Se acaba el mes de marzo, España sigue inmersa en una emergencia sanitaria que puede derivar en una crisis económica de enormes proporciones, y el Gobierno sigue sin ponerse de acuerdo en lo relativo a la protección de las familias que viven de alquiler. Desde hace días, el Ejecutivo discute medidas para suspender el pago de los alquileres de estas familias vulnerables. Pero el desacuerdo en el grado de protección que debe darse a los propietarios ha impedido que se hayan aprobado ya.
Pese a las reticencias iniciales de la ministra de Economía y vicepresidenta cuarta, Nadia Calviño, con respecto a la posibilidad de regular el pago de los alquileres para afrontar la crisis, todo el Gobierno comparte ahora que debe poner en marcha medidas para ayudar a familias que podrían verse en serias dificultades para hacer frente al pago de su cuota si ven reducidos sus ingresos por la crisis del coronavirus. En lo que no hay todavía acuerdo es en dos cuestiones: a quién considerar un pequeño arrendador -a los que el Estado pagaría el total de la cuota que no pudiera pagar el inquilino- y si debe suspenderse por completo el pago de los alquileres por un tiempo o solo aplazarse.
En términos generales, los sectores enfrentados son los mismos que han venido chocando desde el inicio de la crisis del coronavirus por el calado de las medidas económicas a aplicar para amortiguarla. Por un lado, Calviño y otros ministros de corte económico insisten en no perder de vista que hay arrendadores que consiguen llegar a fin de mes por la cuota de sus inquilinos. Y por otro, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ministros como el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apuestan por un mecanismo al que puedan acogerse el mayor número de arrendatarios posible.
Calviño e Iglesias coinciden en el Estado debe pagar al menos parte de la cuota a los pequeños propietarios que dejen de percibirla porque su inquilino (tanto familias como pymes o autónomos, en el caso de locales comerciales) no pueda pagarla. Pero el vicepresidente quiere que el Estado garantice el 100% de la cuota mensual solo a los propietarios con una o dos viviendas en alquiler, un porcentaje que se iría reduciendo paulatinamente hasta el 5% de la cuota que pagaría el Estado a quienes tuvieran ocho inmuebles alquilados. Y Calviño aspira a asegurar a los arrendadores de cinco o seis viviendas que cobrarán la totalidad de la renta.
Suspensión o aplazamiento
Los dos vicepresidentes tampoco se ponen de acuerdo en si el instrumento para ayudar a los inquilinos debe ser una suspensión o una moratoria. La diferencia es grande: en una suspensión, que es lo que defiende Iglesias, el inquilino no tendrá que hacer frente al pago de las cuotas atrasadas una vez pase la crisis. Pero con la propuesta de moratoria, el pago de las mismas simplemente se aplaza.
Si aún no han podido aprobarse medidas para los alquileres es porque estos dos bloques no han consensuado una postura, aunque las fuentes consultadas también insisten en que un decreto como el que se prepara tiene una evidente dificultad técnica para no dejar cabos sueltos. Las diferentes fuentes gubernamentales, además, no se ponen de acuerdo sobre cuándo estará listo el decreto: mientras unos confían en que llegue al Consejo de Ministros del próximo martes, otros son más pesimistas y ven las posiciones aún alejadas.
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