El Consejo de Ministros ha acordado este viernes el que será el último real decreto-ley de los que ha aprobado desde que el presidente, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral para el 28-A. Se trata de un real decreto-ley con concreciones laborales para los estibadores que viene a completar y a acotar la liberalización plena del sector que se aprobó en 2017.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha confirmado al término del Consejo de Ministros que el Ejecutivo no aprobará más reales decretos-ley en el tiempo que aún estará activo, hasta el mismo día de las elecciones. "No habrá más reales decretos-ley", ha dicho.

Por tanto, no se espera que haya más "viernes sociales", la denominación que, con todo despectivo, han dado los partidos de la oposición a los Consejos de Ministros que, desde el anuncio de las elecciones del 28-A han aprobado medidas como la ampliación de los permisos de paternidad, ciertas facilidades para los inquilinos para el alquiler de una vivienda o la concesión del subsidio a personas de a partir de 52 años que sean parados de larga duración.

Como los otros reales decretos-ley que aún están pendientes por convalidar, el de la estiba se someterá previsiblemente a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso el próximo 3 de abril, la fecha en la que este jueves fue convocada por su presidenta, Ana Pastor.

El Ministerio de Fomento es el responsable de este último real decreto-ley que, según ha explicado Celáa, completa el que aprobó el Gobierno del PP en 2017 para liberalizar el sector y que provocó movilizaciones en el sector que dieron lugar a la paralización de algunos puertos españoles.

La polémica estribaba entonces en la contratación de los estibadores, que hasta 2017 debía hacerse a través de las Sociedades de Estiba de las que formaban parte los estibadores. El real decreto ley de hace dos años estableció libertad de contratación para la prestación de los servicios de estiba.

Celáa se ha referido a la "experiencia" que han dado los dos años de aplicación de la liberalización del sector para presentar un nuevo decreto que en parte corrige la apertura total del sector, porque establece criterios relacionados con los trabajadores y las empresas que pueden hacer los procesos de selección.

Así, establece que a través del convenio colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores de las Sociedades de Estiba con otras empresas que no formen parte de ellas y establecer especificidades a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que quieran desarrollar su actividad en el sector de la estiba.

Este real decreto-ley será sometido a votación de la Diputación Permanente del Congreso -el órgano que sustituye al Pleno cuando las Cortes están disueltas- el próximo miércoles, 3 de abril.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, fijó este miércoles la fecha de una sesión en la que también se votarán otros cuatro, uno con medidas de contingencia ante un 'brexit' sin acuerdo; otro con medidas de igualdad laboral donde se incluye la ampliación de la baja de paternidad; otro con medidas de vivienda y alquiler, y un cuarto con medidas de protección social donde se incluye la concesión del subsidio para parados de larga duración a partir de 52 años.

Los reales decretos-ley tienen un periodo de caducidad de 30 días y Pastor ha apurado casi hasta el límite temporal de los primeros, que vencía el 6 de abril para convocar la Diputación Permanente que votará su convalidación. Si los diputados votan en contra, los reales decretos-ley decaerán y sólo habrán estado en vigor el tiempo que medió entre la fecha de entrada en vigor que indicó el BOE hasta el miércoles 3 de abril.