Nueve de los doce líderes independentistas que están siendo juzgados por el procés llevan entre 12 y 15 meses en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

La larga duración de esta medida cautelar aplicada a los líderes del 'procés' está siendo el caballo de batalla que ha unido al soberanismo para atacar al sistema judicial español, pues todos los partidos independentistas, desde la CUP al PDeCAT, pasando por ERC o la Crida de Puigdemont, la consideran excesiva, desproporcionada e innecesaria.

Pero la prisión preventiva es una medida excepcional de nuestro ordenamiento jurídico, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se aplica cuando objetivamente no caben otras medidas menos lesivas para el investigado. Es decir, se utiliza solo como último recurso y en el caso del procés se aplicó por el riesgo de fuga vistos los ejemplos de Puigdemont o Marta Rovira.

De hecho, España es uno de los países europeos que menos aplica la prisión provisional. Según los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, actualmente hay 9.278 presos preventivos en las cárceles españolas, lo que supone un 15,72% del total. Concretamente en Cataluña, la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias de prisiones, el número de presos preventivos asciende a 1.443 y suponen un 17,22% del total.

Esos porcentajes son sensiblemente inferiores a la media europea, que, según el último informe del Consejo de Europa, en el año 2016 se situaba en el 21,4% del total de la población reclusa.

Analizando ese informe sobre estadísticas penales del organismo internacional, Space I - Prison Populations 2016, vemos que son muchos los países europeos que doblan o, incluso, triplican la tasa de presos preventivos existente en España: Holanda (45,8%), Luxemburgo (40,4%), Dinamarca (35,3%), Bélgica (35%), Italia (35,1%).

También superan holgadamente la tasa española países como Francia (29,3%), Noruega (27,9%), Suecia (26,6%) o Suiza (20,7%).

En 2017, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, Mykola Gnatovskyy, llegó a felicitar a España por la baja tasa de presos preventivos y destacó "la actuación de la justicia penal" en nuestro país.

Tampoco es extraordinaria la duración de la prisión preventiva en el caso de los líderes del procés, ya que, según Instituciones Penitenciarias, los presos que se encuentran en esa situación suelen permanecer en la cárcel una media de 399,3 días, es decir, unos 13 meses.

El artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal especifica que la prisión preventiva puede durar hasta 2 años para los acusados por delitos penados con más de tres años de cárcel, como es el caso de los líderes independentistas, acusados de rebelión y para quienes la Fiscalía pide entre 16 y 25 años de cárcel.

Una vez cumplido ese límite de dos años, la prisión preventiva se podría prorrogar otros dos años, por lo que el tiempo máximo que se puede permanecer en esa situación procesal en España es de cuatro años.

Llamativo es, por ejemplo, el caso del expresidente del Barça Sandro Rosell y el abogado Joan Besolí, que llevan más de 600 días en prisión provisional, acusados de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Rosell y 10 para Besolí.

Otro caso mediático es el del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que en junio de 2017 salió de la cárcel tras hacer frente a una fianza de 400.000 euros y después de haber pasado dos años y medio en prisión preventiva.