Donald Trump destapó en la madrugada del primer viernes del 2020 la caja de los truenos. Cuatro misiles lanzados por drones de la Fuerza Área norteamericana acabaron con la vida de Qasem Soleimani, el general que ostentaba el mando del grupo de élite de la Guardia Revolucionaria. El atentado, ejecutado con una precisión quirúrgica, hizo jirones el cuerpo del militar persa hasta el punto de que hubo de ser reconocido por su anillo. Quienes pusieron a Soleimani en la diana de Trump sabían que golpeaban a un militar carismático y muy querido en su país, sabían que golpeaban el alma del Ejército iraní.

Fue, por tanto, una decisión arriesgada susceptible de provocar una escalada de tensión en la zona de consecuencias imprevisibles. Así lo constató el tsunami de cólera desatado en Irán con manifestaciones masivas exigiendo a gritos una represalia sangrienta que vengara el asesinato de su general, y así lo confirmarían después los veintidós cohetes lanzados desde territorio iraní contra las dos bases aéreas iraquíes donde están desplegadas tropas estadounidenses.

El que esa acción no causara víctimas mortales y que el presidente norteamericano decidiera limitar su respuesta a fuertes sanciones económicas, rebajó después la tensión aunque sin conjurar los riesgos que su iniciativa comporta en una zona tan extremadamente sensible del planeta. Trump toma decisiones en un polvorín sin consultar ni advertir siquiera a sus aliados sobre actuaciones que comprometen no solo la seguridad de sus tropas, sino también de las del resto de los miembros de la OTAN destacadas en aquel escenario. Es el caso de los 500 efectivos militares que componen el contingente español destinados en la base Gran Capitán de Besmayah, a 70 kilómetros al sureste de Bagdad, que participan de la coalición internacional contra el Daesh. La misión allí de nuestros soldados es adiestrar a las unidades del servicio contraterrorista iraquí. Una labor encomiable que cuenta con el amparo de la ONU, pero que habrá que revisar a tenor de los acontecimientos derivados de las iniciativas unilaterales norteamericanas.

Al igual que el pasado mes de mayo España retiró la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de EE UU en el golfo Pérsico, ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán de la que nuestro país no era partícipe, tendría sentido hacer lo propio ahora con los efectivos españoles destacados en Irak. En su primera sesión tras el asesinato de Qasem Soleimani, el Parlamento iraquí aprobó una moción presentada por el primer ministro Abdel Abdelmahdi por la que solicita al Ejecutivo que trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera en su territorio. Es más, el texto de dicha moción pide explícitamente que se anule la petición de ayuda internacional para luchar contra el grupo terrorista Daesh, por entender que esas operaciones militares ya han concluido.

Esa anulación que se solicita afectaría claramente a nuestros efectivos en Besmayah lo que justificaría que una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez fuera la retirada de los militares españoles destinados en Irak. Y en el Pentágono, esta vez no podrían rasgarse las vestiduras.