Una mañana soleada de febrero, rodeada de centenares de manifestantes que no lograron evitar su desahucio, Josefa Santiago Salazar –conocida por todos como Pepi– fue desalojada, a los 65 años, de la que había sido su vivienda en alquiler durante más de dos décadas en el barrio madrileño de Lavapiés.

En 2015, Proindivisos, un pequeño fondo de inversión, adquirió un 33% de la propiedad del bloque donde vivía y empezó a "regularizar una situación de impagos y ocupaciones de viviendas", según declara Ángela Gómez, abogada de los propietarios del bloque 11 de la calle Argumosa.

Comenzaron así una serie de desahucios que fueron dejando el descansillo regado de puertas tapiadas. Pepi, que vivía con sus dos hijas, y varias familias más del bloque, entre las que estaban las de su hermana y su cuñada, decidieron quedarse y resistir ante la imposibilidad de encontrar una alternativa que les permitiera mantener los lazos sociales formados durante toda una vida en su barrio.

"Los alquileres, lo que tienen, es que hay muchos desahucios que no se ven, que son las personas que cuando les dicen 'te voy a subir el alquiler un 300%' se van en silencio porque tiene una alternativa", explica Marisa Pérez, activista de la organización anti-desahucios Bloques en Lucha. "Las personas que se quedan resistiendo son las que no tienen adonde ir".

Más de dos meses después, Pepi sigue viviendo alejada de su barrio, en la pensión que le facilitó el Ayuntamiento, teóricamente, de manera provisional hasta poder realojarla en otra vivienda en Lavapiés. "¿En una pensión puedo vivir toda mi vida? Hemos pasado de tener una casa con nuestras cosas a tener que comer en la calle, como si fuésemos indigentes. Vivimos de mi pensión contributiva y el sueldo de mi hija. Mi paga se va entera en comer en la calle. No tenemos donde meternos", se lamenta Pepi.

Juani, inquilina desahuciada de Argumosa 11, y su nuera. ELENA BUENAVISTA

El de Argumosa 11 se convirtió en uno de los desahucios más mediáticos de los últimos meses por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta ley, que regula los alquileres de viviendas, fue modificada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy para aplicarle una serie de "medidas de flexibilización y fomento del alquiler", que incluyeron la reducción a tres años la duración mínima obligatoria de los contratos de arrendamiento.

Esto ha provocado, según defienden desde el movimiento de vivienda, que los precios de los alquileres se hayan renegociado al alza más habitualmente, lo que ha impulsando, junto a otros factores como la falta de regulación de la vivienda turística y un entorno fiscal muy favorable para los fondos buitre, la subida sin frenos a la que estamos asistiendo en los últimos años.

"Una vez que estalla la burbuja inmobiliaria de 2008, hay una serie de dispositivos legales que han permitido sacar renta de la vivienda, no ya de las hipotecas, sino de la vivienda de alquiler", explica Pérez, de Bloques en Lucha.

El precio medio del alquiler en toda España se sitúa ya en los 10,8 euros por metro cuadrado, un 50% más que en junio de 2013, según datos del portal inmobiliario Idealista, cuando entró en vigor la anterior reforma de la LAU. Madrid, Cataluña y Baleares son las comunidades autónomas con los precios más altos, muy por encima de la media nacional.

Esta subida de precios se está dejando notar también en los desahucios por impago de alquiler, que en 2018 aumentaron un 4,5%, mientras los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,2%, según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, es decir, a impagos de alquileres, la clasificación de 2018 la encabezó Cataluña, con 8.877, seguida por la Comunidad de Madrid, con 5.157.

Hasta aquel 22 de febrero, Pepi había logrado evitar su desahucio hasta en siete ocasiones en el último año, convirtiéndose en un símbolo para los activistas por una vivienda digna en la capital. Sin embargo, un potente dispositivo policial hizo finalmente fútil su resistencia y la de otras tres familias más de Argumosa 11.

Los propietarios defienden que el proceso de desahucio se produjo por la ocupación ilegal de las viviendas, por expiración contractual o por impago, pero Pepi rechaza esa versión: "No nos dieron ni la opción de renovar, nos enviaron un burofax en noviembre diciendo que nos teníamos que marchar en Navidad. Querían echarnos", declara Pepi. "Yo ya llevaba varios desahucios parados, pero ese día fue un desastre, yo no he visto cosa como esa. Ni para detener a un terrorista".

El nuevo Ejecutivo socialista, surgido tras la moción de censura del pasado verano, volvió a reformar la LAU mediante un decreto, poco después de los desahucios de Argumosa 11. La reforma devolvió a cinco años el plazo mínimo de los contratos -siete, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica. El Gobierno defendió que su decreto habría evitado los desahucios de Argumosa.

Sin embargo, desde el movimiento de vivienda, consideran que esta medida era necesaria, pero insuficiente para paliar las subidas de precios y la desprotección de los arrendatarios. Exigen que se prohiban los desahucios sin alternativa habitacional, que pueden llevar a personas como Pepi a verse arrastrados a vivir en una pensión y a perder unos vínculos sociales de los que, en muchos casos, dependen para sobrevivir.

Mientras, Lavapiés sigue cambiando su cara y poco tiene que ver con el barrio degradado y olvidado en el que Pepi y su familia se criaron. Bajo las pancartas que cuelgan de los pisos exteriores aún habitados en Argumosa 11, en las que se lee "No más expulsiones de nuestros barrios", la terraza del bar que ocupa uno de los dos locales del bajo está repleta. Pronto, también lo estará la del local contiguo, que los dueños del bar han comprado a los propietarios de todo el bloque.

Pepi posa junto a su antiguo edificio, en la calle Argumosa. ELENA BUENAVISTA

Representantes de las tres principales candidaturas de izquierda para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid -José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE), Clara Serra (Más Madrid) e Isa Serra (Podemos)- firmaron el jueves el compromiso de impulsar una Ley de Vivienda en la próxima legislatura.

Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), celebró que estos partidos hayan mostrado su apoyo a una ley que "garantizaría el derecho a una vivienda digna" y que ya existe en la mayoría de comunidades.

La PAH, junto a otras organizaciones del movimiento de vivienda de Madrid, anunció igualmente que iniciaría una campaña de escraches contra los actos de campaña de PP y Ciudadanos a los que acusaron de haberse "puesto, una vez más, de parte de la especulación inmobiliaria en vez de en favor del derecho a la vivienda".