Presentar una moción de censura, reunir uno a uno los votos necesarios para que prospere y derrocar así –por primera vez en la democracia española– a un Gobierno en el parlamento, configurar un grupo de ministras y ministros solventes en un tiempo récord... todo esos retos los ha superado el nuevo presidente, el socialista Pedro Sánchez. Pero nada indica que las cosas vayan a ser más fáciles para él a partir de ahora: el suyo es el Ejecutivo con menor apoyo parlamentario de la historia y el PP, enrabietado, mantiene el control de múltiples resortes institucionales que pueden complicarle el mandato.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra , señaló el pasado jueves que su propósito es "hablar con todos los grupos, sin exclusión", porque el objetivo es "darle estabilidad al Gobierno". Un Ejecutivo monocolor apoyado por solo 84 diputados, y que necesitará sumar a partidos con intereses contrapuestos si quiere aprobar alguna ley. Una diputada del PSOE consultada por 20minutos confía en que "tras un largo periodo de parálisis" con Rajoy, los grupos antepongan el "interés general" a las "estrategias partidarias". "Trabajaremos desde el diálogo", añade. El viernes, el presidente Sánchez entregó una carta a sus ministros en la que les pidió que conversen con todas las fuerzas, "sin exclusiones", y hagan propuestas "ágiles" para dar rápida respuesta a los desafíos que tiene España.

Como muestra de los difícil que tendrá Sánchez configurar mayorías, basta con echar un vistazo a la pluralidad ideológica de las fuerzas que le apoyaron para sacar a Rajoy de la Moncloa: le apoyaron los 84 diputados del PSOE y los 67 de Unidos Podemos, sí, pero también formaciones catalanas independentistas de izquierdas (ERC), de derechas (PDeCAT), nacionalistas vascos conservadores (PNV), fuerzas progresistas que piden la independencia de Euskadi (EH Bildu), y los diputados de Compromís (progresistas y valencianistas) y Nueva Canarias, formación de izquierdas pero que prioriza los intereses del archipiélago.

Enfrente, el PP ha desenterrado el argumentario del conchabeo entre los socialistas... y ETA –Rafael Hernando calificó de "terrible para la memoria de las víctimas del terrorismo" la llegada de Sánchez al poder– y ha resucitado la idea de que el PSOE quiere entregar Navarra: la semana pasada, su líder en la Comunidad Foral, Ana Beltrán, impartió una conferencia titulada La batasunización de Navarra. Síntomas que anticipan una oposición a cara de perro, vigilante además a cualquier cesión a los independentistas catalanes. "Espero que se serenen, se regeneren y recapaciten", comenta un diputado del PSOE preguntado por la oposición del PP que viene. Estas pueden ser las herramientas de los conservadores para torpedear la acción del Gobierno de Sánchez:

La Presidencia del Congreso y la Mesa se renuevan al comienzo de cada legislatura, después de las elecciones, según establece el artículo 3.2 del reglamento, pero no tras una moción de censura, por lo que el órgano de gobierno de la Cámara Baja sigue presidido por Ana Pastor (PP) y el mismo reparto de puestos que había hasta ahora: tres para el PP, dos para el PSOE, otros dos para Unidos Podemos y los dos restantes para Ciudadanos. De modo que si el PP y Cs se alían, pueden dificultar la aprobación leyes.

¿Cómo? Alargando el plazo de enmiendas. Cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley, la Mesa ordena publicarlo en el boletín de la Cámara, lo remite a la comisión correspondiente y abre un plazo de 15 días para que se presenten enmiendas a la totalidad –es decir, pedir que se reemplace el texto completo del proyecto de ley por otro– o al articulado –modificaciones parciales–. Sin embargo, la Mesa puede ampliar ese plazo tantas veces como considere oportuno. Hay proposiciones de ley de la oposición que esta legislatura han pasado más de un año en esa fase. El PSOE, por sí solo, no tiene los votos necesarios para evitarlo.

También hay que tener en cuenta que muchas comisiones están presididas por el PP o que en la Mesa hay mayoría de PP y Cs, lo que les permitirá retrasar la tramitación de las iniciativas en esos órganos si quieren evitar que lleguen a debatirse en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Por si el nuevo Gobierno no tuviera suficiente con conciliar intereses de múltiples partidos para ganar votaciones y con esquivar las triquiñuelas de sus rivales en el Congreso, también tendrá que enfrentarse a un Senado con amplísima mayoría popular: hay 146 senadores conservadores (55% del total), frente a 62 del PSOE, 20 de Unidos Podemos, 12 de ERC, 6 del PNV y 19 de otras formaciones. En otras palabras, el PP puede hacer y deshacer, con el único límite de lo que marca el reglamento, en la Cámara Alta: controla la Mesa, controla las comisiones y domina el Pleno. Y por ahí pasarán todos los proyectos de ley del Gobierno socialista.

Cuando Sánchez consiga aprobar un proyecto de ley en el Congreso, éste recalará en el Senado. El artículo 106 del reglamento de la Cámara Alta establece que dispone de dos meses para aprobarlo expresamente, o para vetarlo (rechazarlo) o introducir enmiendas. Este plazo, además, solo corre durante el periodo ordinario de sesiones: es decir, si el parón de verano o el de navidad irrumpen durante esos 60 días, el reloj deja de correr y sigue descontando días cuando sus señorías vuelven al trabajo.

Si el PP decide aprobar un veto o una enmienda en el Senado, el texto legislativo volverá al Congreso. Es lo que sucederá, previsiblemente, con los presupuestos. Allí será sometido a una nueva votación. Si ha sido vetado, el Gobierno necesitaría la mayoría absoluta del Congreso para aprobar la ley. Si fracasa en primera votación, habrá una segunda dos meses después, y ahí le valdría con tener más síes que noes (mayoría simple). En el caso de las enmiendas, se incorporan al texto definitivo las que logren la mayoría simple del Congreso, con lo que el PSOE necesitaría el apoyo de otros grupos para conservar si texto original frente al PP.

El último resorte del PP es más difuso, pero no es menor: es el poder territorial. Los conservadores gobiernan cinco comunidades autónomas, que pueden ejercer de contrapeso del Gobierno en la toma de decisiones y encender debates como el de la financiación autonómica, que Sánchez esquivó deliberadamente en el debate de la moción de censura al decir que no renovará el modelo. Los ejecutivos regionales, además, también pueden plantear recursos al Tribunal Constitucional. Aunque no implican la suspensión automática de la norma –como ocurre si es la Moncloa la que recurre una ley regional invocando un conflicto de competencias–, pueden embarrar el terreno político. El tribunal de garantías, además, sigue teniendo mayoría conservadora.