Se suponía que había llegado el día del lucimiento para Vox. Después de semanas sin tener opción a hacer una sola pregunta a los acusados del procés, los letrados de la formación —y su propio secretario general, el togado Javier Ortega Smith—, tenían en sus manos retorcerle el cuello —procesalmente hablando, claro— al mismísimo Mariano Rajoy, causa y origen de muchos de los males de la nación, a juicio de los de Santiago Abascal. En realidad, lo que se ofrecía ante ellos era un auténtico festín electoral, porque el tribunal había decidido concentrar en el día a buena parte de los testigos políticos de uno de los episodios —la DUI y la presunta respuesta "cobarde" del PP— que más fuelle ha dado a Vox.

Desde Soraya Sáenz de Santamaría hasta Artur Mas, pasando por Cristóbal Montoro, y el propio Rajoy, todos estaban obligados a contestar y a decir verdad a las preguntas de la acusación popular, tal como esta lo había solicitado. Pero la fiera que todos esperaban no se presentó. Los interrogatorios fueron breves y el tono, de una corrección exquisita. Los dos letrados que menos se dejan ver en los recesos por los pasillos del Supremo no solo fueron los menos interrumpidos por las correcciones del juez Marchena, sino que aceptaron como corderos que este hiciera de ventrílocuo suyo al trasladar sus preguntas a un testigo soberanista que se oponía a contestar a la ‘extrema derecha’. Vano intento, por cierto, que el propio tribunal enmendó con una doble expulsión.

Nada retóricos, y todo lo más, pragmáticos, los de Abascal debieron anotar en su libreta las explícitas referencias de Sáenz de Santamaría a los "actos violentos" del 20 de septiembre y la asunción de culpas de Rajoy a los "dirigentes políticos" del procés por los "enfrentamientos" del 1-0; ambas en apoyo de las tesis acusatorias sobre el delito de rebelión. Solo que ninguno de ellos hicieron estas afirmaciones a preguntas suyas, sino del fiscal y las defensas —las únicas en preguntar a la exresponsable del CNI por qué no encontró las urnas, y en poner en aprietos a la vicepresidenta—. De Mas extrajeron que a diferencia del 9-N, el 1-0 "se quiso" que el resultado del referéndum fuera "jurídicamente vinculante". De Montoro, se conformaron con que negara la "contradicción" entre su declarado control de los pagos de la Generalitat y el informe de la Guardia Civil que halló una presunta malversación de más de un millón de euros.

Pero fue el fiscal quien arrancó al exministro de Hacienda —que en su día aseguró que ni un euro podía haber sido destinado al referéndum ilegal—, la posibilidad de que pudiera haber sido engañado. La montaña de Vox ha parido este miércoles un ratón.