Juicio al 'procés', día 8: Rajoy y Sáenz defienden el 155 y Montoro desliza que la Generalitat pudo "engañarle" sobre el 1-O

20minutos.es NOTICIA27.02.2019 - 20:47h
Imagen de la señal institucional del Tribunal Supremo.
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EFE/Tribunal Supremo
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Los testimonios del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han centrado todas las miradas este miércoles en la octava sesión del juicio del 'procés'. En una línea argumental prácticamente idéntica, ambos han defendido que nunca quisieron hablar con el Govern de la celebración de un referéndum y que su único objetivo era preservar la soberanía nacional.

Los dos se han desvinculado, de igual manera, del operativo policial del 1-O y han asegurado que optaron por la aplicación del artículo 155, en lugar de otras medidas más duras, porque era más "operativo" y pertinente y para no incurrir en una "suspensión de derechos fundamentales". Asimismo, han dicho que "si no se hubiera convocado" a la gente a votar, no habría ocurrido todo lo demás. Pero la consulta popular, según los dos exdirigentes, nunca existió.

Sin embargo, sus declaraciones han diferido en un par de conceptos. Sáenz de Santamaría ha aseverado que la DUI no fue simbólica, pero al mismo tiempo ha dicho desconocer si se llegó a publicar en los diarios oficiales; Rajoy, por su parte, la ha descrito como "declaración de independencia deliberadamente confusa" y ha explicado que fue Puigdemont en sus cartas de respuesta a los requerimientos el que confirmó su validez.

En cuanto a la existencia o no de violencia durante las jornadas del 1-O y del 20-S, el expresidente no ha pronunciado dicha palabra en ningún momento y ha preferido utilizar la de "acontecimientos" o "acoso"; Sáenz sí ha aludido a "actuaciones violentas". Rajoy, asimismo, ha negado que hubiera mediadores en su diálogo con el Govern, pero ha revelado que habló "con mucha gente", entre otros, el lehendakari Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar, presidente del PNV.

También han pasado por el tribunal durante esta jornada Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y el expresident Artur Mas. El primero ha deslizado que la Generalitat pudo "engañar" a Hacienda con sus cuentas, a pesar de estar "absolutamente" controlada, con el fin de desviar dinero para el 1-O, aunque también ha asegurado que él no conoce el detalle de las investigaciones policiales y judiciales sobre la posible malversación.

Mas, por su parte, ha dicho que "se quiso" que el 1-O fuera "vinculante desde el punto de vista jurídico, pero no se consiguió" y ha confirmado que pidió al Govern "que no abandonaran nunca la posibilidad de convocar elecciones ". Otros de los interrogados han sido Joan Tardà (diputado ERC), Marta Pascal (excoordinadora de PDeCAT) y Nuria de Gispert (expresidenta del Parlament). Esta última ha dicho que "habría actuado" igual que Forcadell.

El actual presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha acudido a declarar; comunicó al tribunal el martes que tenía que presidir un pleno en la Cámara. Y Antonio Baños y Eulalia Reguant (CUP) se han negado a responder a la acusación de Vox, que les había llamado, por una cuestión de "dignidad". El presidente del tribunal, el  juez Marchena, ha suspendido sus declaraciones advirtiéndoles de sus responsabilidades penales; han sido multados con 2.500 euros.

Así ha transcurrido la octava jornada de la vista oral del 'procés':

Minuto a minuto

El primer testigo en declarar será el lehendakari Iñigo Urkullu, seguido del diputado de ERC Gabriel Rufián. Si los tiempos lo permiten, también lo harán, entre otros, la alcaldesa del Barcelona Ada Colau y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Concluimos aquí la narración de esta sesión. Más información en 20minutos.es.
Concluye por hoy la sesión. Marchena emplaza a mañana a las 10 horas para el resto de testificales.
"¿Usted hubiese actuado como la señora Forcadell?"; "Y tanto". Marchena dice que no es una pregunta pertinente. Fiscalía y Abogacía hacen un par de preguntas. "La presidenta del Parlament no puede enmendar la plana a ningún grupo", explica. Francesc Homs también pregunta.
Entra Nuria de Gispert, expresidenta del Parlament. La ha llamado la defensa de Forcadell para que explica cómo funcionan la Mesa, las tramitaciones, etc. Está refutando la declaración de Forcadell, confirma que la Mesa no tiene iniciativa parlamentaria. Y comenta varias iniciativas aprobadas en la Cámara que no recibieron reproche del TC y que tenían relación con la independencia o el derecho de autodeterminación. (FOTO: RTVE).

No se producirá finalmente la declaración de Baños. Entra Eulalia Reguant (CUP). También se niega a contestar a Vox y Marchena suspende también su declaración. Deduce testimonio y da parte al juzgado de guardia, por si hay responsabilidades penales.
Baños acepta, tras decir que no quiere contestar a Vox por "dignidad", recibir preguntas a través de la presidencia, pero debido a las dificultades que este sistema plantea, Marchena interrumpe la declaración unos minutos. (FOTO: RTVE).

Concluyen las preguntas. El tribunal llama a Antonio Baños, exdiputado de la CUP. Se quiere negar a contestar a Vox, que es la parte que le ha llamado, pero el presidente del tribunal le dice que "no puede". "Tiene la obligación de responder porque viene como testigo, nadie va a interpretarlo como una adhesión a un partido", le comenta. Le dice que si no lo hace, puede haber consecuencias penales.
El interrogatorio va rápido. Pascal dice que Puigdemont, a pesar de lo anterior, siempre apostó por el diálogo. (FOTO: RTVE).

El fiscal pregunta a Pascal por el informe Enfocats. Ella dice que no lo conocía hasta que salió en prensa. Sobre el 20-S, dice que no vio los coches vandalizados y que supo después, por los medios, que había registros en Economía. Acudió por la tarde a la concentración. Confirma que no es partidaria de la vía unilateral. "Le trasladé al president Puigdemont mi opinión de que se tenían que convocar elecciones, que era la mejor opción".
La siguiente en declarar es Marta Pascal, excoordinadora de PDeCAT. Pregunta Vox. La testigo dice desconocer que hubiera una estrategia para ocupar colegios electorales el 1-O y confirma que Puigdemont y su Govern tomaron la decisión política de convocar el referéndum. Solo ha hecho una pregunta. Sigue el fiscal.
Montoro dice que no tiene constancia de un supuesto encargo de la Generalitat a Unipost, pero que habla de ello "por las denuncias" que presentó Hacienda y "los compromisos" a los que habría llegado la Generalitat. Concluye Montoro.
Pregunta el abogado Pina. Sobre los supuestos pagos a Unipost de 980.000 euros que después la empresa negó. Montoro dice que no conoce los informes concretos. "No me extraña que no se haya cobrado, porque estaban intervenidos, pero el acto de ilegalidad no nace en el cobro, nace en el devengo". "En los documentos se percibe una intención", añade, y explica que esto se llama "criterio de devengo".
Montoro admite que igual "simplificó" conceptos en la famosa entrevista de El Mundo. Y también que la interventora de la Generalitat siguió enviando la información periódica sobre las cuentas después de la carta de Junqueras y de una denuncia que puso Hacienda. (FOTO: EFE).

Se reanuda la sesión. Interroga el abogado del exconseller Mundó. "¿Sabe desde cuándo se producía el asesoramiento (de Hacienda) a la Guardia Civil?", pregunta. Cristóbal Montoro dice que desde que se iniciaron las investigaciones, que parten de la denuncia del propio Ministerio. Carmen Tejera, dice, es la Abogada del Estado jefe de Hacienda que asesoraba a la Guardia Civil.
La Abogacía del Estado no pregunta a Montoro. Receso de unos minutos.
Le pregunta el fiscal por sus declaraciones de abril en el diario El Mundo. Sobre todo, por la frase concreta sobre la no posibilidad de convocar un referéndum. "Quería transmitir a los españoles que no podía hacerse", asegura, porque no había fondos en la Generalitat, ya que estaba intervenida. Montoro insiste en que cuando la Generalitat estaba intervenida, él no concebía que se pudiera convocar un referéndum, aunque después detectaron "irregularidades".
Interroga el fiscal Zaragoza. Pregunta si entre 2006 y 2017 Junqueras asistió al Consejo de Política Fiscal, pero dice que "no siempre", porque a veces tenía que ir al Parlament e iba otro consejero. Montoro explica cómo se tomó la decisión de controlar los pagos de la Generalitat, "como nunca se había hecho antes".
Dice Montoro que los informes de la Guardia Civil y las investigaciones de la Fiscalía sobre temas económicos en relación al 'procés' han contado "con el asesoramiento" del Ministerio de Hacienda. "Debemos entender que una cosa es el control del gasto y otra las investigaciones", añade. Afirma que su departamento denunció ante la Fiscalía y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas actuaciones que consideró irregulares, tal y como ha dicho Rajoy.
Pregunta por un informe de abril de 2018, que Montoro tiene a su lado, en la mesa. Es este informe. Es sobre el control del gasto de la Generalitat que impuso el Gobierno. "Todo el conjunto de fondos estaba controlado de acuerdo con sus fines", afirma el exministro. Habla de "control absoluto de todos los pagos y créditos". Vox quiere saber si había una parte de dinero que no estuviera controlada.
Entra Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. Comienza a interrogar Vox.
Interviene la letrada Marina Roig. Pide que se muestre un vídeo sobre el 1-O y las cargas policiales. "Yo lamento muchísimo estas imágenes, no me gustan", dice. Sigue refiriéndose a lo ocurrido ese día como "acontecimientos". Concluye Rajoy.
Rajoy dice que los 6.000 agentes fueron a Cataluña a "atender a una situación de dificultad, porque podrían producirse acontecimientos". Y le dice al abogado: "Si no se hubiera llamado a un referéndum ilegal, ni usted ni yo hubiéramos tenido que ver las lesiones de algunas personas y de algunos miembros de las fueras y cuerpos de seguridad". Insiste Rajoy en que no se ocupó de los operativos.
El expresidente habla de situación de "anormalidad" los días 20-S y 1-O. Le pregunta el abogado si tenía que haber advertido a los votantes de un posible riesgo. "Si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron, no estaríamos hoy aquí y no se habrían producido los acontecimientos del 1 de octubre", afirma. Dice que las decisiones que se tomaron el 1-O a nivel policial fueron de los responsables de los operativos. Rajoy no sabe quién es. Y dice que era la vicepresidenta quien le informó durante dicha jornada.
Rajoy no recuerda si usó la palabra "violencia" en sus declaraciones institucionales en septiembre y octubre y 2017. Concluye el abogado e interroga otra defensa, la de Junqueras y Romeva.

Rajoy niega que ordenara al delegado del Gobierno en Cataluña, Millo, pedir disculpas por la actuación policial del 1-O. El expresidente habla de los controles sobre las cuentas de la Generalitat que impuso su Gobierno, pero dice que el Ministerio de Hacienda, a medida que iba recibiendo documentación, cuando veía algo que podía ser para el referéndum, daba parte a la Fiscalía. "Lo hizo en nueve ocasiones", declara. Dice, no obstante, que cabe la posibilidad también de que se "engañara" u "ocultara" algo: "No se puede descartar, pero habrá que probarlo".
Rajoy admite que no tuvo "éxito" a la hora de lograr que los dirigentes de la Generalitat rectificaran. La seguridad nacional, reconoce también, "no fue un tema importante como presidente del Gobierno", ya que su prioridad era la de poner de acuerdo al resto de fuerzas para llevar a cabo el 155. Homs le está haciendo las mismas preguntas que a Sáenz de Santamaría.
Pregunta Homs por la reforma del Código Penal de 2015, tal y como ha hecho con Sáenz de Santamaría. Dice Marchena que no intente "convencer al testigo". Estas son algunas de las frases más importantes que ha dicho Rajoy en el tribunal.
Pregunta Francesc Homs. El juez Marchena le previene sobre dar respuestas en las preguntas. Homs inquiere sobre sí asuntos de 2012 y 2013 fueron recurridos o no ante el TC por el Gobierno de Rajoy. "Hemos presentado 20 recursos sobre asuntos importantes", contesta. "Las reglas de juego son fundamentales", explica. "Yo no estaba dispuesto a negociar a cambio de algunas cosas el que la Generalitat cumpliera la ley", dice Rajoy, que añade que, como propuesta para el diálogo, puso sobre la mesa que "se dejara de vulnerar la Constitución".
Rajoy no contesta sobre si reunió o no personalmente con Urkullu. Dice no acordarse de si fue personalmente, por mensajes o por teléfono, porque él se reunió "con mucha gente". También habló, ha declarado, con el presidente del PNV Andoni Ortuzar.
Pregunta el letrado por los alcaldes que sufrieron acoso en Cataluña, tal y como Rajoy ha declarado antes. "Muchos del PSC, según se pudo leer en los medios", contesta. El expresidente confirma que había muchas personas que querían hablar con él, "y hablaron", pero les dejó claro que no iba a negociar la Constitución. Lo dice al ser preguntado por la mediación del lehendakari Urkullu. Rajoy termina admitiendo que el lehendakari intentó mediar.
Pregunta la Abogacía del Estado por qué no se planteó el 155 ante el 9-N. "Hubo una DUI", dice Rajoy. La defensa de Turull, Rull y Sánchez (el abogado Pina) pregunta si se ha comunicado con alguno de los testigos que han declarado antes. "Leo los periódicos digitales", dice el expresidente. (FOTO: RTVE).

Rajoy defiende sus criterios a la hora de aplicar el 155, a pesar de que 'todo el mundo' opinaba sobre el tema. "Hemos sido prudentes, hemos hecho un gran esfuerzo, avisamos hasta la saciedad", apunta. Reitera en que le preocupaban "los acosos", aunque por el momento no se ha referido a que hubiera violencia. "Era evidente que la situación se veía venir, y lo sabían todos", añade. "¿Preveía violencia el 1-O?"; "Se trataba de que se cumpliera la ley". "¿Enfrentamientos? En una situación como esa, es normal que se puedan producir", afirma.
"Declaración de independencia deliberadamente confusa". Así ha llamado Rajoy a la supuesta DUI. "Mandó una carta en la que no contestaba al requerimiento", dice del expresident. Marchena reprocha al fiscal que dé la respuesta a Rajoy en sus preguntas.
Interroga el fiscal. "En ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional", insiste. Admite seis conversaciones con Mas -aparte de las telefónicas- y dos con Puigdemont, "y eran plenamente conscientes de mi posición". El letrado está leyendo una carta que le envió Rajoy a Puigdemont advirtiéndole sobre la idea de seguir con el referéndum. Y le pregunta por los requerimientos previos a la puesta en marcha del 155.
"¿Tuvo conocimiento de actos de violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad?"; "Sí, y esa fue una de las razones que nos aconsejaron poner en marcha el 155". Rajoy se refiere a los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017: "Se liquidó la legalidad vigente". Concluye el interrogarorio de Vox.
Le pregunta varias veces había una "situación excepcional", tanto en el 20-S como en el 1-O. Rajoy cree que sí. Critica que Forcadell cogiera un megáfono, que hubiera "acoso" a guardias civiles y alcaldes, etc. Smith reitera al expresidente su pregunta sobre el estado de alarma: "Pensábamos que el 155 era mucho más operativo y más justo, era un problema de respetar los derechos individuales de las personas", dice el expresidente.
"A pesar de todo se convocó", dice Ortega Smith. Rajoy dice que eso no era un referéndum, en la línea de Soraya Sáenz de Santamaría. Pregunta el abogado por el contingente policial de cara al 1-O. "Yo estaba en los temas de dirección política, en las grandes decisiones", contesta Rajoy, "y tenía que ocuparme de la aplicación del 155". Dice que eran los ministros los que tomaban otras decisiones, como la del despliegue policial.
Dice Rajoy que en la Generalitat "eran plenamente conscientes" de que nunca iba a autorizar un referéndum. Le dijo a Mas que tenía que ir al Congreso. "Es el pueblo español el que decide lo que es España", apunta, "eso quedó meridianamente claro desde el primer momento".
Pregunta la acusación popular de Vox. La primera pregunta es sobre el 'comité restringido' en el que se reunieron PP, PSOE y Govern, tal y como ha declarado Artur Mas, antes del 1-O. Rajoy dice que no le consta que se llamara así. "Es evidente que conversaciones entre miembros de la Generalitat y del Gobierno ha habido siempre", dice el expresidente, "el problema es a qué se llega". Y deja claro que no hablaron del referéndum.
Comienza la declaración.

El expresidente del Gobierno ya está en el Tribunal Supremo. Ha llegado solo y en coche.
Receso hasta las 16 horas. Declarará el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Y después, Mariano Rajoy,
Sáenz de Santamaría no contesta cuando se le pregunta si sabe que la DUI no se publicó y no se votó. Cuando la interpela finalmente el presidente del tribunal contesta "no lo sé".
Pregunta la abogada de Cuixart. Pregunta si escuchó el 20-S los discursos íntegros de su cliente. "Algunos", dice. Pregunta también por lo que dijeron expertos de Naciones Unidas ante del 1-O. "Yo no recibí ningún requerimiento", añade la exvicepresidenta.
"¿Cómo se explicaron que no encontraran ni una sola urna de las 6.000 que aparecieron el 1-O?", pregunta Homs. Sáenz de Santamaría dice que "en algunas actuaciones de investigación se tuvo resultado y en otras no". Marchena corta varias veces al abogado, porque considera que está dando su opinión.
Pregunta Homs de la reforma del TC de 2015. "¿Por qué en septiembre de 2017 viendo el empeño del Govern en celebrar el referéndum que fue suspendido el Gobierno no solicitó que se adoptaran las medidas previstas (en esa reforma)? Pregunta por qué no pidieron al TC que impusiera multas coercitivas. Sáenz de Santamaría dice que hicieron lo consideraron pertinente; contesta lo mismo cuando el abogado le pregunta por qué no pidieron al TC que actuara contra el Govern igual que lo hizo contra la Sindicatura Electoral.
Formula algunas preguntas Francesc Homs. Le pregunta por la reforma del Código Penal de 2015 y si recuerda si incluyó la penalización de la convocatoria de consultas populares. La exvicepresidenta evita contestar y dice que la ley es pública. También quiere saber si conoció la famosa hoja de ruta y si se recurrió desde el Gobierno. El fiscal recuerda que aquello fue un documento "político", no administrativo.
Marchena corta al abogado, que insiste en preguntar a Sáenz de Santamaría si "conoce" el apoyo a un referéndum que existe en Cataluña. (FOTO: TS).

"La TV que usted vio no tiene nada que ver con la que yo vi", dice Pino a Sáenz de Santamaría. Marchena le llama la atención. "Tiene razón", responde el letrado al presidente de la Sala.

Pino vuelve a preguntar sobre  las cargas policiales. Sáenz de Santamaría dice que "se producen imágenes que a ninguno les gusta ver y que las fuersas del Estado trataron de hacerlo con la máxima profesionalidad posible. Quien mueve a la gente para que se ponga ahí a incumplir una resolución judicial es quien tiene que pensar", dice.
"Cuando entró Forn hubo preocupación por las instrucciones que se iban a dar a los Mossos. Teníamos que tener capacidad de anteponernos a lo que pudiera pasar", responde al abogado de Pina, que le pregunta por qué la actuación del Gobierno no fue la misma el 9-N. Sáenz de Santamaría dice que se recurrió el 9-N y que el Gobierno también cumplió las decisiones judiciales que en esos días se fueron acordando.
Marchena recrimina al abogado Pina: "Debates no. No podemos entrar en un cruce de reproches".
Sáenz de Santamaría dice que no sabe por qué se quebró el mecanismo de coordinación entre los Mossos y las fuerzas de seguridad estatales. A otra de las defensas responde que no leyó el programa electoral de Junts Pel Sí con el que se presentó junto al PP.
Sáenz de Santamaría dice que vio "proporcionalidad" en las intervenciones de los cuerpos de seguridad. La exvicepresidenta del Gobierno responde a Javer Melero, abogado de Forn, que le pregunta cúando perdieron la confianza en los Mossos. Sáenz de Santamaría dice que las fuerzas de seguridad del Estado fueron a Cataluña el 1-O "a cumplir con su obligación de cumplir con una decisión judicial". Sáenz de Santamaría dice que ella nunca ha diseñado un dispositivo policial y que no era la encargada de ello.
La intervención en la conselleria de Interior fue "mayor" que en otras "como consecuencia de lo que habíamos vivido".
Sobre las cargas policial del 1-O, respnde que "lo que vi fue murallas humanas, agresiones y lanzamientos de objetos. Vi que impedían que se cumpliera con una decisión judicial".
"A partir de 1-O intensificamos las reuniones con los partidos políticos", cuenta. "No se habilitó ningún partida de los Presupuestos para el referéndum". Sobre la investidura de Puigdemont, dice que el Gobierno la impugnó a pesar del Consejo de Estado para cumplir con su obligación y creo que el TC nos dio la razón".
"Durante todo el tiempo tratamos de preservar la conviviencia ciudadana en Cataluña, ojalá el Gobierno catalán también lo hubiera hecho, (de haberlo hecho) no habríamos aplicado el 155", responde la exvicepresidenta al letrado.
Por segunda vez, Marchena llama la atención a Van den Eynde por preguntar sobre valoraciones de la testigo y no percepciones. "A mí nadie me informó de que se hubieran pararo. Estuve todo el día pendiente del 1-O". Puntualiza que ella prefiere usar el término "actuaciones judiciales" en lugar de "cargas policiales".
"La Policía Nacional y Guardia Civil siempre me han parecido muy profesionales", continúa.
Van den Eynde pregunta sobre las imágenes de violencia que vio el 20-S. "Cuando se impide que los detenidos estén en el registro y se les impide salir, lo considero violento", responde. Sáenz de Santamaría dice que siguió el 1-O desde el despacho de Moncloa.
Van den Eynde pregunta a Sáenz de Santamaría si se podía hablar de la independencia y del referéndum. "Uno habla de lo que tiene capacidad de disposición, si no se habla en balde. Ningún gobierno puede disponer de la soberanía nacional, no le corresponde. No se puede hablar de lo que no se tiene capacidad de disposición", responde. "No se puede hablar", repite Van den Eynde las palabras de la excivepresidenta.
"La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil evitó circunstancias mucho más graves que podrían haber desencadenado en acciones violentas como las que hubo el 20 de septiembre", dice al ser preguntada por las cargas policiales del 1-O. Sáenz de Santamaría dice que vio las imágenes desde su despacho en Moncloa y que hubo 93 agentes atendidos por los servicios sanitarios.
"Requerimos a Artur Mas que aclarara si había declarado o no la independencia antes de aplicar el 155", dice Sáenz de Santamaría. "No creíamos que la DUI era meramente simbólica, por eso aplicamos el 155", concluye ante el fiscal. La Abogacía del Estado no hace preguntas. Turno para los abogados de los acusados. Comienza el letrado de Junqueras y Romeva.
"Sufrimos mucho políticamente por el acoso masivo generalizado y sistemático que se producía hacia los alcaldes no independentistas cada vez que había un registro", responde Sáenz de Santamaría al fiscal. "Les advertimos constantemente que no fueran por ahí, que iba en contra de la Constitución". "No tuve ningún conversación con miembros de la Generalitat en ese momento. Creo que era una estrategia concertada. A pesar de la violencia producida el 20-S, continuaron adelante", continúa Sáenz de Santamaría respondiendo al fiscal.
A las preguntas del fiscal, Sáenz de Santamaría dice que se negó a hablar con Junqueras del referéndum "porque el Gobierno de la Nación no puede vulnerar la ley. Si eso se quiere hacer, hay que reformar la Constitución. El procedimiento es otro. Creo que ningún Gobierno que cumpla la Constitución puede prestarse a ello. Al resto de asuntos (Junqueras) no le daba importancia, como las complicaciones financieras de Cataluña. Temas que a mi juicio son importantes, como la educación y la economía, pero que Junqueras no mostró interés", cuenta.
"Decretar el Estado de excepción puede conllevar la suspensión de derechos fundamentales. Nuestra pioridad era preservar la convivencia", responde a Vox. Ortega Smith le pregunta por un tuit de la excivepresidenta del Gobierno en el que no reconocía el referéndum y decía "no se ha celebrado". "La Junta Electoral Central dijo el 4 de octubre que no se había produdico el referéndum del 1-O y creo que ese es el organismo con potestad para reconocer votaciones", responde Sáenz de Santamaría.
Ortega Smith pregunta si el Gobierno tomó medidas "contra acoso y violencia hacia la comitiva judicial" que realizó el registro de la conselleria de Economía el 20 de septiembre. La exvicepresidenta responde que las medidas tomadas por el Gobierno fueron después, el 21 de septiembre.
El abogado y miembro de Vox, Javier Ortega Smith, pregunta sobre el dispositivo policial del Gobierno establecido para el 1-O. "¿Conocían que no iban a contar con el apoyo de los Mossos?", pregunta. "Se ordenaron una serie de actuaciones. El ministro de Interior mandó enviar 6.000 agentes para ayudar a cumplir con el orden público", responde.
"He leído sobre ella", dice sobre la aplicación Copérnico. Dice "no estaba capacitada para ello" y que no era su competencia.
Sobre la aplicación del 155, Sáenz de Santamaría dice que se aplicó "para garantizar la defensa de la ley y para mantener el acuerdo político". Algunos decían que no debería de haberse aplicado nunca, otros que nunca, otros fueron evolucionando de opinión, y no faltaron quienes opinaron después de aplicarlo.
Sáenz de Santamaría dice que se reunió con Junqueras en tres ocasiones. En abril de 2016, en la que Junqueras quería abordar el referéndum y le dijo que "de ese tema no tenía nada que abordar, sin perjuicio del resto de temas a tratar para el interés del conjunto de la sociedad catalana". "La última reunión fue en enero de 2017, le dije que del referéndum no había nada que hablar, que en ningún caso nos íbamos a poner de acuerdo", continúa la exvicepresidenta.
Se reanuda la sesión en el Supremo. Entra la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Es la primera de los testigos que elige jurar (en lugar de prometer) decir la verdad.
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encuentra en el Supremo desde hace media hora aproximadamente. Su declaración estaba fijada para las 12.00 horas pero tendrá que esperar hasta que termine Sáenz de Santamaría.


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Artur Mas, a las puertas del Supremo y tras su declaración como testigo, ha declarado que "la Justicia debe prevalecer. El camino judicial no termina ahí, sino en Estrasburgo, que será la última —y la buena— palabra". "Ningún gobierno español va a ofrecer una solución a lo que está pasando en Cataluña", ha añadido.
Mientras tanto, desde el Parlament, el presidente catalán, Quim Torra, le ha dicho a Ciudadanos, PSC y el PPC que se les "tendría que caer la cara de vergüenza" por no asistir a ninguna de las sesiones del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo (TS).

Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, y en respuesta a una pregunta formulada por el grupo de ERC, Torra ha cargado especialmente contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y contra un PSC que, ha afirmado, antes "estaba del lado de los derechos".

El presidente de la Generalitat ha aseverado que asistir a alguna de las sesiones del juicio del 'procés' es un "acto de una dignidad extraordinaria", puesto que todos los encausados, y en especial la expresidenta de la cámara Carme Forcadell, han defendido los derechos de los diputados, la soberanía del Parlament, la inviolabilidad parlamentaria y la defensa de las ideas, ha subrayado.

"Sinceramente, a los grupos que no habéis ido a ninguna sesión, se os tendría que caer la vergüenza de no estar allí y de escucharlos -a los acusados-", les ha espetado a Ciudadanos, PSC y PPC.

Las afirmaciones del president y su defensa de la declaración en el Supremo de este martes del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, han provocado la sonrisa de Arrimadas, lo que ha llevado a Torra a decir: "Señora Arrimadas, no se ría de Cuixart, no tiene derecho a reirse de Cuixart, no se ría de mí".


La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha defendido la actuación "absolutamente profesional" de los fiscales en el juicio del "procés", tanto en la instrucción como ahora en la vista oral, y ha añadido que, a día de hoy, considera que la acusación de rebelión "tiene fundamento". Segarra ha hecho estas declaraciones a Efe tras la inauguración de unas jornadas sobre "Igualdad y Justicia". En este sentido, ha apuntado que hasta ahora, durante los interrogatorios de los doce acusados, es posible que la gente haya percibido "que no se produce una discusión" entre las partes, pero "esas son las normas del juicio oral, porque los acusados tienen derecho a no confesarse culpables".
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, declarará "la verdad" sobre lo que ocurrió cuando intentó mediar entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el Gobierno y ha descartado que su relato como testigo vaya a condicionar la relación de PNV y PDeCat.
Finaliza la declaración de Artur Mas. Marchena abre receso hasta las 12.30 horas, cuando comenzará la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría (prevista en un principio para las 11.30 horas).
Al abogado de Forn, Mas le responde sobre posibles órdenes a los Mossos d'Esquadra: "En absoluto, siempre delante de todo el mundo, yo lo oí, (Forn) expuso que las operaciones de los Mossos tienen una ejecución desde un punto de vista profesional".
"Pensaba que el Estado no iba a hacer nada que le pudiera perjudicar pero confieso que me equivoqué", dice Mas,
El abogado de Dolors Bassa pregunta si su representada estuvo presente en las reuniones sobre el 1-O. Mas dice que no.


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Mas recuerda "perfectamente" cuándo propuso a Forcadell formar parte de JxSí. "Un acuerdo de dos formacions pero que tenía la vocación de ser mucho más amplia, con gente de asociaciones. Se lo propusimos en julio de 2015. En ese momento no teníamos decidido quién sería la presidenta o presidente del Parlament de Cataluña. Eso se decidió en octubre de 2015, una vez celebradas las elecciones y constatada la mayoría en el Parlament a favor de la independencia".
Mas dice que el objetivo del 1-O era conocer "cuánta gente estaba a favor y en contra de la independencia". "El derecho a decidir va más allá", añade. "El 1-O se quiso que fuera vinculante desde un punto de vista jurídico pero usted sabe que no se consiguió", ha señalado Mas al fiscal Javier Zaragoza.
Mas responde a otro letrado de la defensa que votó el 1-O en el colegio electoral que le corresponde por domicilio, una "escuela concertada" donde también vota en otras elecciones. El abogado pide mostar el vídeo de los incidentes registrados el 1-O en el colegio Infant Jesus. Marchena pone pegas pero accede finalmente. Se ve una foto de una señora sangrando por la frente. Mas corrobora que el colegio que se ve en las imágenes es donde él votó.
"¿El programa de la moción de confianza fue la hoja de ruta de marzo de 2015?", pregunta Homs. "Tampoco lo fue", responde Mas.
"¿Existió un comité estratégico o como fuera que se llamara como sostiene la Fiscalía?", pregunta Homs. "No, en absoluto", responde Mas. "Había reuniones sin orden del día y nunca hubo un acta de alguna reunión, más informal imposible", testifica Mas.
Mas dice que se exploraron "todas las vías posibles" para dialogar y entenderse con el Gobierno central y cumplir así el mandato electoral. Por la experiencia de Escocia, "sabíamos que era perfectamente posible".
Pregunta ahora en calidad de abogado Francesc Homs, que fue conseller de Presidència con Artur Mas. Homs, que también estuvo condenado por el 9-N, ejerce al defensa ahora de Josep Rull.
"Se hablaba de qué locales se podrían poner a disposición para celebrar el 1-O. La experiencia de 2014 nos indicaba el camino que podía seguir el Gobierno español. Entonces se nos acusó de un delito de desobediencia y de nada más", alega el expresidente de la Generalitat.
"Se daba por seguro que la suspensión del TC de la ley de independencia se produciría", responde Mas a la Abogada del Estado.
El expresidente ha planteado que, tras el pronunciamiento del TC, "nadie se apeó de la voluntad de llevar a cabo el referéndum", pero la vinculación de la Generalitat fue menor que en la consulta que él organizó en 2014. "Yo estoy precondenado por el Tribunal de Cuentas con una pena solidaria de 5 millones de euros por lo que invirtió el Govern", ha recordado Artur Mas.

Y, en la financiación del 1-O, por contra, la implicación del Govern que entonces presidía Carles Puigdemont era "claramente inferior o nula" y a partir de ahí el papel de la sociedad civil organizada fue determinante.

"El peso de la organización de ambas consultas (9-N y 1-O) fue la sociedad civil organizada, no la administración. Mi consejo fue que nunca se pierda la capacidad propia de iniciativa institucional, esto es, convocar elecciones", insiste Mas. "Que tuviera un sustento legal era una obsesión, siempre se quiso tener marcos legales que permitieran avanzar y dar seguridad".
La Abogacía del Estado pregunta a Mas. Pregunta sobre la presencia de Forcadell en las reuniones. Mas dice que "en una". En esa reunión, que "debió ser en 2016", se trató "la moción de confianza de Puigdemont y en qué términos se podía superar". Esos términos eran "vislumbrar una hoja de ruta nueva que incluyera pasos no previstos, el referéndum fue una posibilidad para superar la moción de confianza".
Acaba de llegar al Supremo al exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que es la próxima en declarar como testigo.


FOTO: EFE.
El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha considerado tras su declaración en el Supremo que el juicio "no tiene ni pies ni cabeza" y está únicamente "inspirado en la venganza" y en "escarmentar al pueblo de Cataluña". En declaraciones a la salida del Supremo, Tardà ha opinado que "a medida que avanza el juicio va quedando demostrado que las personas que están siendo juzgadas son inocentes, demócratas, representantes de un pueblo indefenso y cívico".
Mas cuenta que en las reuniones en las que estuvo presente se oía que "no hay que descartarlo al 100% la vía unilateral, pero nunca es la primera ni la segunda ni la tercera opción de la parte soberanista. La prioridad absoluta y total de la parte soberanista era pactar con el Gobierno. Pero esta otra parte no existía", dice Mas.
"En los debates parlamentarios siempre escuché la voluntad de acordar los términos del referéndum con el Gobierno de Rajoy, Puigdemont le ofreció pactar la fecha y las condiciones previas y posteriores. Eso no es querer llevarlo a cabo de forma unilateral", continúa Mas.
Mas dice que en las reuniones convocadas por Puigdemont mantenidas en 2016 y "buena parte de 2017" estuvo junto a Romeva, Turull y "en alguna ocasión" el señor Jové. Dice que "lógicamente sí" se trató el tema de la referéndum. Según Mas, la ley de independencia se trató "con controversia" porque era "evidente que una ley de estas carastecrísticas iba a ser impuganada y suspendida, como así fue".
El fiscal pregunta a Mas sobre la hoja de ruta diseñada en marzo de 2015, en la que el 1-O era el último paso. Le pregunta sobre lo que ocurrió para adelantar la celebración del referénfum. "Por el debate que se suscitó en verano de 2016, el Parlament cambió el calendario", explica Mas. El expresident dice que "cree recordar" esta este cambio de programática "no" fue por la presión de la CUP. "No recuerdo que la CUP impusiera la condición de realizar el referéndum". El fiscal se queja porque esta afirmación "se contradice" con lo que declaró como investigado. Mas recula: "No fue la única condición, quizá la CUP fue una de las razones".
Mas dice que trasladó a Puigdemont la importancia de que el Govern "nunca perdiera la capacidad de iniciativa institucional. No abandonéis nunca la opción de convocar unas elecciones, porque ahí es donde no se pierde el control legal".


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Mas puntualiza que no era "ni un comité ni una comisión" sino que eran "tres personas delegadas, una por parte de Rajoy, otra de confianza de Rubalcaba y otra de confianza mía". Se veían con "cierta regularidad" y no comprometían las posiciones de los que les habíamos delegado esa función, que era mantener el hilo del diálogo e identificar soluciones". Mas dice que llegaron "a la conclusión de que no pudo haber acuerdo".
Pregunta el abogado de Vox, Pedro Fernández. Mas dice que no le consta la "comisión restringida". Mas pregunta si se refiere al "Consejo asesor sobre la transición nacional" de 2011 formado por personas con criterio y talento sobre lo que se pretendía: "Identificar escenarios posibles, nunca seguros pero sí posibles, que hicieran traslación de lo que había ocurrido en Cataluña... Tras las elecciones, el 80% del Parlamento estaba de acuerdo con la independencia". Fernández le aclara a qué comisión se refiere. Mas dice que aquella iniciativa fue suya y se la planteó a Rajoy, "le sugerí que ante la dificultad de llegar a acuerdos, siempre sería bueno que hubiera personas interpuestas que permitieran mantener el hilo del diálogo, como cauce para identificar soluciones".
El expresidente catalán responde a las preguntas de Marchena sobre edad, estado civil, profesión y relación con los acusados. Artur Mas dice que ha estado condenado por desobediencia e inhabilitado hasta abril de 2020.
Sería ahora el turno de Roger Torrent, que por problemas de agenda no puede acudir. Marchena comunica que su declaración queda pospuesta para el 4 de marzo a las 11.30 horas. Comienza Artur Mas.
Termina Tardà. Marchena le recuerda que tiene prohibido comunicarse con otros testigos. "Bon dia. Gràcies", se despide Tardà en catalán.
Tardà, sobre el 20-S, cuenta que el escenario no era de tensión, sino de indignación por vivir una situación absolutajmente anómala. Cuenta que había prensa, aunque "no sabría decir si mucha o poca". No puede concretar porque "ni me fijé" si había prensa gráfica subida a los vehículos.
Tardà cuenta que el 22 de septiembre acudió "con mucha indignación" a la cárcel a acompañar a sus compañeros detenidos.
"Leyes de mucho calado, incluso la Constitución, se han modificado por este proceso", responde Tardà a otra de las defensas de los acusados.
Como Roger Torrent, previsto para las 10.30, no va a acudir (está dirigiendo el debate que también este miércoles tenía agendado en el Parlament catalán), Tardà dispone de un poco más de tiempo. En principio cada testigo tiene media hora. Artur Mas será el siguiente. Ya ha llegado al Supremo. Su comparecencia está prevista para las 11.00 horas.


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Sobre el 1-O, Tardà dice que no previó "en absoluto" que esa jornada fuera a haber disturbios.
Sobre su participación en la concentración del 20-S, Tardà: "Dije que no podíamos descarrilar, que todo había que hacerlo cívica y pacíficamente, si no, no valdría la pena, había que hacerlo 'a la catalana'". Tardà dice que se enteró de dicha concentración mientras iba del hospital a su casa en taxi, al escuchar por la radio que se estaban concentrando ciudadanos de forma espontánea y cargado de responsabilidad por parte de los ciudadanos frente a la sede de la conselleria de Economia mientras estaba siendo registrada. Tardà responde al letrado de Junqueras que no vio violencia.
"¿Han promovido con qué métodos quieren conseguir la independencia de Cataluña?", pregunta Andreu Van den Eynde. Marchena reprocha de nuevo que no son este tipo de preguntas para las que ha sido citado Tardà- El letrado rebate a Marchena que entiende que se juzgan "métodos" y no el "ideario" político de Tardà y de ERC.


FOTO: RTVE.
Pregunta del abogado de Junqueras, Van den Eynde. Tardà dice que son un partido "accidentalmente independentista" y profundamente "antifascista". Marchena vuelve a pedir que se pregunte sobre los hechos.
Pregunta ahora la Abogacía del Estado, que le pregunta si conoce al señor Jové y sobre el documento 'Enfocats'. Tardà dice que conoce a Jové pero no dicho documento.

Marchena pide al abogado a Vox que no pida valoraciones sobre hechos políticos a Tardà, que está declarando como testigo, y que le pregunte sobre "qué es lo que piensa sobre unos comportamientos ajenos". Pide "no desnaturalizar el objetivo de la prueba testifical". Le pregunta si estuvo en alguna reunión para tratar la convocatoria del 1-O. Tardà responde que siempre ha cumplido las normas democráticas y que estuvo en todas las reuniones de su partido, "evidentemente" también con algunos de los acusados (en referencia a los disputados de ERC encausados).
El abogado de Vox pregunta a Tardà sobre un tuit del diputado de ERC, que empieza a responder en catalán pero Marchena le dice "no empezamos bien" y le recuerda que tiene la obligación de responder en la lengua oficial en actos procesales en el Supremo. Tardà pregunta "¿tengo derecho a hablar en catalán?". "No", responde Marchena. "Este juicio está inspirando en la venganza", arranca el de ERC. Marchena le vuelve a recriminar que tiene que tomar conciencia de donde está y de que está para ayudar a esclarecer lo que pasó a partir de lo que percibió. "Le voy a interrumpir cada vez que haga valoraciones políticas", le advierte el presidente de la Sala.
Comienza la declaración del diputado de ERC Joan Tardà, que promete decir la verdad a Marchena. Comienza a preguntar Vox.
El diputado de ERC Joan Tardà, primero de los testigos que declaran esta mañana, ya ha llegado al Supremo.


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Un numeroso grupo de diputados de ERC, JxCat y comunes han acudido este miércoles al Parlament vestidos de blanco en protesta por el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que promovieron el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI). Fuentes republicanas han detallado a Efe que la idea es mantener este código de vestimenta en todas las sesiones que discurran en paralelo al juicio que se celebra en Madrid. El objetivo es visualizar la excepcionalidad del momento, tanto ahora como en el futuro, cuando alguien revise los vídeos de las sesiones.

La curiosidad del día, en este sentido, la ha protagonizado la líder de Cs, Inés Arrimadas, que desconocía la iniciativa de los grupos soberanistas y también ha acudido a la cámara catalana con una blusa blanca. Por otra parte, los miembros del Gobierno catalán han mostrado en la solapa un distintivo multicolor para conmemorar el día internacional de las enfermedades minoritarias.
El abogado Francesc Homs llegada al Tribunal Supremo.


FOTO: EFE.
La fase testifical permitirá el estreno en el juicio de los letrados de la acusación popular ejercida por Vox, a los que no se ha podido escuchar hasta este momento dada la negativa de los acusados a responder a sus preguntas. Muchos de los testigos de carácter político, entre ellos Rajoy, han sido solicitados por esta parte, por lo que los abogados de Vox Javier Ortega Smith y Pedro Fernández serán los primeros en interrogarles.
La obligación de responder a todas las partes no es la única diferencia entre los acusados y los testigos, hay otra más relevante: la obligación de decir la verdad bajo amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio, castigado de seis meses a dos años de prisión.

Sin embargo la ley especifica que ningún testigo puede ser obligado a contestar a una pregunta que le pueda "perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante" a no ser que los delitos revistan "suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor".
Otro tanto ocurrirá con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de la denominada "operación diálogo", en tanto que a Cristóbal Montoro le tocará dar cuenta sobre la supuesta malversación de fondos públicos, toda vez que en su momento aseguró que no se destinaron partidas para financiar el 1-O, afirmación que luego trató de enmendar. Pero antes que ellos hablará Artur Mas, quien figuraba entre los investigados inicialmente, pero quedó fuera del procesamiento por decisión del juez Pablo Llarena.
Será la segunda ocasión en la que Mariano Rajoy testifique en un juicio penal, si bien esta vez lo hará en calidad de expresidente y no de líder del Ejecutivo, como sucedió con el caso Gürtel. A diferencia de entonces, lo hará desde una mesa ubicada frente al tribunal. Rajoy fue presidente del Gobierno durante todo el "procés", con lo que son muchos los hechos por los que se puede recabar su opinión, incluidas las conversaciones que hasta el último momento se mantuvieron para impedir la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), según el testimonio del exconseller Santi Vila.
Ya por la tarde está fijada la testifical de Mariano Rajoy, de la excoordinadora general de PDeCAT Marta Pascal, de la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert y los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.


Este es el orden de los testigos que, si se cumplen los plazos, declaran esta mañana en el Supremo:

-10.00 horas: Joan Tardà.
-10.30 horas: Roger Torrent.
-11.00 horas: Artur Mas.
-11.30 horas: Soraya Sáenz de Santamaría.
-12.00 horas: Cristóbal Montoro.
La llegada de testigos de semejante peso político (adelantada por el calendario electoral, para evitar que se produzca durante la campaña) sitúa al tribunal que preside Manuel Marchena ante dos nuevos retos: cumplir los tiempos que ha fijado (media hora para cada uno) y cumplir la promesa de no permitir interrogatorios ideológicos.

El primero de ellos se antoja complicado, toda vez que hay tres acusaciones y doce defensas personadas y, como determina la ley y a diferencia de lo que ocurre con los acusados, los testigos no tienen derecho a no contestar a alguna de ellas.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, tratará de que las preguntas no se alejen de los hechos conocidos o de las competencias que tenían los testigos, pero aún así será difícil cumplir esos plazos cuando algunos de los citados tenían tal altas responsabilidades.

En cuanto al segundo reto, responde a un compromiso adquirido por Marchena en las cuestiones previas, cuando Jordi Cuixart pidió expurgar del escrito de acusación de Vox todo su contenido ideológico. La cuestión es si los abogados de ese partido (entre los que se encuentra su secretario general, Javier Ortega Smith) van a salir del letargo al que les han sometido los acusados al negarse a responder a ninguna de sus preguntas. A partir de hoy, nadie podrá eludirlas.
Combo de fotografías de los testigos que a partir de este miércoles declaran en el Tribunal Supremo por el juicio del 'procés'. Ellos serán los encargados de explicar los pasos dados por el Ejecutivo ante el desarrollo del proceso independentista catalán, la intervención de las cuentas de la Generalitat y la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar al Govern y convocar elecciones autonómicas.


En la imagen (de izda. a dcha. y de arriba a abajo) El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; El diputado de ERC Joan Tardá;la excoordinadora general de PDeCAT Marta Pascal; la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert; y los los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños. FOTO: EFE.
Los cargos políticos abundan en la lista de alrededor de 600 testigos que desfilarán los próximos meses por la Sala de Plenos del Tribunal Supremo en el juicio contra los 12 líderes soberanistas. Algunos pertenecieron al Ejecutivo de Mariano Rajoy —él incluido— pero sobre todo son mayoría los nombres de políticos catalanes, entre diputados nacionales y autonómicos, consellers y otros cargos del Parlament.
Buenos días. Comenzamos la narración en directo de la octava jornada del juicio del 'procés'. Hoy comienza la fase de las testificales. Este miércoles será el turno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Artur Mas, entre otros. Se espera una intensa jornada con gran expectación. Gracias por leernos.
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