Todas las claves del conflicto entre los estibadores y el Gobierno

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (al fondo) durante la reunión con los representantes sindicales de los estibadores y la patronal Anesco.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (al fondo) durante la reunión con los representantes sindicales de los estibadores y la patronal Anesco.
EFE/Fernando Villar
El encuentro mantenido este martes entre los estibadores y Fomento ha terminado sin acuerdo tras una hora de reunión. "Fomento ha mantenido una posición cerrada y no se ha movido de su posición inicial", ha indicado Antolín Goya, el portavoz de los estibadores durante las negociaciones. La misma versión que, minutos después, repitió en sentido contrario el secretario de Estado de Infrastructuras. "No tienen ningún interés en negociar lo que no sea la articulación de un registro de trabajadores", dijo Julio Gómez-Pomar.

Habrá negociación. El desencuentro mantenido este martes entre los estibadores y Fomento, que había llevado al filo de la huelga en los puertos de toda España, se ha pospuesto al menos una semana, después de que Fomento anunciara este miércoles el retraso al viernes 24 de febrero la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de la reforma del sector y de que los estibadores desconvocaran la huelga..

La vía del diálogo había quedado rota el martes entre las partes, al no haber alcanzado acuerdos satisfactorios, y los sindicatos mantenían la huelga para los días 20, 22 y 24 de febrero. Finalmente, la Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM) aprobaba la desconvocatoria tras el comunicado de Fomento y se da lugar a nuevas negociaciones.

Estas son las preguntas y respuestas que deja el conflicto.

Lo primero, ¿qué son los estibadores?

La estiba es la actividad de carga y descarga de los buques mercantes que llegan a los puertos de mar. En España existen 6.150 estibadores. Su número se conoce de forma exacta porque, para poder trabajar en la red portuaria del país, deben estar contratados por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP).

La función de estas sociedades es, por un lado, proveer mano de obra a las empresas que necesitan mover sus mercancías en los puertos; y por otro, asegurar la profesionalidad y capacitación suficiente del personal. Las compañías que empleen estibadores deben entrar en el capital de estas Sagep.

¿Por qué tiene ahora tanto eco el conflicto?

En realidad, se remonta muchos más años en el tiempo. La Comisión Europea envió en noviembre de 2011 un primer requerimiento a España para cambiar la ley de estiba. Pero no se modificó. Así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en diciembre de 2014 que la norma española era ilegal porque los estibadores no podían contratarse en el mercado libre. La sentencia se acompañó de una multa de 21 millones de euros.

El Gobierno, las empresas y los trabajadores, sin embargo, han seguido sin pactar una solución desde entonces; así que la CE amenazó en abril de 2016 con imponer más sanciones a España si no trasponía ya la norma comunitaria. Fomento asegura ahora estas multas "están al caer" y que podrían ascender a 134.000 euros diarios por cada jornada que transcurra sin adoptar la directiva. De ahí ese sprint por aprobar el texto, pese a que no se ha conseguido un acuerdo con el sector.

¿Y esto tendría mucho efecto en España?

Sí. Una huelga como la planteada por la Coordinadora de Trabajadores del Mar —el sindicato que representa a los estibadores— congelaría la actividad portuaria tres días y en horas alternas. Sería un golpe económico para España porque el 86% de sus importaciones y el 60% de las exportaciones se transbordan en los puertos. Un paro empujaría a las empresas a elegir otros puertos para mover sus mercancías, descartando así su atraque en España.

"Muchas empresas dependen del comercio exterior y se verían claramente afectadas", dice el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que asegura que algunas ya están haciendo planes de contingencia para llevar sus bienes a otros puertos. El ministro y la patronal Anesco denuncian además que desde la semana pasada se producen "huelgas ilegales encubiertas" y que se ha reducido un 70% del rendimiento portuario. Los estibadores alegan que simplemente "no trabajan con la misma alegría y ganas" por la preocupación sobre su futuro.

¿Por qué los estibadores querían ir a la huelga?

Porque consideran que el decreto que les presentó Fomento la semana pasada amenaza sus empleos —ahora indefinidos— y unas condiciones laborales que suponen un sueldo bruto medio de 60.000 euros, incluyendo los pluses de peligrosidad que conlleva su tarea.

"¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Esperar en casa a que nos llegue la carta de despido", se preguntaba este martes un Antolín Goya que teme despidos generalizados y una precarización del sector. Por eso, la principal reivindicación de los sindicatos es que se incluya en el decreto un Registro de Estibadores y se subroguen todos los trabajadores en los nuevos centros de trabajo que sustituyan a la Sagep.

Rueda de prensa del colectivo de estibadores en la sede de Fomento. (EFE)

Los trabajadores han recibido el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, que considera "descabellados" los planes del Gobierno por querer aprobar un decreto sin consenso que incumple el Convenio 137 de la OIT sobre trabajo portuario e "ignora" los acuerdos alcanzados previamente con la patronal Anesco.

La Coordinadora, por otro lado, dice que se ha llegado a un acuerdo con 46 empresas para contratar a través de estos registros y que esos acuerdos no contradicen la orden de Bruselas.

¿Cuál es la posición del Gobierno?

De la Serna considera que está "atado de pies y manos" y explica que es la Comisión Europea la que expuso por escrito el año pasado que se opone "frontalmente" a ese registro de estibadores, una "línea roja" que no puede traspasar. Además, sobre los 46 acuerdos firmados, insinúa que existe cierta coacción. "Las empresas firman todo lo que se les ponga porque no pueden sostener esa situación", dice.

El ministro pide "responsabilidad" a los estibadores para evitar una multa "que afectaría al bolsillo de todos los españoles". Iba a llevar este viernes el Real Decreto-Ley al Consejo de Ministros, pero ha decidido aplazarlos al viernes 24 de febrero. El texto —que ya ha sido avalado por la UE— incluye un periodo transitorio de tres años para el adiós de las Sagep, disminuyendo progresivamente el porcentaje de estibadores contratados a través de ellas.

Fomento garantiza que la reforma mantendrá la antigüedad y los derechos de los trabajadores y que si se producen despidos, las indemnizaciones serían abonadas por Puertos del Estado. Esto es lo que temen los estibadores. Que las empresas prescindan de ellos en una especie de ERE masivo —"subvencionado con fondos públicos del gestor portuario", anota Goya— y que se contraten a otros trabajadores con condiciones más precarias.

Las empresas, ¿satisfechas?

La patronal se ha puesto del lado del Ejecutivo. El texto que De la Serna iba a llevar el viernes a Moncloa les beneficia por triplicado: se liberalizará la contratación por lo que podrán fichar a quien quieran —bien en centros portuarios de empleo o en empresas de trabajo temporal— siempre que acredite más de 100 jornadas de experiencia; además dejarán de estar obligados a participar en las Sageb si quieren emplear estibadores.

Todo esto desembocará en una reducción del costes de estiba que ahora se eleva a un 55% del gasto total portuario. Un objetivo compartido con Bruselas: el Ejecutivo comunitario busca 'abaratar' los puertos europeos para ser más competitivos.

Imagen aérea del Puerto de Santander (PUERTOS DEL ESTADO)

No todos los empresarios son de la misma opinión. Vicente Boluda, presidente de la naviera Boluda Corporación Marítima —y expresidente del Real Madrid— acusa al Gobierno de "no hacer nada" en los dos últimos años y de no copiar una solución como la francesa, donde se permitió un plazo más holgado de 15 años para la liberación del sector."Lo que no se puede hacer es de la noche a la mañana asustar y poner el bombardero a tirar bombas y luego todos felices y tomando caipiriña", señala el empresario valenciano.

¿Encontrará apoyo el Gobierno de otros partidos?

No parece fácil. El ministro de Fomento pide "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para convalidar el decreto en el Congreso. Cuenta para ello con un plazo de 30 días, pero el Gobierno está en minoría y necesita del apoyo de otras fuerzas políticas.

Este mismo martes el portavoz socialista Mario Jiménez ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de estar haciendo "todo al revés", de haberse "equivocado" a la hora de afrontar el conflicto y de haber dilatado un acuerdo al que se podía haber llegado "desde hace meses". El apoyo del PSOE será imprescindible para la convalidación mayoritaria en el Parlamento.

Podemos, por su parte, respalda las movilizaciones convocadas por los sindicatos y rechaza "cualquier medida encaminada a precarizar las condiciones laborales". ERC e Izquierda Unida acusan al Gobierno de ir "más allá" con su decreto de los que exige Bruselas, por lo que no apoyarán su convalidación en el Congreso y presentarán enmiendas a la norma.

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