La nueva Mesa del Congreso, que emerge de la sesión constitutiva de las Cortes y que preside la socialista Meritxell Batet, tiene que abordar en su primera reunión la suspensión o no de las funciones de los diputados electos que se encuentran en prisión preventiva por el 'procés', Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de JuntsxCat. Una reunión que podría celebrarse este mismo martes por la tarde o este miércoles.

La suspensión del cargo de diputados de los presos del procés parece irrevocable, de un modo u otro. Falta saber si la suspensión será automática, en cumplimiento del reglamento del Congreso de los Diputados (que en su artículo 21.2 establece la suspensión de procesados en prisión preventiva) o previo requerimiento de un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.

El Tribunal Supremo ha remitido un escueto oficio al Congreso en el que le delega la decisión de la suspensión. En un oficio remitido a las Cortes Generales, la Sala que juzga el 'procés' en el Tribunal Supremo deja en manos de las Cámaras la decisión sobre la suspensión, si bien hace hincapié en que el Reglamento del Congreso de los Diputados prevé la situación de un diputado que se halle en situación de prisión preventiva "y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios".

Fuentes parlamentarias auguran que lo más probable es que la Mesa que surja este martes pida un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que precise qué artículos del reglamento darían pie a la suspensión de Junqueras, Rull, Turull y Sànchez.

Ese informe, todavía no redactado, subrayan las fuentes, estaría listo la semana que viene, una vez haya pasado la cita electoral de este domingo 26-M, cuando la ciudadanía elegirá a sus representantes minucipales, autonómicos y europeos.

La vicepresidenta del Gobierno,Carmen Calvo, ha puesto en valor que la situación Junqueras y los exconsellers presos Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez,está fundamentada al Derecho y dice que España es una democracia "plenísima". "Tenemos las mismas garantias que Francia, Alemania o Inglaterra", ha recalcado, respondiendo a las críticas de PP y Ciudadanos sobre el hecho de que los presos separatistas hayan recibido permiso para sentarse en su escaño.

Y sobre si piensa que estos diputados deben ser suspendidos, Calvo se ha inclinado por esta opción ya que, ha dicho, el reglamento "lo dice con claridad". "Están encausados y no pueden ejercer su cargo", ha alegado.

"La suspensión es obvia, evidente, está claramente contemplado en el reglamento del Congreso", ha indicado Calvo en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. Sobre esta situación, en otra entrevista en RNE, Calvo ha recalcado que están encausados y eso "solo tiene una lectura". "No pueden ejercer su cargo. En ese sentido hay un artículo en el reglamento del Congreso que lo dice con claridad. Lo dirá con toda claridad el Supremo", ha señalado.

Por su parte, el Partido Popular y Ciudadanos exigieron a Meritxell Batet este lunes la suspensión inmediata de los diputados presos.

En el caso del reglamento del Senado, sólo prevé la suspensión de un senador mediante la concesión de un suplicatorio aprobado por mayoría absoluta de la Cámara. Diana Riba, esposa del senador de ERC Raül Romeva, ha afirmado que espera que Romeva no sea suspendido de sus funciones como parlamentario, porque fue "el senador más votado en Cataluña" y porque eso sería "empezar el nuevo camino con las puertas cerradas".

Fuentes parlamentarias socialistas consultadas por Europa Press en el Congreso y en el Senado prevén que la decisión que se tome —en las dos Cámaras el PSOE se ha garantizado una mayoría a su favor— sea la de atenerse al criterio de los letrados, a seguir estrictamente sus indicaciones.

Descartan así que el PSOE tenga intención de hacer política con una decisión que debe ceñirse estrictamente al cumplimiento de la legalidad, que es la posición que adoptó el PSC cuando se produjo un debate similar en el Parlament a cuenta de la manera en que sus diputados suspendidos podían delegar el voto y que provocó una fractura entre ERC, que se alineó con el PSC, y Junts per Catalunya.