Que la comunicación de Pedro Sánchez sea encorsetada y rígida, que sus llamadas a la épica suenen huecas, no significa que el Gobierno no esté echando el resto para combatir el coronavirus. El esfuerzo del Estado en la movilización de recursos no tiene precedentes y el gabinete de crisis está atendiendo todos los frentes: el sanitario, que es el prioritario, pero también el social y económico.

¿Cuáles son los servicios esenciales y cuáles no?

En un momento tan dramático es mezquino sacar provecho de los errores o problemas de gestión como hace Pablo Casado, porque cualquier otro Gobierno estaría igualmente desbordado. Las graves dificultades en el abastecimiento de material sanitario son generales en todo el mundo y es injusto culpar solo a Sánchez de falta de previsión porque hasta la declaración del estado de alarma la responsabilidad de las compras recaía básicamente en las autonomías.

Todas las decisiones del último fin de semana han sido muy relevantes. En el terreno laboral, se encarecen los despidos, se agilizan los ERTE y se protegen los contratos temporales mientras dure la alarma. En vivienda, se habilita para los inquilinos que no puedan pagar una línea de crédito del Estado a devolver en 6 años sin interés. 

"En un momento tan dramático es mezquino sacar provecho de los errores o problemas de gestión"

Son medidas con las que el Gobierno de izquierdas lanza el mensaje de que no va a pasar como en la crisis de 2008, aunque serán solo paliativas ante el destrozo social. Lo más relevante es el cambio de guion en cuanto al cierre de toda actividad económica no esencial hasta el 9 de abril. Era una decisión imprescindible, aunque el Gobierno se resistió a adoptarla, para aplanar la curva de los contagios una vez que el confinamiento se está demostrando eficaz en el control de la pandemia.

El Gobierno usará una app para geolocalizar a las personas durante el estado de alarma

La fórmula para los trabajadores afectados, aplaudida por los sindicatos, es la de un permiso obligatorio retribuido recuperable. Y para las grandes empresas que todavía estaban funcionando, como la construcción, tiene un coste asumible porque es adelantar y ampliar la Semana Santa ocho días.

Nos adentramos en dos semanas claves. Al Gobierno se le podrá responsabilizar como a los demás jefes europeos de que no supo ver la pandemia, pero estos días ha echado el resto en todos los frentes. Crucemos los dedos y seamos disciplinados. Nos va la vida y la hacienda.