Este martes, día de la sesión constitutiva de las Cortes, miembros del Gobierno daban por hecho la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, en prisión preventiva. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguraba que era algo "obvio" por la "claridad" del reglamento, pero a pesar de esa "claridad" esta suspensión se ha ido alargando por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Este aplazamiento ha despertado las críticas entre las formaciones políticas como PP y Ciudadanos, dispuestos a reprobar a Batet, e incluso Vox estudia acciones judiciales al considerar que está "en el terreno de la prevaricación". Pero la indignación por la actitud de la recién estrenada presidenta de la Cámara ha llegado incluso al ámbito judicial, donde aseguran no entender este comportamiento y acusan a la socialista catalana de alargar este procedimiento con fines electoralistas.

"Ninguno lo entendemos, esto se tenía que haber hecho el miércoles", denuncian fuentes de un alto órgano judicial a '20 minutos'. El miércoles, Batet, previa reunión con el rey Felipe para informarle sobre la constitución de las Cortes, anunció que el jueves se reuniría la Mesa del Congreso y que uno de los temas a tratar sería la suspensión de los presos. No obstante, antes de ello solicitó un informe al Supremo al respecto y posteriormente otro a los letrados de la Cámara Baja.

"Parece que es con el objeto de ganar tiempo por las elecciones en Cataluña, preo no hay ninguna razón objetiva al respecto para prolongar este proceso", indican las mismas fuentes. No hay razón, argumentan, por lo claro que refleja el reglamento del Congreso este supuesto. En su artículo 21.1, recoge que el Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prision preventiva y mientras dure ésta".

"No hay margen de duda porque la suspensión deriva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", insisten las fuentes. Ésta establece en su artículo 384 bis la suspensión "automática" de cualquier cargo público que se encuentre en prisión provisional por delitos relacionados con "bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes" y añade que dicha suspensión se prolongará "mientras dure la situación de prisión". No obtsante, Batet, experta en Derecho Constitucional, decidió solicitar un informe a la Sala que juzga el procés sobre la aplicación de este artículo en los diputados.

El Supremo no solo rechazó la elaboración de dicho informe alegando que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable su elaboración" sino que reiteró a Batet que es competencia del Congreso tomar una decisión al respecto. Las fuentes consultadas por este medio denuncian la simple petición de Batet porque podría provocar "una intromision del Poder Judicial en el Legislativo" e insisten en la competecencia del Congreso, cuyo reglamento, además, refleja en su artículo 32.2 que "corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión".