que es clave para, por ejemplo, la sesión de investidura.