No cabían paliativos en el caso de los ERE de Andalucía y no los hubo. La sentencia dictada castiga con dureza a quienes estuvieron implicados de una forma u otra en ese gigantesco fraude y el deterioro en términos de imagen para el PSOE en general y el socialismo andaluz, en particular, es brutal. 

Los esfuerzos del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por distanciar a su partido de lo acontecido, cuando la condena alcanza a dos expresidentes de esa formación, no resultaron muy convincentes y habría sido mejor admitir el desdoro, presentar excusas y reafirmar su voluntad de aprender la lección reforzando los mecanismos que impidan que nada parecido pueda repetirse jamás. Tampoco Susana Díaz debió esperar 48 horas para pedir perdón y negar las secuelas políticas sobre su figura no es realista.

Tales carencias distan de las vertidas desde la oposición empeñada en extender las responsabilidades de lo acontecido en Andalucía al conjunto del socialismo español y especialmente a su actual secretario general. 

En esta línea, la reacción sobreactuada del número dos del PP roza el paroxismo. Teodoro García Egea, en su afán de avivar los efectos colaterales de la sentencia, llegó a decir que "si Sánchez no asume responsabilidades políticas por el robo del dinero de los parados andaluces estará inhabilitado para seguir siendo presidente en funciones".

Semejante dislate soslaya que, cuando en la Junta de Andalucía se produjeron los hechos juzgados, Pedro Sánchez era solo concejal del Ayuntamiento de Madrid y que cuando él accedió a la secretaría general del partido ya todo el asunto estaba destapado y sub judice. 

Casado esgrimió las mismas razones

Es más, la reacción de García Egea contraviene de manera flagrante la respuesta que dio Pablo Casado en el debate electoral cuando Albert Rivera quiso, de alguna forma, responsabilizarle de la corrupción en su partido. Casado entonces le respondió, con todo el sentido, que él lleva solo un año presidiendo el PP y que no le diera lecciones de limpieza.

Son esas las mismas razones que puede esgrimir Sánchez y la actual dirección del PSOE que, al igual que quienes ahora dirigen el PP, se esfuerzan en despejar el menor atisbo de corrupción que surja en sus filas, ya sea por convicción moral o por temor al escándalo.

Fundamentan los dirigentes populares sus reproches a Pedro Sánchez en el hecho de que este basara la moción de censura contra Mariano Rajoy en la sentencia que condenaba al PP por financiarse ilegalmente, cuando el entonces presidente popular ni siquiera fue imputado. 

Lo cierto es que lo que Sánchez utilizó en realidad como palanca de la moción fue que aquella sentencia, además de considerar probada la caja B del PP, cuestionó abiertamente la credibilidad de Rajoy y otros dirigentes populares en sus declaraciones como testigos por negar la existencia de una contabilidad opaca en el partido. Esa mención sería recusada posteriormente, por inapropiada en la redacción de una sentencia, pero reveló la opinión del tribunal sobre los testimonios que escucharon.

La corrupción tiene cara y ojos, y no son las siglas ni los símbolos los que delinquen sino quienes lo hacen o lo consienten. Lo demás es sectarismo.